Por Sonny Figueroa
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En la sesión plenaria programada para esta tarde, los diputados intentarán aprobar en tercer debate y redacción final la iniciativa que busca reformar la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales con la cual se pretenden limitar al trabajo de las ONG, siendo vigiladas por el Estado.
El proyecto busca que se fiscalice los recursos que reciben del extranjero las Organizaciones No Gubernamentales. Además, pretende aprobar un artículo donde se detalla que si las ONG, que reciben dinero del extranjero, realizan actividades “que alteren el orden público” pueden ser canceladas.
Esta iniciativa es rechazada por las ONG porque explican que no se expresa qué actividades son consideradas como alteración al orden público. Además, detallan que no se oponen a ser fiscalizadas por las donaciones que reciben del extranjero, pero sí a la fiscalización de los programas en que utilizarán esas donaciones.
La reforma al artículo 15 de la Ley de ONG dice: “En los casos en que las Organizaciones No Gubernamentales reciban donaciones y financiamiento extranjero… deben informar al Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, acerca de las cantidades recibidas, procedencia y destino, con la finalidad de rendir cuentas a las entidades correspondientes.
Ninguna donación o financiamiento externo puede usarse para realizar actividades que alteren el orden público en el territorio nacional. Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el orden público será inmediatamente cancelada”.
El diputado de Winaq, Amílcar Pop, rechaza la iniciativa y ha dicho que marca una expresión de temor del gobierno por el trabajo que distintas organizaciones internacionales hacen en el país, donando recursos a las ONG. “Veo el temor de la auditoría social que se está haciendo, porque se quieren aprobar mecanismos de control de la cooperación internacional”, dijo Pop.
La iniciativa también reforma el artículo 31 del Código Civil, el cual dice: “Las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, instituciones, establecimientos de asistencia social y asociaciones cuyas finalidades sean de interés público, estarán sometidas a la vigilancia del Estado”.
