Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt

Un estudio publicado recientemente por la organización Reporteros Sin Fronteras calificó a Guatemala como una “zona roja” para periodistas al ocupar el puesto 116 de 180 países en los que la libertad de Prensa está más vulnerada.

Dicho dato lo dio a conocer Silvia Trujillo, de la organización Centro Civitas, en el foro Libertad de Expresión y Protección a Periodistas: Esfuerzos desde el Sistema de Justicia en Guatemala, el cual se desarrolló en el marco del Día Mundial de la Liberta de Prensa.

“Volvimos a quedar, lamentablemente, como país en unos de los últimos lugares, ocupamos el lugar 116 de 180 que se toman en cuenta para la construcción de este índice”, dijo Trujillo. “Nos pone en el rango de México, Colombia y Honduras. Es un contexto de vulnerabilidad (para los periodistas)”, agregó.

Trujillo dio a conocer también informes del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua) en los que se detalla que desde el año 2000 a la fecha han sido asesinados al menos 40 periodistas, la mayoría de casos han quedado en la impunidad.

Asimismo, indicó que citando datos de la Unidad Especial de Delitos Contra Periodistas del Ministerio Público (MP), el delito más denunciado por violencia contra periodistas son las amenazas.

VIOLENCIA AUMENTA EN AÑOS ELECTORALES

Según el Centro Civitas, los ataques de diversa índole contra periodistas aumentan en los años cuando hay un proceso electoral, tal y como sucedió en 2015. En ese año se registró la cifra más alta de casos de violencia denunciados.

En 2015 se denunciaron un total de 131 casos de violencia contra periodistas, una de las cifras más altas de los últimos año, mientras que en el 2016 se registraron 86 casos, según datos citados del Ministerio Público. En 2017, se constataron un total de 40 casos, según Cerigua.

También se destacó que en los casos de violencia contra periodistas que se denuncian a las instancias correspondientes, existen altos niveles de impunidad, pues la cifran rondan entre el 95 y 96 de casos que no se esclarecen.

Otro dato que se compartió durante el foro es que siete de cada diez agresores de periodistas, laboran en entidades del Estado, predominando los agentes de la Policía Nacional Civil.

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