POR AGENCIAS/DPA
Bogotá, Colombia

La Fiscalía General de Colombia calculó hoy que los bienes activos, entre rurales y urbanos, que el organismo ha incautado a las FARC para la reparación de las víctimas tienen un costo aproximado de 370 millones de dólares.

Entre los bienes incautados por la Fiscalía llamó la atención el millonario negocio ganadero que desarrollaban varios frentes de las FARC en los departamentos de Meta (centro-este), Caquetá y Guaviare (sur).

El jefe del ente judicial, Néstor Humberto Martínez, afirmó que ya le han sido incautados a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) unos 3 mil 389 bienes y que aún hacen falta los que tienen en el extranjero.

«Haremos un operativo de cooperación judicial con apoyo de autoridades estadounidenses y de Centroamérica por existencia de activos de las FARC en el exterior», agregó el fiscal, quien detalló que su homólogo en Costa Rica, Jorge Chavarría, entregó ya 480 mil dólares de incautaciones a la guerrilla en ese país.

Martínez se refirió también a los alcances del Fondo Fiduciario que el Gobierno creará para el uso de los activos de esa guerrilla, que tiene como prioridad la reparación a las víctimas y que también contempla el financiamiento de programas de reincorporación de guerrilleros a la vida civil.

«La Constitución ordena la extinción de dominio de patrimonios ilícitos y las FARC no pueden participar en el destino de sus bienes ilegales», aclaró Martínez.

Ante lo expresado por el fiscal, el ministro del Posconflicto, Rafael Pardo, aclaró que ni el decreto presentado por el Gobierno la semana pasada para la creación del Fondo ni «nada en el acuerdo de paz» impide la acción de la Fiscalía sobre los bienes de la guerrilla.

«El decreto ley determina qué va a ser el destino de estos bienes primordialmente para reparación material de las víctimas del conflicto y también puede ser utilizado en programas que determinará el Gobierno para temas relacionados con la reincorporación (de guerrilleros)», indicó.

Pardo insistió en que las FARC «no decidirán la forma en que serán invertidos sus bienes» y que la administración del fondo «estará a cargo» del Ejecutivo bajo lineamientos que serán establecidos en los próximos días.

El Gobierno y las FARC firmaron el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 tras cuatro años de negociaciones en La Habana.

Desde febrero pasado, los más de 6 mil 800 miembros de la guerrilla están concentrados en 26 zonas establecidas por las partes, que determinaron que la entrega de armas debía finalizar el pasado 30 de mayo.

Sin embargo, debido a retrasos en la adecuación logística de los lugares de concentración, a cargo del Gobierno, esa fecha fue prorrogada al 20 de junio.

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