La semana pasada en las instalaciones del restaurante El Adobe y convocadas por el Frente Amplio por la Democracia (FAD) se llevó a cabo una importante reunión de los partidos políticos y fuerzas sociales progresistas y democráticas buscando la unidad de acción en torno a objetivos comunes, pues estamos conscientes que el progreso de éste país requiere cambios sustanciales para salir del atolladero, verdadero pantano de corrupción que lamentablemente hemos heredado de los sucesivos gobiernos del “pacto de corruptos” (y del inmovilismo de un presidente incapaz de hacerle frente a la dictadura judicial que padecemos) razón por la cual debemos unificar acciones dotándonos de una estrategia común que busque hacer realidad la construcción de una democracia que, por ahora, es pura letra muerta en la Constitución de 1985. Carta Magna que necesita reformarse para recobrar la vida que una corte (la CC) que fue establecida para defenderla se ha encargado no solo de arrebatarle sino que, por ahora, la mantiene muerta y sepultada.
Estamos convencidos que el Pacto Democrático que se suscribió en ésta ocasión es la mejor manera de promover las reformas (políticas, judiciales, económicas, educativas) que Guatemala requiere porque de lo contrario no va a ser posible impulsar ni progreso ni desarrollo alguno, y menos el tipo desarrollo que se sostenga sobre 1) la dinámica de las fuerzas sociales llamadas a influir decisivamente en 2) las políticas públicas (el gobierno) al mismo tiempo que se mantiene 3) el cuidado indispensable tanto en la conservación y protección de los ecosistemas como en la forma de otorgar garantías efectivas a los derechos de las comunidades en sus territorios así como a la naturaleza misma, agredida y expoliada por las acciones destructivas de 4) un sistema económico depredador que carece de controles legales, controles que deben establecerse mediante la legislación pertinente (como la ley de aguas, uno de los logros indudable del MARN bajo la conducción de Patricia Orantes que ojalá sea aprobada en esta legislatura, sino debería formar parte de la agenda legislativa que se comparta en la que se instale en el 2028).
Esto significa que Guatemala necesita un tipo de desarrollo que, para ser sostenible, requiere de la democracia, de modo que precisamente por eso hay que estar claros que el sistema democrático que se quiso construir en 1985 –promulgando una Constitución que permitió terminar con los conflictos armados y suscribir los Acuerdos de Paz de 1996– no solo aún no cobra plena vigencia sino que, a pesar de la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo en 2024 (gracias a la movilización de los 48 Cantones y de los pueblos indígenas, no hay que olvidar esto) las fuerzas retrógradas y antidemocráticas no solo pusieron en la cárcel a distinguidos dirigentes indígenas –como Luis Pacheco y Héctor Chaclán– sino que todavía mantienen el control sobre los organismos legislativo y judicial de modo que, sin temor a equivocarnos, sostenemos que la democracia está por construirse en Guatemala y es por ello que la construcción de la democracia no solo es uno de los principales objetivos estratégicos del FAD, sino que también debemos agregar dentro de ellos la reforma de una Constitución que ya casi cumple sus bodas de oro sin haber podido dar los frutos que todos esperábamos.
Pero, ¿en que consiste ese Pacto Democrático por Guatemala suscrito por cientos de personas y dirigentes de fuerzas sociales así como de partidos políticos democráticos y progresistas el pasado 20 de agosto? Diez principios fundamentales (defensa irrestricta de la democracia; lucha contra la corrupción y la impunidad; lucha por un Estado al servicio del pueblo y del bien común; lucha por el cumplimiento del espíritu de los Acuerdos de Paz; construcción de un Estado plurinacional, multicultural y multilingüe; igualdad y no discriminación; justicia social y económica; participación ciudadana efectiva; respeto a los derechos humanos individuales y colectivos y defensa de la soberanía nacional) se ven complementados por otros diez compromisos políticos (promover la unidad de las fuerzas democráticas y progresistas; elaborar una propuesta programática común para la transformación nacional; rechazar toda práctica de corrupción, clientelismo y violencia política; construir mecanismos colectivos y transparentes de toma de decisiones; resolver sus diferencias mediante el diálogo democrático; impulsar una agenda legislativa y municipal compartida; mantener la autonomía e identidad de las organizaciones integrantes; cumplir el pacto de diálogo amplio que excluya la agresión política; promover la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas y por último, pero no el menos importante, defender la democracia frente a cualquier intento de regresión autoritaria. En eso consiste pues este Pacto Democrático por Guatemala que todos quienes participamos en la reunión del 20 de agosto nos hemos comprometido a cumplir y a respetar teniendo presente que es ante la nación en su conjunto que asumimos dicho solemne compromiso, razón que nos permite reiterar nuestro llamado a todos y a todas las y los ciudadanos dignos para sumarse ampliamente a este esfuerzo destinado a convertirse en un verdadero emprendimiento nacional.
Y nos parece claro también que no siendo el FAD un partido político sino una organización de la sociedad civil que ha promovido un pacto que debería funcionar como una especie de paraguas bajo el cual podrán cobijarse todos aquellos que quieran agruparse a su alrededor, es evidente que no estamos pretendiendo trabajar solo para el corto y mediano plazo electorales (ya Adrián Zapata nos lo recordaba en un artículo publicado en este mismo medio) sino que aspiramos a mantener una presencia permanente en el largo plazo dado que no solo hay compromisos políticos asumidos que así lo indican (promover la participación de mujeres, jóvenes y pueblos indígenas; impulsar una agenda legislativa y municipal compartida; elaborar una propuesta programática común para la transformación nacional) sino todavía más importante son los principios, como el de la construcción de un Estado plurinacional, multicultural y plurilingüe que solo se podrán lograr en el largo plazo, al igual que otros principios, también fundamentales, como la construcción de un Estado al servicio del pueblo y del bien común; de promover la igualdad y la no discriminación; la justicia social y económica; la participación ciudadana efectiva incluyendo aquí el respeto a los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional. En síntesis, construir una nueva hegemonía cultural y social en el largo plazo con base en estos principios es la mayor aspiración del FAD, eso debe quedar absolutamente claro.
No obstante, en el corto y mediano plazo electorales ¿ cuál será el papel que toca jugar a los individuos, organizaciones y entidades políticas que con su presencia refrendaron el Pacto Democrático? Ya los diez compromisos lo ilustran con pertinencia. Sin embargo, hay ciertas orientaciones todavía muy generales que se vislumbran desde ya en el horizonte. Por ejemplo, habiendo contado con la presencia del ciudadano Lionel Toriello ¿ Sería posible pensar en un binomio presidencial integrado por él – posible candidato de VOS – junto a Sonia Gutiérrez, distinguida ciudadana y diputada por el partido WINAK ya que Amílcar Pop, su Secretario General es uno de los suscriptores del Pacto Democrático? Además, el propio LT ha estado insistiendo en sus declaraciones públicas –verdaderas propuestas de gobierno – sobre la importancia de que la próxima legislatura se integre con gente digna (y por cierto, el partido en formación Somos Dignidad del ex constituyente Rafael Arriaga estuvo presente también) para poder acometer no solo esa agenda legislativa compartida que se señala en los compromisos políticos, sino también la agenda de las reformas constitucionales sin las cuales no va a ser posible limpiar el organismo judicial o elegir, en el futuro, diputados que nos representen realmente. Si la reforma del sector justicia que ha propuesto Poder Ciudadano no es aprobada por esta legislatura –lo más probable– quedaría diferida para una reforma más amplia –que incluya al sector político, económico y de educación superior también– en la legislatura del 2028.
Por supuesto, lograr la elección de una mayoría de diputados dispuestos a embarcarse en una reforma constitucional y en una agenda legislativa común (necesitamos una nueva LEPP, dicho sea de paso) en el 2028 no va a ser fácil. No es suficiente pedirnos que no votemos por los 100 que votaron antidemocráticamente por Barret/Barreto en la CC porque de todos modos tendremos que marcar las planillas que ocultan sus nombres, a menos que evitemos votar por los partiditos de alquiler (“franquicia”) y quienes sean sus candidatos a diputados. El “régimen anciano” –como le llama LT pensando en los tres estados de la revolución francesa y su “democracia liberal auténtica” o “democracia burguesa” como le llamarían los marxistas ortodoxos– va a batirse con uñas y garras. No obstante, es perfectamente posible que un ciudadano consciente y mejor informado –gracias a que las redes sociales han sustituido a los medios tradicionales que favorecían la manipulación y la desinformación– permita el triunfo de la gente decente sobre la cleptocracia, del pacto democrático propiciado por el FAD sobre los partidarios de la dictadura judicial. Hagamos votos porque así sea no sin antes expresar nuestro reconocimiento a quienes con su voluntad y trabajo hicieron posible este Pacto Democrático por Guatemala: Miguel Ángel Sandoval, Walter del Cid, Carlos Figueroa, Ariel Rivera, Víctor Gálvez, entre otros, así como a Olga Villalta, diputada por Semilla, quien aportó los fondos que se requerían para la reunión.
