Las solicitudes de captura contra los fiscales Rafael Curruchiche y Saúl Sánchez, dos figuras relevantes durante la administración de María Consuelo Porras en el Ministerio Público (MP), encontraron un primer obstáculo en los tribunales.
Curruchiche es el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) y Sánchez Molina, exjefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, ambas del Ministerio Público (MP).
Las peticiones contra ambos fueron conocidas por la jueza María Benilda Sandoval Valdez, quien rechazó las órdenes de aprehensión solicitadas por la Fiscalía.
Posteriormente, el expediente relacionado con Curruchiche quedó en manos del juez Fredy Orellana, quien dejó sin efecto medidas que habían sido autorizadas inicialmente.
Ambos jueces aparecen vinculados a distintos momentos de los expedientes que la nueva administración del MP, encabezada por Gabriel García Luna, impulsa contra quienes ocuparon cargos relevantes durante la gestión anterior del ente, a cargo de María Consuelo Porras.
MP SE ENFRENTARÁ A DICTADURA DE COOPTACIÓN JUDICIAL
Expertos explicaron a La Hora en la nota, «Cambió el MP con García Luna, pero no el tablero: el sistema judicial que acompañó a Porras sigue en pie«, que los casos de los exfiscales muestran el terreno en el que tendrá que moverse el MP de García Luna.
“Sí, el MP se va a enfrentar a esta dictadura de cooptación judicial”, sostiene Javier Urízar, abogado constitucionalista y especialista en derechos humanos. Pero considera que el obstáculo judicial no puede convertirse en una excusa para que la Fiscalía deje de actuar.
En el trabajo, Hugo Mangione, abogado y coordinador del Programa Centroamérica y el Caribe del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), subraya que el problema es más profundo.
La impunidad durante los ocho años de Porras, sostiene, no dependió únicamente del MP. También necesitó de la actuación de determinados jueces y magistrados.
MARÍA BENILDA SANDOVAL, LA JUEZA QUE RECHAZÓ LAS CAPTURAS
María Sandoval es la titular del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal y Delitos contra el Ambiente para Diligencias Urgentes de Investigación de Guatemala.
Desde ese órgano jurisdiccional conoció las solicitudes planteadas por el MP para capturar a Curruchiche y Sánchez, señalados en un caso por presuntos allanamientos ilegales cometidos en Antigua Guatemala.
Según la información, Sandoval consideró que no existían motivos suficientes para autorizar las órdenes de captura y rechazó ambas solicitudes.
Sin embargo, su intervención en el caso de Curruchiche no terminó con el rechazo de la captura. La jueza sí había autorizado inicialmente otras diligencias, como un allanamiento y la citación del exfiscal para que compareciera a primera declaración.
En el caso de Sánchez, la actuación fue distinta. La jueza negó la orden de captura y posteriormente el proceso continuó por otra vía.
Una investigación posterior estableció que el expediente está relacionado con presuntos allanamientos ilegales en Antigua Guatemala y que Sánchez fue citado a primera declaración.
La jueza también aparece en otro expediente reciente, ocurrido el 5 de mayo de 2026, cuando autorizó al MP realizar allanamientos, inspecciones, registros y secuestro de evidencia dentro de una investigación relacionada con posibles anomalías en el Fondo Social de Solidaridad del Ministerio de Comunicaciones.
La resolución fue emitida durante una audiencia unilateral urgente y posteriormente Sandoval se inhibió de continuar conociendo el proceso.
JUEZA EN SACATEPÉQUEZ REPROGRAMÓ LA AUDIENCIA DE SÁNCHEZ
Sánchez, debía comparecer ante un juzgado de Sacatepéquez por una investigación relacionada con presuntos allanamientos ilegales; sin embargo, la audiencia fue reprogramada para el 8 de diciembre por la jueza Melida Vásquez de Orellana.
La togada lidera el Juzgado de Primera Instancia Penal de Sacatepéquez. Dentro de algunos de los casos que ha llevado se encuentra un antejuicio que se promovió en contra del alcalde de Antigua Guatemala, Juan Manuel Asturias, por el que la jueza recomendó no retirarle la inmunidad.
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FREDY ORELLANA, EL JUEZ QUE DEJÓ SIN EFECTO LAS MEDIDAS CONTRA CURRUCHICHE
Fredy Orellana es titular del Juzgado Séptimo Penal y es otro de los jueces que intervino en el expediente relacionado con Rafael Curruchiche.
Después de que Sandoval rechazara la orden de captura, pero autorizara un allanamiento y la citación a primera declaración, el expediente de Curruchiche fue asignado a Orellana.
El sancionado internacionalmente, posteriormente, dejó sin efecto ambas medidas.
Orellana no es un juez ajeno a los casos vinculados con Curruchiche. El expediente conocido como Corrupción Semilla, una de las investigaciones de mayor repercusión política impulsadas durante la gestión de Porras, también estuvo bajo su conocimiento.
De acuerdo con los antecedentes, el juez canceló la citación de Curruchiche que había sido programada después de la decisión inicial de Sandoval.
Su nombre también ha estado relacionado con resoluciones judiciales de alto impacto. En octubre de 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) detuvo una orden de nulidad absoluta de los resultados electorales de 2023 emitida por Orellana y le ordenó abstenerse de tomar decisiones contrarias a la Constitución.
El documento consultado también señala que el juez fue sancionado por 44 países por acciones consideradas antidemocráticas.
EL CASO: EL MP PIDIÓ CAPTURAR A DOS EXFISCALES DE CONFIANZA DE PORRAS
Las solicitudes de captura forman parte de las primeras investigaciones emprendidas por la administración de Gabriel García Luna contra funcionarios de la anterior gestión del MP.
Curruchiche dirigió la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en una gestión que quedó marcada por negarse a investigar casos en que estaba involucrado el expresidente Alejandro Giammattei, principalmente, por el caso Sputnik,entre otros casos. El entonces fiscal se negó a solicitar orden de captura contra exgobernante y su pareja, Miguel Martínez.
Sánchez, por su parte, encabezó la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación y estuvo a cargo de la investigación conocida como Toma Usac.
Las investigaciones impulsadas por la nueva administración del MP llevaron a solicitar órdenes de aprehensión contra ambos exjefes fiscales por presuntos abusos cometidos durante el ejercicio de sus funciones.
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