Juan José Narciso Chúa
Cada día nos acercamos más a una de las decisiones más trascendentales de nuestra era. La elección del o la Fiscal General del Ministerio Público constituye un punto de quiebre en el derrotero de nuestra sociedad. ¿Por qué tal dimensión y trascendencia?
En primer lugar, representa un punto de inflexión porque a partir de esta decisión, la institución del Ministerio Público puede convertirse en una institución que sufra una severa regresión, si la decisión final termina apoyando a los grupos que se encuentran luchando para retomar aquella situación previa a la aparición de la CICIG e igualmente de encontrarse con un Ministerio Público independiente y con capacidad de investigación criminal. Para ello, los sectores que buscan regresar a la impunidad y la corrupción, ya tienen candidatos que podrían convertirse en los adalides de estos grupos.
En segundo lugar, constituye un punto de no retorno; es decir, si la decisión se orienta hacia aquellos candidatos que buscan continuar y repuntar el trabajo de un Ministerio Público independiente y ajeno a los intereses económicos y las presiones políticas, significará que nuestra sociedad puede caminar hacia un futuro en donde la justicia es ajena a las influencias de grupos de interés e implica que todo aquel que violente la ley, se enfrentará a la justicia.
En tercer lugar, este momento es crucial porque la potencialidad de un Ministerio Público independiente y fuerte representa un punto de arrastre que movería todo el Sistema de Justicia del país hacia una posición en donde tanto la Corte Suprema de Justicia, como la Corte de Constitucionalidad tendrían un desempeño apegado al derecho y la justicia, con lo cual la sociedad en general ganaría.
En cuarto lugar, un o una fiscal general que apuntale el trabajo desarrollado hasta ahora por Thelma Aldana, así como continúe el proceso de fortalecimiento que ha provisto la CICIG, redundaría en una institución con capacidades, procesos y resultados que conllevarían a otorgarle una condición de independencia con respecto los otros poderes del Estado. Una situación que contribuiría a “oxigenar” todo el sistema con lo cual tanto funcionarios como congresistas sabrían que la época de abuso, de enriquecimiento y de impunidad habrá terminado para siempre.
En quinto lugar, la sociedad ganaría mucho más, pues sus ciudadanos sentirían que no se encuentren solos o abandonados por una de las instituciones de mayor importancia para provocar un verdadero Estado de Derecho, pero no aquel pregonado por muchos, pero que en el fondo buscan que se convierta en una entidad supeditada a intereses, entronizada por grupos que buscan impunidad, para recrear un estado de derecho ad hoc a sus intereses.
Por último, esta decisión plantea la potencialidad que la comunidad internacional visualizará un país que busca un derrotero distinto y que de acá podrían desprenderse decisiones que busquen una modificación total en el eje de decisiones para revertir las condiciones de desigualdad y pobreza que cada vez son más angustiantes en nuestro país.
La Comisión de Postulación tiene la palabra, en ellos radica la posibilidad de romper con la impunidad y buscar un país distinto. Pero, ¿y la decisión del Presidente Morales?, ahí es donde la ciudadanía tiene en sus manos el poder de la presión civil. No desfallezcamos.
