Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
La empresa Odebrecht dispuso mandar a la punta de un cuerno el “feliz acuerdo” anunciado por el mentecato (para no usar otros sinónimos) Ministro de Comunicaciones porque según su estrategia legal y la letra del contrato, al haberse rescindido la negociación es Guatemala la que tendrá que compensar a los corruptos, mismo argumento que utilizó con éxito la gente de la Terminal de Contenedores Quetzal que recibió todo el apoyo de la Procuradora General de la Nación, así como de la misma CICIG y del Ministerio Público, que se hicieron de la vista gorda ante la decisión de permitirles operar como si el origen del negocio no hubiera sido un asqueroso soborno.
Siempre dije que ese precedente sería funesto para Guataemala. Y en efecto, argumentando el “beneficio del puerto para el país”, se obvió por completo todo lo que la misma CICIG y el MP habían investigado respecto a los tratos económicos entre Allan Marroquín y Otto Pérez Molina con el español Ángel Pérez Maura que se encargó de pagar 30 millones de dólares para obtener el negocio portuario. Hicieron micos y pericos para facilitar que la Terminal de Contenedores Quetzal entrara en funcionamiento como si nada, sin que el Estado recibiera ninguna reparación y sin que se aplicara en rigor la extinción de dominio o, como decía Acisclo Valladares, el comiso de los bienes producto de un hecho ilícito.
Hoy el Presidente del CACIF, por lo visto colega del Ministro de Comunicaciones, dice que en el Caso Odebrecht no debe haber desistimiento sin ningún resarcimiento y que en el sector privado están conscientes de que la negociación no fue positiva para Guatemala. No explica, sin embargo, si el no haber sido positiva fue simplemente porque quedó interrumpida la obra o si no lo fue por su origen criminal, pero si dice que se debe actuar con más fuerza, como han hecho otros países, lo que para él es ponerles alguna multa y hacerlos terminar la carretera.
Esas complacencias con los corruptos son las que descalifican a quienes andan pregonando que no importa ese origen criminal de los negocios sino que lo que cuenta finalmente es el resultado, es decir, que se haga la obra. Son los mismos que siempre han dicho que mientras hagan obra no importe que roben, generando esa actitud de tolerancia a la corrupción que se extiende tanto entre buena parte de la opinión pública.
Solo falta que la procuradora Morfín salga advirtiendo que de no llegar a un acuerdo el Estado será demandado y deberá pagar por no cumplir con contratos que tienen su origen en sobornos descarados por los cuales hay procesos penales abiertos. Su trabajo debiera ser para forzar a que se aplique la ley en términos de la extinción de dominio como lógica y natural consecuencia de bienes producto de la corrupción, pero como ya hemos visto que los corruptores tienen un trato preferente, sobre todo si son extranjeros, pues habrá que prepararse para ver que con la carretera encomendada a Odebrecht nos pase lo mismo que con la Terminal de Contenedores alrededor de la cual cerraron filas tirios y troyanos.
