Por Grecia Ortíz
gortiz@lahora.com.gt

Un negocio realizado por familiares de exdirectivos del Banco de los Trabajadores (Bantrab), incluyendo exfuncionarios de la institución bancaria operó en lo más alto apropiándose, según los investigadores, de Q5.5 millones por medio de varias operaciones en las que los sindicados usaron empresas de cartón para lograr su objetivo, de acuerdo a una investigación del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

La investigación realizada por el MP y la CICIG que condujo a una decena de allanamientos realizados el viernes 28 de octubre se denominó “Caso Bantrab: un negocio de familia”. El MP y la CICIG hicieron énfasis en que los exdirectivos y particulares que participaron en el negocio deben responder por este caso como si fueran servidores públicos ya que la institución bancaria está constituida con fondos públicos y privados.

Las autoridades dieron a conocer que al menos cinco exfuncionarios del Banco de los Trabajadores (Bantrab) tenían orden de captura por la apropiación anómala de Q5.5 millones. De estos 4 eran directivos uno era un exdirectivo de la Junta Directiva de la institución bancaria, quienes aprovecharon su relación con empresas de cartón y vínculos familiares de las mismas para concretar su negocio.

ASÍ SE APROPIARON DE FONDOS DE LA INSTITUCIÓN

El 30 de julio de 2009 esa institución bancaria adquirió por un precio de Q24 millones una cartera de créditos del fideicomiso de administración de bienes excluidos del Banco del Café, dentro de lo que se incluyeron 10 créditos en los que figuraba como deudora la entidad Villas del Elgin, S.A. que poseía la garantía hipotecaria de 10 inmuebles inscritos en el Registro de la Propiedad.

Para el 24 de agosto de 2010, ante la imposibilidad de pagar la deuda hipotecaria, Villas del Elgin, S.A. adjudicó en pago esas 10 fincas (casas) a Bantrab por un monto valorado en Q7 millones. No obstante, su adquisición fue por Q4 millones una cantidad mucho menor a la asignada en el avalúo realizado por Bantrab.

La manera en como los sindicados buscaron apropiarse de las propiedades, inició al autorizar el pago de Q5.5 millones a la abogada del banco Karen Yessenia Flores Paz, quien también fue capturada y es prima de uno de los sindicados, como una simulación por el pago de honorarios.

Posteriormente los fondos fueron recibidos por la empleada para ser transferidos posteriormente a empresas de cartón vinculadas a los exfuncionarios del banco de acuerdo a las instrucciones que emitían los mismos directivos.

Los señalados buscaron cómo apropiarse de los fondos que fueron transferidos posteriormente a empresas de cartón, representadas por familiares y allegados de los exdirectivos, para cubrir su origen, y de esa manera adquirir, a un precio menor del valorado, las propiedades que el mismo banco ofrecía en subasta.

LA RUTA DEL DINERO

Entre marzo del 2010 y febrero del 2011 la abogada Flores Paz recibió ocho notas de crédito a su cuenta personal en ese banco por un total de Q5.5 millones en concepto de pago de honorarios autorizados previamente por la Junta Directiva.

En ese mismo periodo de tiempo, Flores Paz trasladó el dinero a su cuenta personal en el Banco Industrial, y luego a través de 10 transacciones bancarias realizadas entre julio del 2010 y febrero de 2011, Q3 millones fueron transferidos de su cuenta a la entidad Threesome.

Paralelamente, Threesome compra dos cheques de caja por un total Q568, 800, que terminan siendo depositados en las cuentas de Vinicio Alejandro Rodríguez, director suplente de la Junta Directiva del Bantrab.

Luego Threesome transfiere Q2.2 millones a la entidad Administradora Silverado S.A., que a su vez traslada del dinero a Desarrollos 2812, explicó la jefa del MP.

El lunes 18 de julio de 2011 el Bantrab publicó la subasta de 10 fincas, indicando que el plazo para ofertar terminaba al día siguiente. El 19 de julio Desarrollos 2812 traslada los Q2.2 millones al Bantrab en concepto del 25 por ciento del valor de base para la participación en la subasta pública que se celebró el 20 de julio.

El 21 de julio, la junta Directiva integrada por Sergio Hernández Lemus, entre otros directores, y con la participación del gerente Ronald Giovanni García Navarijo, autorizó la venta de las 10 fincas a la entidad Desarrollos 2812.

LA RELACIÓN FAMILIAR CON LOS EXDIRECTIVOS

El comisionado de la CICIG explicó el parentesco que tenían los exdirectivos, con los otros sindicados pertenecientes a las empresas. En el caso de Marie Liu Yon de Threesome y con firma en Silverado, es hermana de Liu Yon, exdirectivo de la entidad.

En el caso de Karla García Guzmán, quien funge como presidenta del consejo de Threesome, es cuñada y asistente en el banco y del Bufete Hernández Valladares, de Sergio Hernández, que en ese entonces era integrante y presidente de la Junta Directiva del Bantrab.

Mientras que el representante actual de Desarrollo 2812 es Edwin Orlando Roca García, cuñado de Ronald García Navarijo, también exdirectivo de Bantrab. Esa fue la empresa que finalmente recibió los fondos de la venta.

“Es decir que Bantrab autorizó este pago de Q5 millones y medio de quetzales a una abogada del banco simulando honorarios, y ese dinero fue recibido por esta empleada y la transfirió a entidades de cartón que están vinculadas con directivos del banco”, explicó el comisionado de la CICIG. La abogada capturada tiene relación familiar con otro de los sindicados y exdirectivo del banco.

SON CONSIDERADOS COMO SERVIDORES PÚBLICOS

A decir del MP y la CICIG, la entidad bancaria sufrió un detrimento importante en su patrimonio por la venta de los diez inmuebles que fueron comprados por un precio inferior a su avalúo, además de que con sus fondos, al pagarse Q5.5 millones, se simuló el pago de honorarios que sirvieron para la compra de las casas y todo con la participación de los miembros de la Junta Directiva que aprobó el desembolso del efectivo.

En ese sentido la fiscal general resaltó que el Bantrab es una entidad mixta constituida con fondos públicos y privados, en el que el Estado es accionista. Aldana recordó que el presidente de la Junta Directiva del banco es nombrado por el presidente de la República, cumpliendo con el protocolo de un servidor público.

Por lo anterior, explicó la fiscal, las acciones de los exdirectivos y los particulares allegados a estos son consideradas una conducta contra la administración pública y todos los sindicados deben responder como si fueran servidores públicos.

“La estructura criminal era integrada por varias personas todas ellas vinculadas con los miembros de la Junta Directiva del Banco de los Trabajadores, quienes se asociaron con el fin de saquear el patrimonio del Banco de los Trabajadores y enriquecerse a costa de la masa de accionistas y dentro de los accionistas recordemos que está el Estado de Guatemala”, dijo Aldana.

Por su parte, Velásquez indicó que cuando el dinero público se mezcla con el dinero privado, “todo debe cuidarse como dinero público”, sin importar el porcentaje en el que participe el Estado y por eso quienes los malversan deben responder como un servidor público.

UN SEGUNDO CASO EN INVESTIGACIÓN

La fiscal del MP también refirió en la rueda de prensa que “Un negocio de familia” no es la única investigación que se realiza contra exdirigentes de la entidad financiera.

En abril pasado, con autorización judicial, fueron allanadas las oficinas del Bantrab para investigar la supuesta adjudicación irregular de las acciones del banco al venezolano Hidalgo Rafael Socorro Urdaneta y a la empresa DHK Finance Inc.

Según las pesquisas, Socorro Urdaneta es vinculado a presuntos actos de corrupción en el Gobierno de Venezuela, de lo cual ya ha obtenido numerosos contratos, presuntamente otorgados a través de procesos anómalos. Los investigadores del caso sospechan que el venezolano ha lavado dinero en distintos países con la compra de empresas y acciones en bancos.

Mientras que las pesquisas en Guatemala señalan que en el 2012 tres personeros del Bantrab, Sergio Hernández Lemus, expresidente, Eduardo José Liu Yon, exdirector del banco y Ronald Giovanni García Navarijo, exgerente general, se reunieron con Socorro Urdaneta y suscribieron un acuerdo, a través del cual se comprometieron a venderle una serie de acciones preferentes de la entidad por un valor de US$20 millones.

Los tres exfuncionarios de la entidad asumieron la representación del banco aunque no la tenían, por lo que la fiscalía sospechaba de una posible estafa a los accionistas. Dentro del acuerdo, los representantes del banco también se comprometieron a convertir las acciones preferentes en nominativas, con lo cual Socorro Urdaneta tendría el 80 por ciento de las acciones del banco, es decir un control de la institución.

INSTITUCIÓN RESPONDE A LOS ALLANAMIENTOS

En tanto Bantrab, a través de un comunicado dijo tener conocimiento de las acciones emprendidas por el ente investigador y la CICIG sobre algunos de sus exdirectores y un exintegrante de la Junta Directiva del Banco, en tanto que recalcó que la investigación era vinculada a las personas y no la entidad en sí, por lo que llamaron a sus clientes a mantener la calma pues afirman tienen suficiente liquidez.

ACCIONES SON POSITIVAS

A decir de Lizandro Acuña, analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), la investigación responde a la exigencia de la población que pide que se aplique justicia, no solo a exfuncionarios señalados sino también a otros sectores, en donde también hay corruptores.

Acuña considera que este caso demuestra que no solo existe un caso similar al de “La Línea” y prueba de ello es que en el sistema bancario también hay vinculadas personas involucradas en la corrupción, situación que calificó de lamentable.

Lo positivo es que ya estamos viendo una reacción del sistema de justicia en nuestro país que ya no solo se está enfocando en el sistema político y que ya no solo llega a personas de escasos recursos económicos, indicó.

Acuña añadió que es positivo saber de este tipo de acciones, pues esta no es la primera investigación de instituciones bancarias, pues también están el caso del Banco de Comercio y Bancafé, que se dilucidan en Tribunales con lo que se fortalece el sistema de justicia del país.

Finalmente indicó que todas las acciones que se han realizado le dan credibilidad al sistema de justicia, anteriormente estaban blindados por la impunidad” pero el fin de este flagelo ha sido parte de la parte de la exigencia de los guatemaltecos a partir de abril de 2015”.


LAS IMPUTACIONES

EXDIRECTIVOS

1. Sergio Aníbal Hernández Lemus. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado

2. Juan Miguel Arita España. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado

3. Eduardo José Liu Yon. DIRECTIVO DEL BANTRAB (CAPTURADO)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado

4. Vinicio Alejandro Rodríguez Barrientos. DIRECTIVO DEL BANTRAB (PENDIENTE DE CAPTURA)
Asociación ilícita y peculado

5. Ronald Giovanni García Navarijo. DIRECTIVO DEL BANTRAB (PENDIENTE DE CAPTURA)
Asociación ilícita y peculado

PERSONAL DE ENTIDADES DE CARTÓN
6. Karla Judith García Guzmán. THREESOME (PENDIENTE DE CAPTURA)

Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
7. Marie Odette Liu Yon. THREESOME Y ADMINISTRADORA SILVERADO (PENDIENTE DE CAPTURA)

Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
8. Bodgan Armando Aguirre Palencia. THRESOME Y ADMINISTRADORA SILVERADO (CAPTURADO)

Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado
9. Astrid Ileana Overbeck González. Desarrollos 2812 S.A. (CAPTURADA)

Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita
ABOGADA Y NOTARIA

10. Karen Yessenia Flores Paz. ABOGADA y NOTARIA DE BANTRAB (CAPTURADA)
Lavado de dinero u otros activos y asociación ilícita y peculado


INVESTIGAN MUERTE

La fiscal general aseguró que la Fiscalía de Delitos contra la Vida investiga las circunstancias en las que murió el exministro de Finanzas Pavel Centeno, quien residía en una vivienda registrada a nombre de Ronald García Navarijo, contra quien se giró una orden de detención.

“No sabíamos exactamente qué hacía el señor Pavel Vinicio Centeno en el inmueble del cual él salió” informó la jefa del Ministerio Público (MP) el día que el exministro falleció en una acción judicial en la que también resultaron heridos un PNC y un auxiliar fiscal. Según Aldana, se presume que Centeno arrendaba el inmueble al señor García Navarijo. También aclaró que el exfuncionario no tenía una orden de captura.

Aldana indicó que para establecer las circunstancias de muerte dependen de pruebas científicas y de investigación. Centeno, según informó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), murió a consecuencia de una herida por arma de fuego cráneo facial, aunque también presentaba una herida en el brazo.

Al cierre de esta edición las autoridades del Inacif aún no han presentado el informe forense sobre la muerte del exfuncionario.

El director del Inacif, Jorge Nery Cabrera, señaló que por las características de la herida (que fue en la boca, de abajo hacia arriba), todo indica que él se puso el arma y se disparó.

Los datos oficiales señalaron que cuando Centeno fue notificado del operativo judicial, habría disparado en contra del PNC, José Ismael Set y del fiscal Mario Geovanny Ignacio Santos, quienes fueron trasladados hacia un centro asistencial en donde se recuperan por las heridas causadas. Luego de herirlos se presume se disparó.

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