Foto: Congreso.
Por Redacción La Hora
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El abogado del presidente Jimmy Morales, Juan Carlos Borrayo, compareció esta tarde ante la Comisión Pesquisidora que analiza el antejuicio contra el mandatario para tratar de desvanecer la supuesta participación de Morales en el delito de financiamiento electoral ilícito cuando era secretario general de FCN-Nación en 2015. En su argumentación, señaló que la presentación de informes financieros del partido al TSE estaba a cargo de la contadora Ana Gloria Pérez, quien fue “removida” al no cumplir con sus obligaciones y quien hasta ahora no ha podido ser localizada.
Los miembros de la Pesquisidora le preguntaron sobre las funciones de la contadora a lo que Borrayo respondió que entre ellas se encontraba presentar informes; al preguntarle si ella debía presentar informes ante instancias como el Tribunal Supremo Electoral y en específico por los que fue denunciada la agrupación, dijo que estos se entregaron de manera extemporánea en enero y febrero de 2017, sin embargo ella ya había dejado el cargo para ese entonces.
Ayer la auditora del TSE Bárbara Calle explicó que se intentó realizar una auditoría en noviembre de 2016 a FCN pero la agrupación no entregó los informes financieros y no permitieron que se realizara una revisión.
Sobre la responsabilidad del presidente Morales como secretario general de FCN, Borrayo señaló que no le correspondían las funciones contables e hizo una referencia a las atribuciones legales de los secretarios generales de los partidos políticos.
No obstante, según el Registro de Ciudadanos, las atribuciones de los secretarios generales los obligan a ejercer la representación del partido en todos los trámites y procesos de la agrupación.
Otra de las preguntas de la Comisión se centró en por qué se incumplió con presentar los informes por los cuales no se pudo auditar a FCN a lo cual Borrayo indicó que por eso se denunció a la contadora y se le removió de su cargo, además de hacer una auditoría para reconstruir la contabilidad del partido y cumplir con los informes.
Al ser cuestionado por el vocal de la Comisión, Gabriel Heredia, sobre si Morales se opuso a la fiscalización del TSE en 2015, el abogado del presidente respondió que se le instruyó a la contadora cumplir con esas obligaciones.
DESCONOCEN SU UBICACIÓN
Juan José Porras, vocal de la Comisión, preguntó cuándo la contadora Ana Gloria Pérez dejó de cumplir con sus obligaciones y por qué se le denunció después. A decir de Borrayo, Pérez les decía que sí cumplía con sus obligaciones y les proporcionaba cierta información pero que a finales de 2016 la situación fue insostenible.
La vocal Eva Monte le preguntó a Borrayo si conoce la ubicación de la contadora a lo que este respondió que no. Pérez era una de las personas citadas a las audiencias ayer pero no se presentó. El abogado del presidente dijo desconocer la denuncia que ella hizo en el MP y señaló que no saben de su paradero desde el año pasado.
“MOTIVACIONES POLÍTICAS”
Borrayo apoyó la primera parte de su exposición de 15 minutos ante la Comisión con el uso de materiales audiovisuales, pese a que ayer no se le permitió al mandatario de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) hacer uso de los mismos.
El abogado de Morales cuestionó que la solicitud de antejuicio contra el mandatario fuera presentada en su contra durante su viaje ante las Naciones Unidas cuando supuestamente pediría la remoción del comisionado Iván Velásquez y lo calificó como una forma de presión.
Mostró publicaciones de medios de comunicación, incluyendo el extracto de un video de La Hora, en este último el abogado señaló que con una declaración la Fiscal General intentó incidir para que se le retire el antejuicio al presidente, para poder avanzar en las investigaciones en su contra.
Borrayo también presentó recibos en los que indica que se confirma la recepción de los cheques por los que se señala a Morales, cuando era secretario de FCN-Nación, así como un listado de aportaciones dinerarias en el que asegura se consigna la persona que emitió los cheques como financista del partido.
Al ser cuestionado sobre si existían los libros contables de FCN-Nación del 2015, el abogado entregó los mismos.
Heredia, vocal de la Comisión, le pidió a Borrayo profundizar por qué considera que la solicitud del antejuicio contra el mandatario tiene motivaciones políticas a lo que señala que es porque se dio el mismo día en que supuestamente Morales pediría la remoción de Velásquez en la ONU.
Pidió tomar en cuenta las coincidencias de fechas y que se evalúe si esas son presiones políticas y mediáticas sobre el mandatario.
Al final de la audiencia, Borrayo pidió que se deje constancia que cuando sucedieron los hechos en la ley no se establecía que el Secretario General de un partido es el responsable de lo que ahora se indaga.
Ayer el fiscal del MP indicó que Morales, como secretario general del partido, tenía la obligación de responder como representante legal de la agrupación y que en ese cargo no presentó los informes relativos a las fuentes de financiamiento de FCN de forma mensual y en los primeros 10 días del mes.
El presidente, en su cargo de secretario general, tampoco cumplió con los informes relativos a la fuente de financiamiento privado que se debe presentar de forma bimensual ante el TSE, según el MP.
La tercera falta en que incurrió el mandatario en ese cargo fue la falta de registro de las transacciones monetarias que realizaba la agrupación; tampoco registró las cuentas monetarias.
Según el MP, existen graves omisiones del secretario general del partido y que Morales ocultó la procedencia de más de 4 millones de quetzales.
Luego de realizar más de 11 audiencias de las partes involucradas en la investigación, se espera que mañana la Comisión Pesquisidora, presidida por el diputado Julio Ixcamey, entregue el informe al pleno en el que recomiende retirarle o no la inmunidad al presidente por el delito de financiamiento electoral ilícito.
