Víctor Ferrigno F.
La guerra contra la corrupción y la impunidad son de largo aliento, y en la misma intervienen diferentes factores, pero el determinante será la movilización ciudadana. La derrota o la consolidación del Pacto de Corruptos dependerán de nuestra firmeza para enfrentar este cáncer en todos los ámbitos, pues corroe al conjunto de la sociedad, a las instituciones, a la política, a la economía y a la cultura.
En ese contexto, el Pacto de Corruptos ha lanzado una nueva ofensiva contra el Ministerio Público, la CICIG, la PNC, la incidencia política de la ciudadanía y contra el apoyo de la comunidad internacional.
Durante las últimas semanas, se han desarrollado una serie de eventos de gran trascendencia, que bien vale la pena analizar. El primero fue la obcecada iniciativa legislativa de modificar el delito de financiamiento electoral ilícito, para garantizarle impunidad a los políticos, financistas, partidos y empresas que han incurrido en ese delito. Hasta la fecha, no han logrado ponerse de acuerdo, ni han logrado los votos necesarios, gracias a las acciones de persecución penal del MP-CICIG, la presión social y la incidencia diplomática.
Gracias a la incidencia de esas tres fuerzas, se logró transparentar y fiscalizar el proceso de designación de las y los seis candidatos a Fiscal General, evidenciando sus falencias y logrando dejar fuera a los principales candidatos del Pacto de Corruptos.
La abusiva e ilegal actuación de los diputados corruptos durante la interpelación de la Canciller, violando la Constitución y la legislación ordinaria, ya fue enfrentada por una denuncia penal contra Arzú Escobar y Delia Back, el lunes pasado. Además, el 14 de junio se resolverá el recurso de casación interpuesto por el MP contra Sandra Jovel, sindicada de una adopción ilegal, en 2010.
El MP-CICIG presentó el pasado jueves 19, la segunda etapa del Caso “Financiamiento Electoral Ilícito” del partido oficial, que imputa con nuevas pruebas al presidente Morales y, previsiblemente, al vicepresidente Cabrera. Por la tarde de ese día, destacados miembros de la cúpula empresarial aceptaron públicamente haber financiado ilícitamente al FCN, y pidieron disculpas al país. El MP anunció que solicitará al Tribunal Supremo Electoral la cancelación del partido oficial.
Así, el Pacto de Corruptos enfrenta una situación desesperada, pues su presidente será procesado, uno de sus partidos será cancelado y perdieron a sus principales aliados empresariales.
Sintiéndose acorralados, lanzaron una nueva ofensiva contra los principales actores e instituciones que encabezan la lucha contra la corrupción, arrojando a Jimmy Morales por un precipicio.
Atrincherado en una dependencia del Ejército, Morales ordenó a la PGN, al Ministerio de Gobernación y al Consejo de Seguridad Nacional que investiguen si la CICIG, el MP y la PNC han actuado con apego a la ley. Optó por la vía legal para enfrentar a la Comisión, incluyendo decretar un estado de Excepción en el momento oportuno.
Además, lanzaron una ofensiva contra Thelma Aldana, con la falsa noticia que su esposo había sido detenido en México, por narcotráfico. Recurrieron a la columnista ultraconservadora del Wall Street Journal, Mary Anastasia O’Grady, para que fraguara una supuesta conspiración entre la CICIG y Putin, para perseguir a la mafiosa familia rusa Bitkov, logrando el apoyo del senador Roger Wiker, presidente de la Comisión Helsinki, quien buscará reducir el apoyo político y financiero de EE. UU. a la CICIG.
Paso a paso, cada obstáculo será derrotado, pero la batalla final contra la corrupción y la impunidad dependerá de la ciudadanía, es decir, de nosotros.
