POR ACISCLO URÍZAR
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El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) fue ratificado por 20 países, entre ellos Guatemala. Ese documento, en la práctica, “es un instrumento jurídico internacional vinculante que trata específicamente los derechos de los pueblos indígenas y tribales”.
“Una vez que se ratifica el Convenio, el país que así lo hace cuenta con un año para alinear la legislación, políticas y programas antes de que el mismo devengue jurídicamente vinculante. Los países que ratificaron el Convenio están sujetos a supervisión en cuanto a la implementación”, refiere la OIT.
Guatemala, no obstante haber ratificado el convenio en mención, aún no ha “alineado” su legislación en esa materia. Algunos analistas ven poco interés en las autoridades para legislar en temas que atañen a los derechos de los pueblos originarios.
LAS CONSULTAS
“El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan”.
Sobre esa base, Byron Paredes, defensor de los pueblos indígenas de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), manifiesta que la consulta debe tener tres principios esenciales. Debe ser previa, es decir, antes que se ejecute cualquier trabajo de explotación, no cuando ya se iniciaron los trabajos, expresó.
Además, la consulta debe ser libre. “Nadie va ir a la consulta bajo ninguna coacción; en la PDH hemos recibido denuncias de la gente que se ve prácticamente obligada a asistir a las reuniones que después son tomadas como que si fuese una consulta de pueblos indígenas y no ha sido así”, dijo Paredes.
Agregó que los pueblos indígenas deben tener todos los elementos informativos, sean estos positivos o negativos que tenga cualquier proyecto de desarrollo, que les permitan tomar una decisión acertada.
Si una consulta no tiene estos 3 principios, podrá ser consulta de cualquier tipo, menos una consulta como lo indica el Convenio 169, expresó el defensor de los pueblos indígenas.
SE HA TERGIVERSADO
El comisionado presidencial para el Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel, asegura que algunas organizaciones han tergiversado lo que dicta el Convenio de la OIT y pretenden realizar las “consultas” acomodadas a sus intereses. El convenio dice claro quién consulta, señaló.
“Los gobiernos deberán de consultar de buena fe, por lo tanto estas consultas no son autoconsultas comunitarias, tampoco se vale que las empresas o los inversionistas interesados sean quienes realicen la consulta. Enfáticamente, el convenio dice que es el Gobierno, entiéndase bien, el Gobierno de la República a través de las organizaciones representativas de los pueblos, quien realice la consulta”, aclaró el comisionado.
En tanto, Javier Zepeda, director ejecutivo de la Cámara de Industria de Guatemala, sostiene que algunos sectores de la sociedad le han dado una interpretación antojadiza al convenio, y se valen de esa interpretación errónea para perseguir intereses particulares.
“Hay algunas organizaciones sociales que han tratado de agarrarse del Convenio 169 de la OIT para ‘diabolizar’ algunos proyectos de inversión y lo han utilizado como bandera para generar conflictividad e incluso actos terroristas, como quema de maquinarias, agresiones, secuestros. El convenio es un mecanismo para encontrar soluciones no para generar problemas”, enfatizó el representante del gremio empresarial.
FALTA VOLUNTAD POLÍTICA
En dos ocasiones la Corte de Constitucionalidad ha exhortado al Congreso de la República para que genere la legislación correspondiente para los mecanismos de consulta. Pero los diputados no han legislado sobre esa materia, refirió el Comisionado Presidencial del Diálogo Nacional.
Por otra parte, el congresista Amílcar Pop, del Partido Winaq, es enfático al asegurar que son los diputados de determinado partido político los responsables de que en el Congreso de la República no se haya logrado mayores avances en materia de la Consulta a los pueblos indígenas en el marco del Convenio 169 de la OIT.
“El Partido Patriota y su jefe de bancada no quieren ninguna ley vinculada a derechos de los pueblos indígenas. Es contradictoria la actitud del Ejecutivo que ofrece aprobar leyes como la de desarrollo rural y sus diputados no la aprueban”, sentenció el parlamentario.
Pop dio a conocer que hay cuatro iniciativas de ley en el Legislativo referente a consultas a pueblos indígenas; una es producto del consenso de las organizaciones y pueblos indígenas que fueron consultados para redactar esa ley y fue dictaminada favorablemente por la comisión que corresponde, eso fue en el periodo pasado.
Desde entonces el Congreso no ha tenido la voluntad y también hay una directriz del Ejecutivo de no aprobar ninguna iniciativa de ley que tenga que ver con derechos de pueblos indígenas. La mesa se ha quedado frenada desde el año pasado, no ha habido ningún avance en ese sentido, añadió el legislador.
Por otro lado, Byron Paredes de la PDH, expone que el Gobierno utiliza el tema de la consulta únicamente con fines demagógicos, sin embargo, no se ve que estén interesados en aprobar la legislación pertinente.
“Cada año el Gobierno manifiesta en avanzar en ese reglamento pero al momento no se ha hecho nada. Organizaron una mesa donde se estaba invitando funcionarios públicos que tiene que ver con esta problemática social que se ha armado precisamente porque no se ha consultado a los pueblos indígenas, pero no progresó”, expresó Paredes.
A decir de Javier Zepeda, habrá que encontrar alguna forma de reglamentar la consulta, pero precisamente para que no se haga una manipulación o politización de la misma, sino que sea un punto de encuentro más que un punto de conflicto, sentenció.
CONFLICTIVIDAD SOCIAL
Ante la negativa de las autoridades de someter a consulta los principales proyectos de inversión que se dan en el país, las organizaciones campesinas se han volcado a las calles a exigir que sus opiniones sean tomadas en cuenta. Esto ha llegado más allá de simples manifestaciones, la inconformidad de algunos grupos los ha llevado a enfrentarse entre sí al punto de matarse.
Amnistía Internacional se manifestó días atrás respecto al tema, este ente dijo que el Gobierno estaba alimentando la llama de la conflictividad social al no consultar a las comunidades al momento de otorgar licencias mineras. Hicieron el llamado a las autoridades estatales para que den el lugar que corresponde a las comunidades rurales.
Por su parte, Paredes, indicó que en el caso de San Juan Sacatepéquez, el conflicto surgió precisamente porque la gente reclamaba el derecho a la consulta, cosa que no se dio, y por eso estallaron los disturbios que ya conocemos con resultados lamentables.
“Hay toda una problemática social que parte de ese derecho, cito el caso de San Juan Sacatepéquez que es el más reciente y ha ocasionado que la gente se mate entre ellos. El caso de la Puya, también en San Marcos con la mina Marlin. Los escenarios son los mismos”, declaró.
EVITARÍA CONFLICTOS
El defensor de los pueblos indígenas, Byron Paredes, precisó que como tema principal para prevenir problemas sociales, se debe hacer valer los derechos de los pueblos indígenas y legislar a favor de estos, para que se dé el respeto a las autoridades indígenas. Porque cuando se vulneran los derechos de los pobladores es que estos reaccionan en determinado momento frente a la inoperancia que tiene el Estado al hacer cumplir las leyes en favor de estos pueblos, manifestó.
“Es necesario acatar las recomendaciones que el comité de expertos de la OIT ya le ha hecho al Estado, es decir, falta un poco de voluntad para que se pueda realizar un reglamento que considere un mecanismo adecuado para realizar las consultas y que designe cual sería la institución pública que tomaría esa acción en ese sentido”
Miguel Ángel Balcárcel coincide con Paredes al mencionar que debe respetarse los derechos de los pueblos indígenas para que en el entorno prevalezca la sana convivencia y la armonía.
“Hay muchísimos factores que intervienen en los conflictos sociales. El país tiene que ir construyendo una cultura de convivencia pacífica, elementos que le permitan la armonía que está tan presente en la cosmovisión de nuestros pueblos y que efectivamente los proyectos permitan que todos ganemos, tampoco se vale que solo unos ganen”, sugirió el funcionario.
Por su parte, el representante de la Cámara de Industria de Guatemala, comentó que la entidad a la que él representa está consciente de la importancia de tomar en cuenta las opiniones de las distintas comunidades en cualquier tipo de inversión.
Sin embargo, el empresario resaltó que hay que entender muy bien el convenio tal cual es, comprendiendo que una consulta es para ver cómo se puede mejorar, apoyar o fortalecer un proyecto de desarrollo, no es que sea algo taxativo en función de un sí o un no. Según el empresario, no se trata de mantener una posición adversa ante los proyectos sin antes conocerlos. Se debe contemplarlos, estudiarlos y sacar lo positivo de ellos, concluyó.
“El espíritu de la consulta y la participación constituyen la piedra angular del Convenio 169 sobre la cual se basan todas sus disposiciones. El Convenio exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan”.
Convenio 169 – OIT
TIERRAS INDÍGENAS
Suscriptor de la Convención 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, Brasil se obliga a consultar previamente a los pueblos que puedan resultar afectados directamente «por medidas legislativas o administrativas».
De allí la declaración que consta en el documento en el sentido de que «la instalación de proyectos previstos en este plan que interfieran en tierras indígenas exigirán esfuerzos adicionales de gestión».
Un ejemplo de ello es la licitación del complejo Tapajós, que había sido postergada debido a conflictos con la tribu homónima, que se oponía al proyecto. Subsanados los procedimientos, el proceso fue retomado esta semana, al determinarse la fecha del 14 de diciembre para la adjudicación de la primera de las dos plantas allí previstas, una de 6.100 MW (São Luiz do Tapajós, que debe entrar en operaciones en 2019) y otra de 2.300 MW (Jatobá, para arrancar en 2020).
