POR KATERIN CHUMIL
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El expresidente Otto Pérez Molina acudió esta mañana a una vista pública en la Cámara de Amparos y Antejuicios para solicitar que se retire el embargo de sus bienes, decretado por el Juzgado de Extinción de Dominio.
Pérez Molina dijo a los magistrados: “No se ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa que todos tenemos, no se ha dado la oportunidad para conocer por donde va la investigación –entorno a los bienes embargados–”.
Durante el desarrollo de la vista pública, el abogado del exmandatario, Bryan Palacios, indicó que pareciera que el Juzgado de Extinción de Dominio mantiene en reserva la investigación también para la defensa.
En tanto, el fiscal Juan Francisco Villanueva afirmó que el amparo presentado por el expresidente carece de “sustento legal y jurídico”, por lo que solicitó que fuera denegado y se mantuviera la medida cautelar sobre los bienes.
BIENES EMBARGADOS
El pasado 27 de junio, el Ministerio Público entregó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed), una propiedad vinculada al exmandatario ubicada en Zaragoza Chimaltenango, conformada por 6 fincas.
Esta propiedad fue adquirida entre 2009 y 2014. De acuerdo con las pesquisas, se encuentra valorada en Q252 mil 400.
Dicho inmueble consta de 16.79 hectáreas y está a nombre de la empresa Dista Servicios Electrónicos S.A.
Asimismo, la Fiscalía también solicitó que se decretaran medidas cautelares sobre una lancha marca Trophy, color blanco; otra, marca Sea Ray, de color blanco, y una lancha inflable, marca Apex.
En tanto, el pasado 17 junio, fueron embargadas seis cuentas de la empresa Vista Servicios Electrónicos, S.A. cuyo monto total asciende a Q6 millones.
Recientemente se solicitó la medida de embargo y secuestro en el Registro General de la Propiedad de un helicóptero TG-PES valorado en US$ 3.1 millones, el cual fue utilizado para uso personal del expresidente y que es mencionado en el Caso de La Cooperacha.
ACUSACIONES
Otto Pérez Molina es señalado de haber liderado, junto a la exmandataria Roxana Baldetti, una compleja red que cooptó varias instituciones del Estado y de realizar “negocios de contrabando y defraudación aduanera”, con el propósito de enriquecerse a partir de los recursos públicos.
Hace dos semanas el juez de mayor riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, agregó los delitos de cohecho pasivo y lavado de dinero al expediente contra los exmandatarios por el Caso Cooptación del Estado.
