Entre enero y agosto de 2026, el Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva (OSAR) registró 40 mil 732 embarazos entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años de edad. De esa cantidad, 39 mil 377 corresponden a adolescentes de 15 a 19 años, mientras que 1 mil 355 son niñas de entre 10 y 14 años.
Detrás de estas cifras también existe otra preocupación: ¿qué ocurre con las niñas y adolescentes que, además de enfrentar un embarazo, deben continuar con sus estudios en medio de situaciones de violencia, pobreza o falta de acompañamiento familiar?
En el caso de las adolescentes de entre 13 y 18 años, OSAR contabiliza 28 mil 873 embarazos en el país. De ese grupo, el Ministerio de Educación (Mineduc) reporta 705 niñas y adolescentes integradas a programas de educación extraescolar. Esto representa alrededor del 2.44% de esa población.
Es decir que, al comparar con las más de 40 mil niñas y adolescentes víctimas a nivel país, solo 1.73% de ellas lograron seguir estudiando.
El Mineduc recibe los casos gracias a las redes de instituciones creadas por la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET). En cada uno de los departamentos, entidades como el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) están obligadas a reportar si reciben en los centros o puestos de salud a niñas y adolescentes con signos de violencia.
Las comadronas siguen un sistema similar y tienen la obligación de informar al Ministerio Público (MP) sobre estos casos. Incluso las Direcciones Departamentales de Educación tienen comisiones en cada departamento que deben dar seguimiento si identifican casos de este tipo en los centros educativos.
El viceministro de Educación Extraescolar, Carlos Aldana, explicó que los casos que llegan a estos programas están relacionados, en buena medida, con situaciones de violencia social, física o sexual, explotación y trata de personas. También señaló que algunas adolescentes dejan de asistir a la escuela después de quedar embarazadas, especialmente cuando han sufrido violencia desde edades tempranas.
A esa situación se suman otros obstáculos. Durante un pilotaje realizado en Alta Verapaz en 2025, el Ministerio de Educación identificó casos en los que las adolescentes no continuaban sus estudios debido a la necesidad de trabajar, la falta de orientación psicológica y las dificultades dentro de sus propias familias. Por ejemplo, comentó que la pobreza también puede convertirse en una barrera para pagar transporte, alimentación o útiles escolares.
En algunos casos, incluso la propia familia intenta ocultar el embarazo. Según lo observado durante ese pilotaje del Mineduc, algunas familias buscan que la comunidad no conozca que una niña o adolescente fue víctima de abuso sexual. Por lo tanto, llegan a solicitar atención educativa o institucional hasta etapas avanzadas del embarazo.
Pero el abandono escolar no solo ocurre por las condiciones económicas o familiares. Algunas niñas y adolescentes enfrentan rechazo cuando intentan regresar a un establecimiento educativo. De acuerdo con las experiencias recopiladas por el Mineduc, hay casos en los que directores, cuidadores o compañeros consideran que una niña o joven embarazada ya no debería permanecer en la escuela. Esto las empuja a preferir no regresar.
También conocieron casos en donde las familias completas se desplazan lejos de sus departamentos dado que todo el núcleo estaba siendo amenazado o vulnerado por el agresor. Esto también rompe con la continuidad educativa de las niñas y adolescentes.
De acuerdo con las cifras del viceministerio, los departamentos con mayores índices de violencia son Guatemala, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quiché, San Marcos y Quetzaltenango.
Ante estas situaciones, la educación extraescolar funciona como una alternativa para quienes desean continuar su formación. Las niñas y adolescentes pueden incorporarse a programas a distancia o a otras modalidades que les permiten completar la Primaria, Básicos y Diversificado, además de acceder a cursos técnicos y capacitación laboral.
Para el viceministro Aldana, continuar estudiando forma parte del proceso de recuperación de las niñas y adolescentes víctimas de violencia. «La dignificación pasa por estudiar», señaló. El mantenerse dentro del sistema educativo les permite construir un proyecto de vida.
El objetivo de los programas y la capacitación técnica es que puedan estudiar y graduarse mientras reciben el apoyo necesario para evitar que vuelvan a ser violentadas. En los casos identificados mediante las redes departamentales de atención, el Mineduc y las instituciones intentan localizar a las familias y ofrecer alternativas de estudios.
Pero la cobertura continúa siendo limitada frente al problema. En Alta Verapaz, por ejemplo, los programas atienden a 100 personas, mientras que OSAR había contabilizado 5 mil 233 embarazos entre niñas y adolescentes de 10 a 19 años en ese mismo departamento hasta agosto de 2026.
Para el viceministro Aldana, la necesidad principal es ampliar la cobertura y presupuesto, para tener más personal calificado. Mientras tanto, continúan trabajando bajo esta modalidad.
A través de la educación extraescolar y las capacitaciones técnico-laborales, las niñas adolescentes pueden proyectar una vida más allá de la violencia que atravesaron.
