La Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) destinará Q40 millones a un nuevo sistema de seguridad, control y videovigilancia que será gestionado por el Ministerio de la Defensa Nacional mediante un mecanismo de cooperación y adquisición con el Gobierno de Estados Unidos. El proyecto contempla cámaras, servidores, almacenamiento de imágenes, reconocimiento facial y de contenedores, lectura automatizada de placas y otras herramientas de análisis de video.
El acuerdo fue formalizado el 17 de agosto de 2026 mediante el Convenio Administrativo 01-2026, suscrito entre EPQ y el Ministerio de la Defensa. El documento establece que Defensa será la encargada de conducir la negociación y gestionar ante el Gobierno estadounidense el caso denominado GT-P-LAA, bajo el mecanismo de Ventas Militares al Extranjero (Foreign Military Sales, FMS).
El convenio tiene un valor de USD 5,194,805 —unos Q40 millones, según el monto presupuestado por la portuaria— y una vigencia de cinco años. El pago será realizado por EPQ al Ministerio de la Defensa, que posteriormente gestionará la transferencia de los fondos al Gobierno de Estados Unidos.
La operación se produce después de que Puerto Quetzal permaneciera sin un servicio integrado de circuito cerrado de televisión desde julio de 2025. Un dictamen jurídico de la propia empresa señala que, pese a los esfuerzos para contratar un nuevo sistema mediante una licitación, el proceso no produjo la adjudicación de un servicio de videovigilancia.
UN PUERTO SIN CIRCUITO CERRADO DESDE 2025
La ausencia del sistema de videovigilancia aparece como uno de los antecedentes de la nueva operación. El 27 de noviembre de 2025, el entonces gerente general de EPQ remitió al Ministerio de la Defensa las especificaciones técnicas para un nuevo sistema de seguridad y vigilancia.
Ocho meses después, el 31 de julio de 2026, Defensa entregó a la portuaria una propuesta técnica y económica elaborada por la Comandancia de la Marina de la Defensa Nacional. La contratación se planteó bajo la modalidad de “Negociaciones entre Entidades Públicas”, contemplada en el artículo 2 de la Ley de Contrataciones del Estado.
La Junta Directiva de EPQ aceptó la propuesta el 7 de agosto, aunque condicionó la formalización del convenio a la aprobación de las operaciones presupuestarias y financieras. Seis días después, el órgano directivo aprobó la modificación de su Plan Anual de Compras para incorporar los Q40 millones destinados al proyecto.
El convenio fue finalmente firmado el 17 de agosto y aprobado por la Junta Directiva al día siguiente.
EL PAPEL DE ESTADOS UNIDOS
La participación estadounidense se articula mediante el mecanismo de ventas militares al extranjero, utilizado por el Gobierno de Estados Unidos para gestionar ventas y asistencia de defensa con otros gobiernos.
En este caso, el Ministerio de la Defensa gestionó el proyecto bajo el caso FMS GT-P-LAA, mediante una Carta de Oferta y Aceptación (LOA, por sus sigla en inglés) con el Gobierno de Estados Unidos, que establece las condiciones para el suministro de equipos, asistencia técnica, capacitación e instalación del sistema, según detalló la institución castrense.
La LOA es el instrumento mediante el cual se formalizan las condiciones de una operación de este tipo entre gobiernos. En el proyecto de Puerto Quetzal, el mecanismo contempla no solo la entrega de equipos, sino también asistencia técnica, capacitación, instalación, configuración, pruebas, mantenimiento y soporte.
El Ejército también detalló a La Hora que la coordinación del proyecto corresponde al Ministerio de la Defensa, a través de la Marina de la Defensa Nacional, en conjunto con el Grupo Militar de la Embajada de Estados Unidos, EPQ y otras instancias técnicas. La institución también precisó que la participación estadounidense no supone que Estados Unidos vaya a asumir la seguridad del puerto ni el control operativo del sistema.
La cooperación estadounidense, según la respuesta entregada por Defensa, incluye el suministro de equipos y componentes tecnológicos, capacitación, asistencia técnica, soporte del fabricante, especialistas, integración, instalación, configuración, pruebas y mantenimiento. También contempla seis jornadas de capacitación: dos para operadores de sensores, dos para personal de mantenimiento y dos para administradores del sistema.
MÁS QUE CÁMARAS
El sistema tendrá como mínimo 78 cámaras, aunque el alcance técnico contempla la posibilidad de llegar hasta 263, de acuerdo con los estudios realizados. La configuración base incluye 55 cámaras fijas inteligentes, 20 cámaras PTZ tipo domo, una cámara de largo alcance y dos cámaras térmicas.
Pero el proyecto va más allá de la instalación de cámaras.
El convenio contempla servidores, almacenamiento con capacidad para conservar evidencia durante 90 días, conmutadores, fibra óptica, sistemas de respaldo eléctrico, licencias de software y herramientas de analítica. También incluye software para reconocimiento facial y reconocimiento de contenedores.
Entre las capacidades previstas están la lectura automatizada de placas, identificación de números de contenedores, detección de intrusiones, seguimiento de personas y vehículos, detección de aglomeraciones y eventos, integración con sistemas biométricos y trazabilidad de personas y vehículos.
El Ejército también confirmó que la solución contempla analítica avanzada de video, reconocimiento óptico de caracteres para contenedores, cámaras térmicas y funciones asociadas al reconocimiento e integración biométrica. La institución señaló que estas herramientas deberán utilizarse dentro del marco legal aplicable y bajo los controles institucionales correspondientes.
El sistema cubrirá aproximadamente 2,6 millones de metros cuadrados y funcionará de forma continua. Las cámaras estarán destinadas a accesos, perímetros, áreas restringidas, zonas de manejo y almacenamiento de carga, la interfaz entre buque y puerto y otros puntos considerados estratégicos.
Q40 MILLONES PARA UNA OPERACIÓN INTEGRAL
Los Q40 millones no corresponden únicamente a la compra de cámaras.
El valor establecido en la LOA es de USD 5.194.805. De ese monto, aproximadamente USD 490.110 corresponden a cámaras y accesorios; USD 2.067.833 a equipos de comunicaciones y componentes asociados; USD 146.321 a repuestos; USD 83.328 a capacitación y USD 1.984.093 a asistencia técnica. El monto también incorpora costos administrativos y de transporte.
El mecanismo financiero establece que EPQ transferirá los recursos al Ministerio de la Defensa. Posteriormente, el Ministerio realizará las operaciones presupuestarias y financieras necesarias para transferir los fondos al Gobierno de Estados Unidos.
El convenio establece además que ninguna obligación financiera será asumida por Defensa con recursos propios.
EPQ ASUMIRÁ EL SISTEMA DE CONTROL
La participación de Estados Unidos está planteada para la implementación y sostenimiento inicial de la capacidad tecnológica. La responsabilidad sobre el sistema, sin embargo, permanecerá en Guatemala.
Una vez concluida la recepción definitiva, los equipos serán trasladados patrimonialmente a la Empresa Portuaria Quetzal. EPQ deberá incorporarlos a su inventario y asumir su custodia, operación, mantenimiento y reposición. También deberá cumplir las restricciones de uso, seguridad y transferencia derivadas de la LOA.
En entrevista a La Hora, el presidente de la Junta Directiva de EPQ, José Antonio Lemus, explicó que el convenio responde a una necesidad que la portuaria considera urgente para reforzar la videovigilancia y mejorar los controles de seguridad. Según el vicealmirante, el sistema permitirá fortalecer la detección de distintos tipos de contrabando, desde mercancías y productos que vulneren derechos de marca hasta ilícitos como drogas y armamento.
Lemus señaló además que EPQ solicitó al Ministerio de la Defensa establecer el convenio que permitiera concretar la cooperación con Estados Unidos y que el objetivo es mejorar las capacidades de seguridad de la instalación portuaria.
El Ejército, por su parte, describe el sistema como una herramienta tecnológica de apoyo para la seguridad portuaria y la protección de infraestructura crítica. La institución sostiene que la tecnología podrá generar información y evidencia para apoyar a las autoridades cuando se detecten hechos que requieran intervención de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público.
EL ANTECEDENTE DE LAS COMPRAS DE VIDEOVIGILANCIA
El nuevo sistema de seguridad tiene como antecedente las contrataciones que Puerto Quetzal realizó para mantener la videovigilancia del recinto. En diciembre de 2024, La Hora reveló que la empresa portuaria había realizado 91 compras directas de servicios de videovigilancia por más de Q6 millones, adjudicadas a una misma empresa. Las adquisiciones se produjeron después de que una licitación pública para contratar el servicio no tuviera una adjudicación.
La investigación documentó que las compras fueron realizadas mediante pagos repetitivos y que, de acuerdo con la normativa citada en el reportaje, el fraccionamiento puede configurarse cuando una misma unidad ejecutora realiza varias adquisiciones con el propósito de evadir los procedimientos de cotización o licitación pública. La Contraloría General de Cuentas confirmó entonces que sus auditores evaluaban las 91 adquisiciones y que los resultados serían oficializados al concluir el proceso.
Puerto Quetzal justificó aquellas compras como una medida para garantizar la continuidad del servicio mientras avanzaba un nuevo proceso de licitación. La institución explicó que la decisión buscaba mantener la vigilancia y seguridad del puerto durante la transición entre contratos.
Bajo la lupa de Contraloría servicios que contrató la Portuaria Quetzal por Q6 millones sin licitar
Sin embargo, el servicio integrado de circuito cerrado de televisión terminó en julio de 2025. El propio expediente del nuevo convenio señala que, pese a los esfuerzos realizados para contratar nuevamente el servicio mediante una licitación, no se produjo la adjudicación de un nuevo sistema de videovigilancia.
Es en ese contexto que la Portuaria Quetzal recurrió al Ministerio de la Defensa para desarrollar una nueva solución. Ahora, el convenio tendrá una duración de cinco años con tecnología y capacitación estadounidense.
