Por Denis Aguilar
daguilar@lahora.com.gt
Edgar Guerra, defensor del Usuario del Transporte Público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), indicó que el servicio de transporte público evade al menos 600 millones de quetzales en impuestos anuales debido a la falta de controles sobre su funcionamiento.
El defensor asegura que la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no ha cumplido con su papel de fiscalizar a este servicio, pese a la cantidad de dinero que genera diariamente. Guerra indicó que la SAT debe fiscalizar toda actividad económica en el país.
“Hay una evasión fiscal de cerca de 600 millones de quetzales al año del sector del transporte público a nivel nacional que debiera estar siendo fiscalizado”, dijo Guerra.
“El sistema prepago supuestamente iba a resolver el cobro y que ellos iban a entregar una factura, como manda la ley. La misma SAT no ha cumplido con su ley, que indica que toda actividad económica generará factura o comprobante de pago”, aseguró.
La Hora intentó obtener la postura del Superintendente interino de la SAT, Abel Cruz, sin embargo no respondió a las llamadas.
Guerra asevera que los usuarios se ven obligados a pagar de más por problemas que no les corresponden, por ejemplo, las extorsiones, ya que debido a esta los precios del pasaje aumentan.
“Ese es otro tema, que valiéndose de una justificación que no lo es, están cobrando abusivamente 3, 5 y hasta 10 quetzales a cualquier hora”, mencionó.
Para Guerra, con los impuestos que se evaden en el transporte público se podría financiar mejoras para que el servicio sea mejor.
UNIDADES FUNCIONANDO
Guerra comentó que en la actualidad están funcionando cerca de 500 autobuses del Transurbano, de los 3 mil 500 que en teoría deberían recorrer las rutas otorgadas para que el servicio sea eficiente.
En cuanto a los buses rojos, Guerra aseguró que estos no pasan de 400 unidades, las cuales prestan el servicio en la ciudad de Guatemala.
Por otro lado, Guerra manifestó que debido a la ineficiencia y baja calidad del transporte público en el país, los guatemaltecos han buscado nuevas opciones de transporte, una de estas son las motocicletas, cuyo parque vehicular aumentó de 160 mil a 1 millón 350 mil en los últimos, según datos citados por el delegado de la PDH.
Debido a la calidad actual del transporte público de buses y el caso del Transurbano, Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana (AC), indicó que la situación de ese servicio es caótica, algo que ha venido empeorando con el paso de los años.
Marroquín dijo que solo un 10 por ciento de las unidades brindan el servicio de manera legal, el resto son buses “piratas”, que recorren las rutas sin autorización.
Ante esta situación, Zoe Reiter, representante de la organización Transparencia Internacional, dijo que se debe pensar en una reestructuración del transporte público.
Según la plataforma transporteseguro.org, puesta a disposición por Acción Ciudadana para denunciar abusos y anomalías en el transporte público, entre los principales problemas denunciados en el transporte público son los cobros indebidos en el pasaje.
