Víctor Ferrigno F.
Anteponiendo sus intereses personales a los de la nación, Jimmy Morales mandató a su Canciller que pidiera al Reino de Suecia el cambio de su embajador en Guatemala, sin causa justificada, para afectar a la CICIG que, junto al Ministerio Público, lo sindica de varios delitos. La decisión no solo fue miope, sino ilegal, por lo que anoche la Corte de Constitucionalidad (CC) le corrigió la plana y le ordenó que respete la Ley, sumando una cuenta más al largo rosario de fracasos políticos y diplomáticos.
Jimmy Morales comenzó a desvariar desde que el MP y la CICIG destaparon los presuntos actos de corrupción de su hijo y de su hermano. Luego, perdió la cordura cuando ambos entes solicitaron que se le retirara el derecho de antejuicio para investigarlo por posible financiamiento electoral ilícito. La Corte Suprema de Justicia le dio trámite a la solicitud, la que fue frenada en el Congreso de la República por el pacto de diputados corruptos, en septiembre del año pasado.
Las pesquisas siguieron, sin investigar a Morales y, como resultado, los propios financistas terminaron aceptando públicamente que sí financiaron al partido oficial de manera ilícita, y que fue Jimmy Morales, entonces Secretario General del FCN, quien les pidió que el dinero no se registrara legalmente, lo cual dará pie a una nueva solicitud de retiro de antejuicio.
Jimmy Morales ha dejado de representar la unidad nacional, ha incumplido con sus funciones presidenciales, y se ha centrado en impulsar una serie de acciones fallidas para expulsar del país al comisionado Iván Velásquez, y para frenar las investigaciones del MP. El costo de tales acciones ha sido muy alto para el país, que ha quedado muy mal ante la comunidad de naciones, y carece de gobierno, pues las políticas públicas están al garete, subordinadas a la obsesión visceral de un actor que antes hacía reír, y ahora da pena.
En el marco de tal obsesión, en enero pasado, la canciller Jovel reclamó al Reino de Suecia por declaraciones vertidas por el embajador Anders Kompass, en un acto de entrega de US$9 millones a la CICIG. La Canciller sueca respondió con cordura, presentó escusas por si las declaraciones de Kompass generaron malestar, e instó a Jovel a firmar un memorando de consulta política, para dirimir diferencias, tal como se estila en la diplomacia seria. Todo consta en la sentencia de la CC.
Si se analiza el “polémico” discurso de Kompass, es evidente que no irrespetó a Guatemala, ni dijo que somos una sociedad, corrupta. Al contrario, analizando el fenómeno de la corrupción, señaló que […] “es más correcto decir que el problema son las instituciones públicas disfuncionales, no la gente”.
El 10 de mayo, ignorando la respuesta de concertación, paz y entendimiento del Reino de Suecia, la canciller Jovel solicitó el retiro de Kompass en 30 días, y amenazó con declararlo non grato. Hizo lo mismo con la República Bolivariana de Venezuela, demandando el retiro de la embajadora Salcedo, tratando de meter ambos casos en el mismo saco, sabiendo que han creado un odio visceral en las capas medias urbanas contra la Revolución Bolivariana.
Lo anterior motivó la presentación de tres acciones constitucionales de amparo: una del PDH, otra de la Asamblea Ciudadana contra la Corrupción y la Impunidad, y la tercera de la Fundación Myrna Mack, a la que la CC le confirió un amparo provisional, centrado en dos aspectos: es al Presidente, no a la Canciller, a quien por ley le corresponde reconducir las relaciones con Suecia; y esto debe hacerse conforme a los principios del Derecho internacional, buscando una solución amigable.
La moraleja del asunto es que nunca hay que elegir a un cómico para conducir con seriedad el destino de una nación.
