Víctor Ferrigno F.
A Álvaro Arzú le llueve sobre mojado. Además de las sindicaciones penales del MP y de la CICIG, las declaraciones de la esposa de Byron Lima, testigo protegida, vuelven a vincularlo con el asesinato del Obispo Juan Gerardi Conedera, al asegurar que el Capitán le relató que, por orden del entonces Presidente Arzú, llegó a alterar la escena del crimen, en la casa parroquial. Por ese testimonio, el MP reabrirá el caso.
Como a cualquier ser humano decente, al magnicidio del Obispo me indignó fuertemente, máxime que colaboré con la obra que le costó la vida: Guatemala, nunca más. Por invitación de Edgar Gutiérrez, contribuí con el Informe de la Recuperación de la Memoria Histórica, lo que me permitió conocer a un prelado singular, quien encabezó un esfuerzo colectivo que fue imperdonable: reconstruir la verdad histórica, para que la víctimas pudieran demandar justicia, resarcimiento digno y garantías de no repetición.
En aquellos aciagos días se rumoraba que, de alguna forma, Diego Arzú estaba vinculado al cura Orantes y a la Banda Valle del Sol, que se dedicaba a los secuestros y a robar arte colonial, en la que participaba Ana Lucía Escobar, supuestamente hija de monseñor Efraín Hernández, entonces Canciller de la Curia. Según Lima, miembros de la banda vivían en la casa parroquial.
El Capitán Primero de Infantería era miembro de la seguridad del Presidente, y estaba bajo las órdenes del general Marco Tulio Espinosa Contreras, Jefe de Estado Mayor Presidencial, quien llegaría a Jefe del Estado Mayor de la Defensa y a Ministro de la Defensa, durante la administración de Álvaro Arzú, a quien hoy sigue sirviendo.
Por su actuación en la política nacional, a Álvaro Arzú no se le puede reducir al papel de alcalde; él encarna a una élite que, hasta ahora, era intocable. Se reivindica como criollo y actúa como un Adelantado, como aquellos altos dignatarios coloniales, que llevaban adelante una empresa pública por mandato y bajo designio real, gozando de total impunidad.
En ese contexto, con anuencia del Adelantado, el General Espinosa y el asesor de inteligencia, Luis Mendizábal, ahora prófugo por el Caso La Línea, constituyeron La Oficinita, una instancia desde donde controlaban al MP y a la inteligencia militar, organizando un poderoso e ilegal aparato clandestino de seguridad (CIACS).
Después de un largo proceso penal, que ahora reabrirá el MP, el Capitán Byron Lima fue condenado, con otros dos militares, por el asesinato de Monseñor Gerardi, lo cual lo amargó profundamente, según expresó en una larga y brillante entrevista que le hizo Claudia Méndez Arriaza, a principios de 2001. En abril de ese año, publiqué un artículo en Prensa Libre, comentando esa entrevista, del cual cito algunos párrafos.
Las declaraciones de Lima Oliva, un irreductible militar contrainsurgente, son tan sorprendentes como hábiles. Es el dicho de un oficial de inteligencia que informa, desinforma, amenaza, reclama y pontifica con oficio y maña, de manera que pueda alegar que fue mal interpretado.
En la extensa entrevista, el Capitán sostiene que él tiene valiosa información sobre el crimen, que ésta involucra a la cúpula castrense, que él es un soldado obediente que hace lo que le manden, que el asesinato es una cuestión institucional, que no habla porque su hija está amenazada y él carece de protección, y que su fidelidad al Ejército es a toda prueba, aunque sus compañeros lo hayan abandonado.
«Lo que quiero decir es que este es un problema que empieza en una punta y va a estallar debajo de un despacho… puede ser en el Ministerio de la Defensa o en el Estado Mayor Presidencial». ¿O bajo el despacho del Adelantado? Pronto sabremos.
