Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Una declaración en el Senado de los Estados Unidos del Senador Patrick Leahy hizo ver su preocupación porque el gobierno del presidente Jimmy Morales pudiera estar cabildeando en Naciones Unidas para lograr la remoción del comisionado Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, a lo que ayer el presidente Morales respondió diciendo que él no quiere quitar al jurista colombiano, pero que es importante saber que él, en su calidad de Mandatario, tiene la potestad de hacerlo cuando así le plazca. Según su comentario, ello ocurriría si percibe que el señor Velásquez no está cumpliendo con su deber o mandato, tema que precisamente forma parte del debate que se ha iniciado por la ola de ataques dirigidos contra el trabajo de la Comisión.
Como no podemos sujetar un asunto de tanta trascendencia para el país simplemente a caprichos o percepciones, lo correcto es establecer si bajo el mando de Iván Velásquez la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala ha cumplido con el mandato que dio vida a ese órgano tan peculiar y cuya existencia está siendo objeto de tanta atención en otros países. Evidentemente los órganos jurisdiccionales del país han considerado que así es, porque las investigaciones y actuaciones procesales de la CICIG han sido tramitadas como corresponde en atención a la validez del mandato.
Es obvio que la existencia de una Comisión Internacional siempre despertará polémica y será mayor en la medida en que sus actuaciones sean más efectivas o cuando, como producto de ellas, importantes y poderosos sectores del país que la acoge se ven envueltos en proceso de orden penal. El tema de la soberanía ha sido uno de los más socorridos en los últimos tiempos y yo he dicho que no deja de ser paradójico que quienes más lo enarbolan sean precisamente los que promovieron o aplaudieron la intervención militar de Estados Unidos en Guatemala, conformando el llamado Movimiento de Liberación en 1954.
Lo cierto del caso es que la crisis institucional de Guatemala ha golpeado seriamente el concepto esencial de soberanía, al punto de que hay partes del territorio nacional en total abandono no solo desde el punto de vista administrativo sino que también en temas de justicia y seguridad. Hay territorios controlados por grupos del crimen organizado a los que no puede ni siquiera entrar la fuerza pública y no hay peor renuncia a la soberanía que la incapacidad para aplicar la ley en todo el territorio de una Nación. Ello ha sido resultado de la promoción institucionalizada de la impunidad como forma de vida en el país y por eso fue que el Estado de Guatemala solicitó a Naciones Unidas, es decir a la comunidad internacional, la conformación de la CICIG para que nos asista para desmontar las estructuras que han generalizado el régimen de irrespeto a la ley que alienta de manera brutal la corrupción.
Me consta personalmente el trato deferente del Comisionado con el presidente Morales y sus esfuerzos por ayudar a que su gobierno sea exitoso, pensando en que eso consolida el proceso de transformación de Guatemala, pero las influencias y los acontecimientos pueden tener mucho peso cuando se suceden las presiones.
