Salvo el que entrega el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de las elecciones, supuestamente el Estado de Guatemala debe ser ajeno al financiamiento electoral que usan los partidos políticos para agenciarse de votos y lograr buenos resultados, pero en la práctica posiblemente el mayor financista de los partidos es el mismo Estado porque el dinero sucio de la corrupción en gran medida termina cumpliendo esa función. Cuando vemos la cantidad de dinero que se roba al pueblo mediante negocios sucios y se trata de seguir la pista del dinero, tiene que entenderse que no solo es una forma de garantizar continuidad a los trinquetes, sino también un mecanismo para “lavar” -si a eso sucio se le puede decir lavar- esos miles de millones mal habidos.
Tanto contratistas como políticos necesitan que la fiesta siga y por ello es que, junto al narcotráfico, el dinero de la corrupción que viene del Estado es la mayor fuente de financiamiento de los partidos políticos, razón que explica la proliferación de los mismos, pues aunque no logren colocar a mucha gente (alcaldes o diputados), pueden disponer de abundantes recursos que, para variar, terminan en los bolsillos de los que se proclaman dirigentes.
Hay gente que se aferra a los contratos porque ya han recibido las coimas o porque los frutos de esos contratos pueden servir hasta para comprar partidos y darles vehículos a quienes quieren participar en política, especialmente aquellos que se quedaron sin vehículo electoral porque a ellos sí los agarraron en una práctica que hacen todos con la recolección inicial de las firmas.
A lo largo de muchas campañas hemos visto cómo un buen porcentaje del dinero que se genera en las contrataciones del Estado se destina a financiar de diversas maneras, incluyendo la compra de votos, las campañas para garantizar la continuidad de esa fuente de ilegal riqueza. Eso fue lo que Semilla y Bernardo Arévalo criticaron de VAMOS en su momento y la verdad es que no hay mayores diferencias entre aquel modus operandi y el actual, especialmente en el Micivi en el que pone la cara Norma Zea, pero que en realidad dirige el poder tras el trono en el Palacio.
Y es que es tal el calibre de lo que anualmente se le roba al Estado, es decir lo que se le roba al pueblo de Guatemala, que destinar unos cuantos millones para los políticos es apenas un pequeño aporte que resulta enormemente rentable.
Ahora estamos nuevamente con la aprobación del presupuesto para el año electoral y vemos cómo crecen las cantidades que se asignan, especialmente a los famosos Consejos de Desarrollo, que los políticos usan como otra plataforma para enriquecimiento y para decir que algo están haciendo por las comunidades. Un cambio significativo en el país, como resultado del mandato contra la corrupción, debió traducirse en una mejor utilización de los recursos del Estado, terminando con esa piñata que hacen los diputados con el famoso presupuesto, pero la triste realidad es otra.
La cola de la corrupción es tremenda y ha generado nuevos tipos de negocios, como la importación de fentanilo, todo lo cual genera millonarias sumas que alcanzan proporciones difíciles de imaginar y que, para mantener el sistema, se destinan a la compra de voluntades. Recordemos el famoso seguro escolar de tiempos de Giammattei, cuando alguna gente pensó que el gobierno estaba protegiendo a la niñez, sin darse cuenta de que era simplemente otro más de los muchos trinquetes y que el dinero paraba, hasta la China, literalmente hablando.
Pero en los meses que vienen aumenta la danza de millones para el financiamiento político, pues la compra de voluntades garantiza que siga la pachanga y se asegure la impunidad existente.
