Juan Antonio Mazariegos G.
Esta semana, el Gobierno colombiano y las denominadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron en Cartagena de Indias, unos acuerdos de paz que en principio ponen fin a 52 años de lucha armada que dejó como cauda cientos de miles de muertos, heridos, desplazados y víctimas del más antiguo conflicto armado vigente en América.
Los acuerdos en mención, que deberán de ser ratificados por el pueblo colombiano mediante un plebiscito a celebrarse próximamente, contienen dentro de otros puntos, el importante tema de la justicia, dentro del cual se crea una jurisdicción especial para la paz que tiene como premisa textual “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, obtener verdad para la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, otorgar seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado y contribuir al logro de una paz estable y duradera”.
La referida fórmula para reparar y castigar los ilícitos cometidos a la luz del conflicto, a diferencia de otros acuerdos de paz alcanzados en América, incluyendo el de Guatemala, no se basa en una amnistía general o parcial, sino busca imponer un marco legal para juzgar crímenes cometidos al amparo de la guerra que está a punto de finalizar. Si bien la propuesta resulta novedosa, las penas que pretenden imponerse y que van entre 5 a 8 años de “restricción de libertad”, aún no bien determinada, han provocado la división de la sociedad colombiana, entre los partidarios del SÍ o el NO en las votaciones, precisamente bajo la diferente óptica de unos y otros que consideran por un lado que la paz bien vale el costo de una reducción de penas y otros que estiman que dicha reducción no compensará jamás a las víctimas de los ilícitos que se cometieron.
Si de algo sabemos en Guatemala es del conflicto posconflicto y de las diferentes visiones y argumentos que se esgrimen alrededor de juzgar o no a quienes se consideran responsables de actos delictivos al amparo de la guerra. Quienes negociaron la paz en Colombia seguramente analizaron los errores de otros y crearon esta jurisdicción de la paz. Que funcione o no dependerá primero de lo que opine el pueblo de Colombia ante las urnas y luego al interior de cada una de las víctimas o sus familiares, sobre si la pena cumple o no con llevar justicia a su parecer.
