Tuve la oportunidad de asistir a nivel departamental a una discusión pública sobre justicia y gobernanza institucional. La discusión sobre la importancia de la problemática no presentó diferencia alguna generacional (18-30 años, 30 a 60, mayores de 70). Al entrar a la interpretación la discusión perdió confluencia y no digamos ante la solución. Esto me llevó a plantearme la pregunta ¿realmente es un valladar lo intergeneracional en cuestiones de problemas públicos? Yo creo que sí y a la vez lo veo como uno de los núcleos más complejos y menos resueltos de la sociología política.
El problema de la política intergeneracional no es nada nuevo. Organismos como la CEPAL o el PNUD, han abordado las asimetrías en la cultura cívica y las percepciones de la legalidad entre distintas cohortes de edad. Ellos han señalado que cuando un problema –como el que mencioné– es reconocido de manera unánime y la conversación se empobrece sin generar síntesis, intervienen factores estructurales, cognitivos y lingüísticos profundos. A mí lo que me llama a reflexión es encontrar que cada cohorte demográfica había construido su noción de «justicia» bajo regímenes de socialización distintos y bajo experiencia histórica diferente. Me explico:
Los adultos mayores (70+) fueron formados en contextos donde la estabilidad del Estado —a veces autoritaria o tutelar— era el eje rector, la interpretación y solución de los participantes tendía a valorar la jerarquía formal y la continuidad institucional como salvavidas frente al caos de justicia e institucionalidad.
En cambio, la generación intermedia (30 a 55/60 años), vivió las transiciones democráticas, las ilusiones frustradas de las reformas de los años 90 y la instalación de la violencia o la corrupción sistémica como paisaje cotidiano. Su discurso gravitaba en torno a inestabilidades vivenciales vividas, carencia de importancia en el procedimiento legal y frustración burocrática y el reclamo de eficiencia.
Los jóvenes (18 a 30 años), eran nativos de una era de hiperconectividad digital y de profunda desafección hacia los aparatos estatales tradicionales (ni abuelos ni padres participantes de una verdadera ciudadanía). Para ellos, las instituciones formales no son garantías de justicia, sino estructuras opacas, lentas o colapsadas. Su lenguaje político es más inmanente, desconfiado de las grandes narrativas y orientado a la inmediatez o a la acción directa.
Es pues evidente que el diálogo se empobrece porque los grupos utilizan las mismas palabras (justicia, orden, ley, corrupción), pero cargan esos significantes con contenidos operativos totalmente incompatibles. Para el adulto mayor, la justicia era sinónimo de castigo ejemplar y jerarquía respetada. Para el adulto, se traducía en equidad algorítmica, derechos identitarios o la destrucción de un sistema al que consideran intrínsecamente viciado. Los jóvenes consumidores de flujos de información fragmentados y desinstitucionalizados (dinámicas de redes, micro-narrativas), hacían fluctuar la opinión carente de análisis y más de pasión.
Fue evidente que, al no existir un sustrato conceptual compartido, la discusión degeneró en monólogos cruzados intergeneracionales, donde cada grupo defendió su trinchera ontológica sin lograr traducir su postura al código de los demás.
En una sociedad tan fracturada como la nuestra, los espacios tradicionales de socialización política (los partidos, los sindicatos, la academia clásica e incluso la familia extendida) han perdido eficacia como puentes de traducción política y social intergeneracional. Para superar la ruptura intergeneracional y reconstruir el tejido cívico, es imperativo crear nuevas plataformas de deliberación comunitaria y pedagógica que traduzcan la experiencia histórica acumulada en soluciones técnicas y pragmáticas compartidas por todas las edades.
