Ayer el Fiscal General Gabriel García Luna ofreció una importante conferencia de prensa en la que, tras haberse conocido de los allanamientos hechos en propiedades de gente afín a Miguel Martínez, expuso las principales líneas de acción del nuevo MP que ahora tiene que dirigir y habló de casos como el de la USAC, la venta de plazas en el Organismo Judicial y el necesario cierre de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad luego del manoseo que de la misma hizo Rafael Curruchiche, despedazando casos que implicaban tanto a Giammattei como a su pareja.
Es alentador, como dijimos tras conocer la activación de casos contra Martínez y sus testaferros, ver ese cambio en la hoja de ruta, pero tenemos que entender que el mayor reto del Ministerio Público está en buscar la forma de limpiar el sistema de justicia en el país pues, de lo contrario, todo lo que haga será un cúmulo de buenas intenciones. Ayer mismo publicamos una nota sobre cómo en el caso contra el ex fiscal Stuardo Campo, quien era responsable de la fiscalía contra la corrupción, reporta más suspensiones que audiencias realizadas, situación que refleja cómo operan los tribunales que pretenden mantener sometido a proceso de manera interminable a alguien que tuvo la “osadía” de investigar la inmensa corrupción.
El caso de Campos, en contraste con el de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, sirven para ilustrar claramente para qué está diseñado el sistema de justicia y cómo es que opera a favor de la impunidad de los operarios de la corrupción y de la persecución absoluta de cualquier que haya tenido la osadía de realizar investigaciones contra los que buscan el dinero público para su propio beneficio.
Por ello es que sostenemos que, aparte de limpiar una institución que pudrieron hasta sus cimientos Consuelo Porras, Ángel Pineda y Curruchiche, es indispensable enfrentar el reto que significa investigar el proceder del Organismo Judicial, no únicamente en cuanto a la venta de plazas sino también en esa forma tenebrosa de operar para destruir el Estado de Derecho. Los jueces tienen que saber que su papel estará siendo observado no solo por una opinión pública harta de tanta porquería, sino también por el ente responsable de la investigación criminal. Y es que manosear la ley para favorecer a los que se han robado millones del erario público es un gravísimo delito que no puede continuarse perpetrando con esa tranquilidad que ahora existe.
Lo que anunció García Luna es vital, pero sin enfrentar el mayor reto, el depurar el sistema de justicia, quedará simplemente en una lista de buenas intenciones porque al llegar a los tribunales los casos que presenten serán conocidos por los mismos operadores de la impunidad.
El reto es mayor porque el Gobierno se acomodó negociando con los grades operadores del sistema, especialmente los diputados, y las reformas necesarias al sector justicia no se ven viables, menos sencillas.
