POR KIMBERLY LÓPEZ
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Como parte de las propuestas para la generación de una segunda Ley Electoral y de Partidos Políticos, representantes de la Universidad de San Carlos manifestaron su interés por reformar aspectos relacionados al financiamiento público y privado de partidos políticos.
Según la propuesta, el financiamiento privado que reciba determinado partido político o comité cívico electoral no podrá exceder en ningún caso del 30% del monto total que del financiamiento público le corresponda al mismo partido político o comité cívico electoral.
Para la verificación inmediata y eficaz de dicha disposición, explica la propuesta, las aportaciones provenientes del financiamiento privado deberán ingresar al Tribunal Supremo Electoral y a partir de ese momento se estimarán como fondos públicos sujetos a los mecanismos de control.
Este planteamiento se sumará al del resto de involucrados en el proceso mediante el cual aún no se han llegado a consensos; otros grupos involucrados en el diálogo sobre reformas no han realizado propuestas sobre el financiamiento electoral.
Olinda Salguero, representante de la Fundación Esquipulas e involucrada en los diálogos para dichas reformas, indicó que en el proceso de discusión se había aprobado una metodología de trabajo en la que se nombró una comisión que tenía como atribución hacer propuestas.
Sin embargo, debido a que el tema requiere más allá de una discusión puramente técnica, sino política harán cambios en su metodología.
«Se trata de hacer algo mucho más integral que sea funcional y que responda a la coyuntura, en la última reunión no hubo consenso pero los temas son tan profundos que necesitan discutirse un poco más y por eso se hubo la propuesta de cambiar la metodología», indicó.
Salguero agregó que la idea de este cambio es que cuando se reúnan con el Presidente puedan tener propuestas “más pulidas” para no hacer “eterno” el proceso.
Finamente, recordó que la democratización de partidos políticos, el manejo del padrón electoral y los partidos distritales son temas que han generado mayores diferencias y agregó que se busca evitar errores en la ley por cuestiones como mala redacción o mala interpretación.
