Félix Loarca Guzmán
La captura ayer martes del ex presidente de Guatemala, Álvaro Colom y varios de los Ministros de su gobierno, mediante órdenes dictadas por los Tribunales de Justicia, bajo la acusación de tener responsabilidad en actos de corrupción derivados del negocio del Transurbano, causó un gran revuelo político no solo en el país, sino también en el extranjero.
La detención provocó muchos comentarios en la hermana República de Honduras, en donde Colom estuvo como parte de la Misión de Observadores de la OEA, durante las recientes elecciones presidenciales, rodeadas de muchas denuncias de un escandaloso fraude electoral.
El Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), organismo de las Naciones Unidas, realizaron las investigaciones, evidenciando que la lucha contra la corrupción no es selectiva ni tiene banderas políticas.
El expresidente y su partido político, la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), han sido tildados como izquierdistas y hasta comunistas, cuando en realidad son una expresión del centro derecha defensores del sistema capitalista.
El jefe de la CICIG, el jurista colombiano, Iván Velásquez, informó que las investigaciones permitieron establecer que, el expresidente facilitó fraudulentamente la entrega de 35 millones de dólares de fondos públicos a empresarios privados.
Los recursos estaban destinados a la implementación del sistema prepago para la modernización del transporte urbano en la capital, promoviendo la imagen de un servicio eficiente y seguro.
Las pesquisas determinaron que el exgobernante impulsó la emisión del Acuerdo Gubernativo para autorizar la entrega de los fondos, dejando al margen la opinión de entidades que pudieran oponerse a esa decisión.
El expresidente Colom está acusado de fraude y peculado. Varios de los Ministros de su gobierno fueron detenidos por haber firmado el referido acuerdo. Quien se salvó de ser capturado fue el exvicepresidente, el prestigiado cardiólogo Rafael Espada, pues con buen olfato político, se negó a suscribir el documento.
El Congreso de la República dominado por el partido UNE exoneró de los impuestos de importación la compra en Brasil de los autobuses. En la actualidad, el servicio del Transurbano es un rotundo fracaso. A pesar que recibe subsidio estatal para mantener estable el precio del pasaje, en forma encubierta cobra hasta dos y tres quetzales por persona, cuando en realidad la tarifa autorizada es de Q1.10.
El subsidio está orientado además a garantizar el transporte gratuito de los ancianos, quienes frecuentemente son objeto de mal trato por parte de algunos pilotos.
