POR JOSÉ DEL ÁGUILA
jaguila@lahora.com.gt
Desde hace un mes, Silvia Verónica de León es la nueva jueza titular del Juzgado de Mayor Riesgo “C”. Asume el cargo luego de que su predecesor optara a una plaza distinta en el Organismo Judicial y que el Consejo de la Carrera Judicial lanzara una convocatoria pública, siendo ella la única postulante. A su despacho, seguramente, serán asignados algunos de los nuevos casos que develen el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), donde podrán verse involucrados diversos sectores de poder.
A los Juzgados de Mayor Riesgo son asignados todos aquellos casos de alto impacto y en los que, como su nombre lo indica, se presentan riesgos para la seguridad de las personas (jueces, fiscales, abogados, sindicados, etcétera) que están involucradas en el proceso penal. No obstante, la jueza De León decidió hacer frente a este reto y asegura que su profesionalismo descansa en los 17 años de experiencia que tiene en el Organismo Judicial.
Como jueza, De León comenta que ha sido testigo de cómo muchos magistrados de Salas de Apelaciones han asumido sus cargos gracias a componendas políticas y no a sus capacidades. Aunque no duda tener la capacidad, asegura que tiene muy pocas oportunidades para asumir algún día una magistratura.
“En las anteriores elecciones de magistrados dicen que se tenía que pagar, que había como que cinco grupos en las Comisiones –de Postulación– y que a cada grupo había que darle como Q75 mil. Yo, cuando me enteré, dije: con razón yo no pasé. Y si seguimos así, yo no voy a pasar, porque yo no voy a estar pagando para obtener algo, porque eso motiva a que yo después tenga que estar cobrando para hacer algo. Si yo pago, yo voy a cobrar, y si yo voy a cobrar yo me estoy prostituyendo. Si vamos a seguir con la administración judicial con ese mismo sistema de que hay que caerle bien al diputado, los jueces no tenemos oportunidad. Entonces solamente llegamos a Jueces de Primera Instancia y no pasamos a magistrados de sala”, dice De León.
En entrevista con La Hora, De León explica el estado de la independencia judicial en Guatemala y desmiente algunos mitos, como, por ejemplo, que la CICIG presione a los tribunales para obtener sentencias a la carta. “A mí no me presiona nadie y antes de que me digan: quiero que usted haga esto, aunque sea ilegal, yo prefiero renunciar”.
¿Qué la motivó a optar por la plaza de juez titular en el Juzgado de Mayor Riesgo “C”?
Los cambios, los cambios son buenos. Ya tenía mucho tiempo de estar en el mismo juzgado. Estuve 13 años en el Juzgado Sexto –de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente–. Para mí, simplemente la vida es de cambios. Y al final de todo, los casos de mayor riesgo lo que tienen de complejos es la cantidad de personas en una causa penal.
Cuando se lanzan convocatorias para optar a una plaza de juez titular en los Juzgados de Mayor Riesgo son pocos los operadores de justicia que se postulan, ¿qué circunstancias hacen poco atractivos estos cargos?
Posiblemente sea por su mismo nombre, es mayor riesgo. Muchas personas como que quisieran trabajar en la administración de justicia, pero no se quisieran tener retos. En los casos más complejos es donde realmente se puede ver la administración de justicia, donde un juez puede cumplir con su contribución para esa administración de justicia. Es también una condición de controlar en una forma adecuada la investigación del Ministerio Público. Los jueces estamos para servir al usuario de la administración de justicia. En ese servicio, debo enfocarme en cuál es el planteamiento que se trae, cuál es el reproche que se está haciendo y Ministerio Público, ¿cuál es la investigación que me tiene? En casos así, con bastantes personas sindicadas, hay mucho trabajo que debe ser coordinado.
Se han visto múltiples estrategias por violentar la independencia judicial en los últimos años. Una de ellas es a través de la Supervisión General de Tribunales, instancia que ha interpuesto quejas en la Junta de Disciplina Judicial contra operadores de justicia independientes. Recientemente, la Sala Tercera de Apelaciones ofició a la Junta de Disciplina Judicial para que la investiguen a usted por agilizar, supuestamente de forma anómala, el Caso Negociantes de la Salud, ¿considera que se ha utilizado el régimen disciplinario como un mecanismo de presión a jueces?
Quejas de la Junta de Disciplina yo no le puedo dar alguna, porque todos los jueces, y mucho más del orden penal, tenemos quejas por cualquier cosa. En una audiencia puede ser que yo no quede bien con ninguna de las partes, y mi función no es quedar bien, es juzgar. Y cualquiera de esas partes va y presenta una queja. Muchas veces los abogados creen que presentando la queja van a lograr que el juez se separe del caso. Me presentaron quejas en el Caso del Registro de la Propiedad, también me presentaron antejuicios en ese caso. ¿Que sea un mecanismo utilizado para violentar la independencia judicial? (se detiene y piensa un momento) puede ser utilizado… No quiero pensar que lo utilicen algunos magistrados, no quiero pensarlo… ¿Que sea utilizado por algunos abogados litigantes? Sí, puede ser utilizado, porque si el juez no tiene la madurez suficiente, puede provocarle malestares.
Lo que usted me dice de la Sala Tercera –de Apelaciones del Ramo Penal– ni siquiera me notificó la Sala, yo lo vi en los medios de comunicación. Hasta el día de hoy, la sala no me ha notificado. ¿Por qué me certifica a la junta de disciplina? Pero sí, según esa audiencia, que fue lo que se transmitió –en los medios de comunicación–, decían que había tenido interés porque no suspendí la audiencia del ofrecimiento de prueba, y que había tenido interés porque pedí juez reemplazante. (…) A mí lo que la ley me dice es que -el proceso penal- no se puede suspender por la recusación. Lamentablemente, el asunto con la Sala Tercera, no me notificaron, nunca me citaron a esa.
¿A qué atribuye estas irregularidades?
No sé qué haya pasado. Quiero pensar que hubo un desconocimiento de lo que la Corte de Constitucionalidad ha resuelto (…) existe resolución de la Corte de Constitucionalidad y está tan bien explicada, la CC indica que el artículo 150 bis –del Código Procesal Penal– ha venido a dar muchos problemas en el proceso penal para asuntos de recusaciones y es uno de los mecanismos que más utilizan abogados defensores que no quieren se realicen las audiencias. (…) cualquier juez que conozca estos casos complejos o con personas que se considera que tienen poder político, económico o social, siempre se ataca al juez. Mire, qué tristeza me dio cuando escucho un comentario de un abogado, que “qué bueno que yo vengo acá (al Juzgado de Mayor Riesgo “C como jueza titular”) para que se puedan agilizar los procesos en su trámite. Pero que tenga cuidado…” ¿y por qué? “porque la gente que viene a estos juzgados de mayor riesgo es gente que ya no tiene nada que ganar, entonces proceden en contra de los jueces. ¿De qué manera? Quejas, antejuicios…”
Algunas personas aseguran que la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) ha presionado a los jueces para que emitan resoluciones a la carta. Estos comentarios han sido pronunciados, incluso, por el Presidente de la República. A partir de su experiencia como jueza, ¿qué opina de estas aseveraciones?
Sería bueno que el Presidente dijera qué jueces le han dicho eso. Le digo, yo tengo más de 17 años de ser juez. ¿Que la CICIG a mí me haya presionado? No, yo creo que si le preguntamos al abogado mandatario de la CICIG (que conoció el Caso Botín Registro de la Propiedad) tal vez diría que yo lo presioné (ríe) porque yo resuelvo y empiezo a decir: bueno, sería interesante que el Ministerio Público tuviera esto o que hubiera avanzado en esto… A mí no me presiona nadie y antes de que me digan “quiero que usted haga esto, aunque sea ilegal” yo prefiero renunciar.
Hablando del trabajo que realiza la CICIG, ¿cuál ha sido el aporte de esta en los tribunales?
En los casos que yo he tenido con ellos, yo he visto que la CICIG es realmente coadyuvante en la investigación. Ahí tenemos a la CGC, al IGSS, a la PGN, pero el realmente coadyuvante, es decir el que ayuda a la investigación, es la CICIG. Primero que los profesionales de la CICIG son extranjeros y el estudio del derecho en Colombia, Argentina y México es muy bueno. Entonces ellos tienen el conocimiento, pero además son personas más grandes y eso les da más experiencia… ellos tienen investigadores que se involucran en la investigación, tienen analistas y lo que yo le puedo decir en caso del Registro General de la Propiedad, es que me dejan una buena impresión. Muchas veces, y esto ustedes pueden ir y observar en las audiencias, el que interviene por la CICIG sabe más del caso que el fiscal.
Con el fin de entorpecer los procesos penales, muchos abogados han optado por litigar de forma maliciosa, interponiendo gran cantidad de recursos legales sin fundamento alguno, ¿cómo lidiará usted con esta costumbre?
Mire, eso de que se entorpezcan los casos no es así. Los entorpece el juez que no quiere entrar a conocerlos. Le digo, volvamos a la ley, ¿cuándo se me suspende el proceso a mí? -Por ejemplo- me lo suspende un amparo provisional, ¿qué voy a hacer ahí? Pero yo he visto que hay muchos casos en los que viene y dice -el abogado-: “le hago saber que yo hoy planteé un amparo, entonces le pido que suspenda la audiencia”. ¿Tiene el amparo provisional? No. Entonces no tengo sustento legal para suspender la audiencia. ¿Apelaciones? Ok, veamos ¿es con efectos suspensivos? No, se otorga la apelación sin efecto suspensivo…
A menudo, los casos que se tramitan en los Juzgados de Mayor Riesgo son los más mediáticos, ¿tiene alguna incidencia la forma en que los medios de comunicación transmiten las audiencias?
Para mí no tiene ninguna. O sea, si la audiencia permite que el medio de comunicación esté presente, con que no haga escándalo. Por supuesto que, si es en reserva, ahí mismo le digo mucho gusto y adiós. Después de que termine la audiencia del Registro de la Propiedad, recibí un mensajito -que decía- cuídese su toz, que no sé qué. Me transmitían en vivo y yo ni en cuenta, yo ni sé. Ponen su cámara y yo ni sé que están filmando. ¿Cuál es mi obligación? revisar la investigación, no estar viendo las cámaras.
CASOS
Entre los casos más mediáticos que ha conocido la jueza, se encuentran:
* Negociantes de la Salud: envió a juicio a 18 personas, entre ellas el empresario Gustavo Alejos, sindicadas de participar en una estructura criminal integrada por funcionarios y empleados del IGSS que favorecían a determinados proveedores de medicamentos a cambio de cobros ilegales o “comisiones”.
* Ligó a proceso por el delito de tráfico de influencias al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Gustavo Mendizábal. Según las investigaciones, intercambió comunicaciones con la exvicepresidenta Roxana Baldetti en 2014, en las cuales le ofreció ayuda para influir en sus demás compañeros para que se otorgara un amparo provisional. Con esta resolución, buscaba dejar sin efecto la separación de la exvicemandataria como Secretaria General del PP.
* Envió a juicio a 25 personas sindicadas en el caso Botín Registro de la Propiedad, entre ellas el hijo y hermano del presidente Jimmy Morales, por presuntamente participar en eventos fraudulentos en el Registro General de la Propiedad.
* Condenó al exdiputado del partido Lider (ya desaparecido), Mario Yanes a tres años de prisión por el delito de tráfico de influencias. Debido a que la sentencia se realizó mediante un procedimiento abreviado, la pena se suspendió la pena durante tres años a cambio de que el congresista mantenga buen comportamiento.
