Guatemala se encuentra nuevamente ante una de esas decisiones que pueden marcar el rumbo de las instituciones públicas durante los próximos cuatro años: la elección del próximo Contralor General de Cuentas. No estamos hablando de un cargo administrativo más. Estamos hablando de la persona que estará al frente de la institución responsable de fiscalizar los ingresos, egresos y, en general, el manejo de los recursos públicos. La Contraloría debe auditar cómo se utilizan los impuestos que pagan los guatemaltecos, revisar la ejecución presupuestaria, fiscalizar a las instituciones del Estado y promover acciones cuando existan irregularidades.
Por eso, Guatemala no necesita simplemente un buen contador. Necesita un Contralor honesto, independiente, técnicamente competente y con una trayectoria que pueda ser examinada de arriba abajo.
¿Cómo se elige al Contralor?
La Constitución establece un mecanismo de elección que combina una Comisión de Postulación con la decisión final del Congreso de la República.
El artículo 233 constitucional establece que el Contralor General de Cuentas es electo por el Congreso para un período de cuatro años, mediante mayoría absoluta de los diputados. La elección debe hacerse de una nómina de seis candidatos propuesta por una Comisión de Postulación. La Comisión está integrada por representantes del sistema universitario y de los colegios profesionales vinculados con las ciencias económicas. En el proceso actualmente en marcha participan un representante de los rectores de las universidades, los decanos de las facultades que imparten Contaduría Pública y Auditoría y representantes electos por los profesionales correspondientes.
La responsabilidad, por tanto, está dividida en dos grandes momentos. Primero, la Comisión de Postulación debe seleccionar a los seis mejores candidatos. Después, el Congreso debe elegir a uno de ellos con al menos 81 votos. Y aquí aparece el verdadero desafío, no basta con cumplir los requisitos, la Constitución establece requisitos concretos: el aspirante debe ser mayor de 40 años, guatemalteco, contador público y auditor, gozar de sus derechos ciudadanos, no tener juicio pendiente en materia de cuentas y haber ejercido su profesión durante al menos diez años, además de ser de reconocida honorabilidad y prestigio profesional. Pero cumplir los requisitos legales mínimos no convierte automáticamente a una persona en idónea para dirigir la Contraloría.
La diferencia es fundamental. Una cosa es demostrar que alguien puede ocupar legalmente el cargo y otra, mucho más importante, demostrar que debe ocuparlo.
La propia convocatoria del proceso 2026-2030 ha señalado que la evaluación debe considerar capacidad, especialidad, idoneidad, honradez y honorabilidad comprobada.
Eso significa que la Comisión no debería limitarse a revisar títulos universitarios, diplomas y años de ejercicio profesional. Debe revisar la vida profesional y pública del candidato.
¿Qué significa realmente ser probo?
La probidad no puede reducirse a que un candidato no tenga una sentencia penal. Un funcionario puede no tener una condena y, sin embargo, tener una trayectoria cuestionable, conflictos de interés, relaciones políticas inconvenientes, negocios poco transparentes o decisiones profesionales que despierten dudas razonables sobre su independencia. Por eso, la evaluación debe ser mucho más profunda.
La pregunta no debe ser solamente:
«¿Puede ser Contralor?»
Debe ser: «¿Podemos confiarle la fiscalización de miles de millones de quetzales de recursos públicos?» Y esa pregunta exige revisar su patrimonio, sus antecedentes profesionales, sus relaciones empresariales, sus posibles conflictos de interés, sus actuaciones anteriores en cargos públicos, sus finiquitos, sanciones administrativas, denuncias relevantes y cualquier elemento que permita determinar si existe realmente una trayectoria de honradez. La propia legislación de probidad establece que quienes aspiren a cargos públicos deben demostrar fehacientemente capacidad, idoneidad y honradez. También contempla impedimentos para quienes no reúnan las calidades requeridas o tengan determinadas situaciones pendientes relacionadas con la administración de fondos públicos. Incluso la Contraloría dispone de mecanismos para verificar sanciones y acciones legales administrativas, así como constancias relacionadas con la inexistencia de reclamaciones o juicios pendientes.
Entonces, ¿por qué no utilizar todos esos instrumentos con la máxima rigurosidad antes de escoger al próximo Contralor?
La prueba debe ser patrimonial, profesional y ética, si el Contralor va a fiscalizar el patrimonio público, la sociedad tiene derecho a conocer, dentro de los límites legales, el patrimonio y los posibles conflictos de interés de quien pretende ejercer ese poder.
No debería existir temor a una revisión exhaustiva. Por el contrario: quien aspira a controlar las cuentas del Estado debe estar dispuesto a que primero se controlen sus propias cuentas. La declaración patrimonial no debería verse como un simple trámite burocrático. La propia Contraloría exige declaraciones juradas patrimoniales con información sobre activos y pasivos de los funcionarios obligados. El candidato que no esté dispuesto a someterse a un escrutinio profundo difícilmente puede pretender someter a escrutinio a todo el aparato estatal.
La independencia es tan importante como la honestidad, Existe además un elemento que no puede olvidarse: la independencia. El Contralor tendrá que fiscalizar municipalidades, ministerios, entidades autónomas, organismos del Estado, contratistas y personas que administren fondos públicos. La Contraloría tiene incluso facultades para promover juicios de cuentas y denunciar hechos que puedan constituir delitos.
Por eso, sería gravísimo que quien llegue al cargo tenga compromisos políticos, económicos o personales que puedan condicionar sus decisiones.
El Contralor no puede ser amigo del fiscalizado. No puede ser subordinado del funcionario al que debe auditar. No puede convertirse en operador de una bancada. No puede ser utilizado como instrumento para perseguir adversarios políticos mientras se protegen aliados.
La Contraloría debe fiscalizar al poder, no pertenecer al poder, el Congreso también tiene una enorme responsabilidad. Por ello la Comisión de Postulación tendrá una responsabilidad histórica, pero tampoco puede olvidarse que la decisión final corresponde al Congreso. Los diputados no reciben una lista para simplemente escoger al candidato políticamente más conveniente. Reciben seis nombres entre los cuales deben elegir a quien reúna las mejores condiciones para ejercer una función constitucional de enorme trascendencia. El Congreso debe entender que 81 votos no convierten a una persona en proba. Una mayoría parlamentaria solamente produce una elección formal. La legitimidad real dependerá de la calidad del elegido. Por eso, los diputados deberían explicar públicamente por qué votan por determinado candidato. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron las razones objetivas que llevaron a un diputado a considerar que determinada persona es la más idónea para controlar los recursos públicos.
No queremos otro funcionario de cuotas, Guatemala está cansada de instituciones que terminan funcionando de acuerdo con intereses políticos y no conforme con el mandato que les dio la Constitución. La elección del Contralor no puede convertirse en reparto de cuotas. No puede ser: «yo te apoyo aquí y tú me apoyas allá» y sobre todo no puede ser un intercambio de favores.vNo puede ser una negociación bajo la mesa. Y tampoco puede convertirse en una competencia para escoger al candidato que resulte más cómodo para quienes administran el poder.
El mejor Contralor será precisamente aquel que resulte incómodo para los corruptos, independientemente de quiénes sean.
Porque una Contraloría verdaderamente eficiente no debe tener amigos ni enemigos políticos. Debe tener expedientes. El momento exige responsabilidad El proceso de elección del Contralor para el período 2026-2030 ya está en marcha. La Comisión de Postulación quedó integrada en agosto y debe presentar al Congreso una nómina de seis candidatos; posteriormente corresponderá al Pleno elegir al nuevo Contralor.
La propia Misión Especial de la Organización de los Estados Americanos ha llamado a que el proceso sea transparente, oportuno y basado en méritos. Eso debería ser el mínimo. Pero Guatemala, y los ciudadanos deberían exigir más. Deben exigir probidad comprobada. Deben exigir independencia. Deben exigir experiencia. Deben exigir conocimiento técnico. Y, sobre todo, debe exigir una trayectoria que permita confiar en que la persona que ocupe ese despacho no utilizará la Contraloría para servir a un grupo político o económico.
El Contralor debe temerle únicamente a la ley, la prueba definitiva del próximo Contralor no estará en su currículum. Estará en lo que haga cuando encuentre una anomalía cometida por un poderoso. Estará en lo que haga cuando tenga que auditar a un funcionario de alto nivel y en lo que haga cuando descubra una obra sobrevalorada y cuando encuentre contratos amañados y cuando el responsable sea su amigo.
Y estará, sobre todo, en lo que haga cuando nadie esté mirando.
La verdadera probidad se demuestra cuando el poder toca la puerta y el funcionario tiene la valentía de decir que no. Guatemala necesita un Contralor que no llegue al cargo para agradecer favores, sino para cumplir una obligación constitucional. Porque el próximo Contralor General de Cuentas no debe ser el hombre de ningún partido, de ningún grupo económico ni de ninguna corriente política. Debe ser, sencillamente, el hombre de la ley y de Guatemala.
Y si la Comisión de Postulación y el Congreso realmente quieren recuperar la confianza ciudadana, esta es su oportunidad: elegir no al candidato más conveniente, sino al más probo, al más independiente y al más capaz.
Guatemala no necesita otro funcionario que mire hacia el poder para saber qué decisión tomar. Necesita un Contralor que mire los números, encuentre la verdad y tenga el carácter para defenderla.
