La falta de jueces que arrastra el Organismo Judicial comienza a hacerse visible dentro de los propios tribunales. Jueces y magistrados han trasladado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que preside Claudia Paredes, su preocupación por la sobrecarga de trabajo y el riesgo de que la ausencia de titulares aumente la mora judicial.
Una carta recibida por la Corte Suprema y enviada por la Junta Directiva del Instituto de Jueces y Magistrados de Trabajo y Previsión Social (IJUMAT) señala la situación de tres juzgados laborales de Guatemala. La organización pidió a los magistrados del máximo tribunal nombrar jueces titulares en los Juzgados Segundo y Tercero Pluripersonales de Trabajo y Previsión Social y designar un juez titular temporal para el Juzgado Sexto Pluripersonal de la misma materia.
La solicitud fue acordada por la Junta Directiva del IJUMAT en una sesión celebrada el 3 de julio. En la carta, a la que tuvo acceso La Hora, la organización advierte que los tres juzgados «están a cargo de un solo juez titular», pese a que se trata de una rama de la justicia en la que «predomina una alta carga de trabajo».
Los juzgados pluripersonales están diseñados para funcionar con más de un juez titular. En este caso, cada uno de los despachos señalados por el IJUMAT debería contar con dos jueces titulares —identificados como juez A y juez B— para distribuir la carga de trabajo y garantizar la atención de los procesos. Sin embargo, la solicitud enviada a la Corte Suprema señala que los tres juzgados actualmente «están a cargo de un solo juez titular», por lo que la organización pide completar las plazas que permanecen vacantes.
Para el instituto, la falta de personal puede terminar afectando a quienes esperan una resolución judicial. «Es necesario que se nombre Juez de Primera Instancia para cada uno», señala la carta. El IJUMAT añade que, debido al procedimiento establecido en el Código de Trabajo, existen procesos que pueden quedar «en estado de resolver definitivamente» desde la primera audiencia.
La organización advierte, por ello, que no contar con jueces puede generar «mora judicial en esos juzgados» y repercutir directamente en los usuarios del sistema de justicia.
EL CASO NO ES AISLADO
La petición llega semanas después de que la propia Secretaría de la Corte Suprema reconociera, en otro expediente, que el Organismo Judicial no dispone de suficientes jueces suplentes para cubrir determinadas vacantes temporales.
En julio, el secretario de la CSJ, Emanuel Molina Castañeda, explicó a una jueza de Paz que la institución había recurrido a designaciones extraordinarias ante la falta de jueces suplentes disponibles. Entre las razones expuestas por la Secretaría figuraba la participación de 80 jueces en el Programa de Formación Inicial para Aspirantes a Jueces de Primera Instancia.
La falta de personal llevó a la jueza Rosmery Janeth Rosil Santos, titular del Juzgado Séptimo de Paz Civil de Guatemala, a asumir simultáneamente las funciones del Juzgado Sexto de Paz Civil. Rosil Santos sostuvo que era «materialmente imposible» atender ambos despachos al mismo tiempo y cuestionó que una medida concebida como excepcional se prolongara durante meses.
La jueza había sido designada desde el 8 de junio para cubrir la ausencia del titular del Juzgado Sexto sin dejar sus funciones en el Séptimo. La ausencia se extendería aproximadamente un año debido a la participación del titular en el programa de formación.
El caso mostró una primera dimensión de la escasez: ante la falta de suplentes, el Organismo Judicial ha trasladado la carga de los juzgados sin titular a otros jueces en funciones.
La carta del IJUMAT muestra ahora que el problema también alcanza a la justicia laboral, donde tres juzgados funcionan con un solo juez titular pese a la carga de trabajo que, según la propia organización de jueces y magistrados, soportan esos despachos.
ESCASEZ DE JUECES SE TRADUCE EN SOBRECARGA
La situación ocurre en un sistema judicial que cuenta con una cantidad de jueces inferior a la referencia internacional utilizada para medir la capacidad de respuesta de los tribunales.
Un reportaje publicado por La Hora, elaborado con información oficial obtenida mediante la Ley de Acceso a la Información Pública, estableció que Guatemala cuenta con 7.7 jueces por cada 100 mil habitantes, frente a los 17 por cada 100 mil habitantes utilizados como referencia internacional.
La escasez no se distribuye de manera uniforme. Mientras el departamento de Guatemala concentra 16 jueces por cada 100 mil habitantes, Alta Verapaz apenas alcanza tres; Quiché, 3.43; y Chimaltenango, cuatro.
El nuevo reclamo surge, además, mientras la Corte Suprema tiene pendiente resolver 145 plazas vacantes en distintos departamentos del país: 91 corresponden a jueces de Primera Instancia y 54 a jueces de Paz.
La coincidencia coloca los nombramientos pendientes en el centro de un problema que ya tiene efectos dentro de los tribunales. Mientras la Secretaría de la CSJ ha reconocido que carece de suplentes suficientes para cubrir determinadas ausencias, los jueces laborales advierten ahora que mantener órganos jurisdiccionales con un solo titular puede generar retrasos para los usuarios.
Mientras la CSJ define los nombramientos pendientes, los tribunales continúan funcionando con las plazas disponibles. La petición del IJUMAT pone sobre la mesa el efecto más inmediato de esa escasez: cuando no hay suficientes jueces, el retraso no queda dentro de los despachos. Termina alcanzando a quienes esperan justicia.
