Una propuesta presentada al Ministerio Público (MP) plantea crear una Unidad Especializada de Revisión y Descriminalización de Casos para revisar procesos penales que hayan sido abiertos entre 2018 y 2026 que presenten indicadores de una posible criminalización.
La iniciativa fue elaborada por el Cyrus R. Vance Center for International Justice y Dilemas de Fondo, y plantea que la nueva unidad sea temporal, pero con un período de funcionamiento de al menos cinco años.
Su objetivo sería revisar expedientes de forma sistemática y determinar si existen elementos que justifiquen continuar con la persecución penal.
#PORTADADEHOY 📰
📌 El precio de la toga: aspirantes a jueces denuncian cobros de hasta Q350 mil para plaza en el Organismo Judicial. Todos los detalles aquí 👉 https://t.co/27BQuWJoBc pic.twitter.com/MPOtzusFFs— Diario La Hora (@lahoragt) September 17, 2026
La propuesta surge en el contexto del cambio de Fiscal General. El documento recuerda que el 17 de mayo de 2026, durante su toma de posesión, Gabriel García Luna anunció la creación de una comisión especial para revisar los expedientes de personas que, según ese planteamiento, fueron perseguidas políticamente durante la administración de María Consuelo Porras.
Los autores plantean que la unidad permitiría convertir ese anuncio en una estructura con metodología y procedimientos específicos.
¿QUÉ BUSCA REVISAR LA PROPUESTA?
El proyecto establece como período de revisión los procesos penales iniciados entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de mayo de 2026. La unidad podría conocer los casos de oficio o a petición de las personas afectadas.
Para determinar qué expedientes deberían ser revisados, el documento propone una serie de indicadores.
Entre ellos están la existencia de tres o más procesos penales simultáneos contra una misma persona, denuncias sin fundamento identificable, medidas cautelares consideradas desproporcionadas, abuso de la reserva judicial, retrasos injustificados y concentración de causas en determinados juzgados.
La propuesta también contempla criterios específicos para casos de jueces, fiscales y otros operadores de justicia.
Se revisarían expedientes en los que existan simultáneamente procesos disciplinarios y penales, solicitudes de antejuicio, denuncias relacionadas con decisiones adoptadas en el ejercicio de sus funciones o acusaciones que coincidan con investigaciones anticorrupción.
En el caso de comunidades indígenas y campesinas, la unidad revisaría procesos relacionados con disputas por tierras y territorios, acusaciones de usurpación, desalojos y determinados delitos imputados a personas que participaron en movilizaciones sociales pacíficas.
LO QUE OCURRIRÍA CON LOS EXPEDIENTES
La propuesta no establece que todos los casos identificados deban ser cerrados y recuerda que los indicadores únicamente generarían una presunción razonable de posible criminalización y que cada expediente tendría que ser analizado individualmente.
También indica que los procesos con mérito jurídico suficiente deberían continuar.
Cuando la revisión determine que corresponde cerrar un proceso, la unidad podría promover los mecanismos previstos en la legislación penal, según la etapa en la que se encuentre el expediente.
El proyecto contempla, entre otras vías, la desestimación, el sobreseimiento y la declaración de extinción de la acción penal.
El proyecto establece además que, si la unidad asume un expediente, la fiscalía que originalmente lo tenía dejaría de conocerlo y la nueva unidad asumiría la investigación.
La decisión tendría que notificarse al fiscal de origen y al juez contralor dentro de las siguientes 24 horas.
El documento que contiene la propuesta toma como fundamento informes de organismos y organizaciones internacionales, entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el propio Vance Center y la Due Process Law Foundation.
La propuesta cita el informe de la CIDH sobre Guatemala de 2025 y señala que este identificó patrones de criminalización contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, periodistas, legisladores, estudiantes, profesores y miembros de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
A partir de esos antecedentes, el documento plantea que el MP debe revisar los expedientes señalados y utilizar las herramientas que contempla la legislación para poner fin a procesos que no tengan fundamento suficiente, tras el análisis.
