El presidente Bernardo Arévalo anunció la creación de un mecanismo interinstitucional para brindar atención y acompañamiento a las personas guatemaltecas que permanecen en el exilio y establecer las condiciones para un eventual retorno seguro y digno al país.
Durante la presentación de un informe sobre el exilio guatemalteco, Arévalo señaló que el fenómeno tiene antecedentes en distintas etapas de la historia nacional y afirmó que las recientes salidas del país están relacionadas con procesos de persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y operadores de justicia.
Como parte de las acciones anunciadas, el presidente mencionó tres líneas de trabajo. La primera consiste en coordinar con el Ministerio Público (MP) y otras instituciones para promover acciones que permitan reducir la instrumentalización de la justicia y garantizar que las personas exiliadas tengan información clara sobre su situación jurídica.
#AhoraLH | El presidente Arévalo tambien menciona las recomendaciones que el informe realiza para saldar las deudas y para prevenir la persecución de guatemaltecos que luego pasan al exilio.
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La segunda busca fortalecer los mecanismos institucionales de atención a defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y operadores de justicia, con el objetivo de prevenir nuevos casos de persecución mediante procesos judiciales.
La tercera contempla la creación de un mecanismo interinstitucional para atender y acompañar a las personas que continúan fuera del país, que incluya la implementación de un plan que permita un retorno seguro y digno para quienes decidan regresar a Guatemala.
El mecanismo estará coordinado por dependencias de la Presidencia y contará con la participación de instituciones como la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex), el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) y la Procuraduría General de la Nación (PGN).
#AhoraLH | El presidente Bernardo Arévalo hace mención de lo que significa tanto para el gobierno como para su persona la entrega del informe sobre el exilio de guatemaltecos, así como de la deuda que tiene el Estado con ellos.
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El Gobierno también prevé convocar a otras instituciones según las necesidades de cada caso.
Arévalo sostuvo que el exilio actual representa una expresión distinta de problemas relacionados con el abuso de poder y la falta de garantías para ejercer derechos políticos y ciudadanos. También afirmó que algunas personas tuvieron que abandonar sus trabajos, proyectos y familias debido a procesos que, según indicó, utilizaron instituciones de justicia para perseguirlas.
Arévalo reconoció que la reconstrucción de la confianza en las instituciones de justicia requerirá tiempo y acciones sostenidas por distintos gobiernos. Aseguró que su administración continuará trabajando en la implementación del mecanismo y en la protección de los derechos humanos.
UNA DEUDA DEL ESTADO»
Al recibir el informe, el presidente Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala conoce el exilio desde hace generaciones y recordó que él mismo es “hijo del exilio”, debido a que su familia tuvo que vivir fuera del país durante aproximadamente 20 años por razones políticas.
Arévalo señaló que el exilio documentado en el informe representa una repetición, bajo un contexto diferente, de una historia de persecución y abuso del poder.
“Guatemala los ve y los reconoce”, afirmó el presidente, quien reconoció una deuda del Estado con las personas que han sufrido persecución, criminalización y exilio por defender la justicia y la democracia.
¿ES POSIBLE SU REGRESO?
El mecanismo anunciado por el presidente Bernardo Arévalo puede facilitar información, documentación y acompañamiento para las personas que permanecen en el exilio, pero enfrenta una limitación central: el Ejecutivo no controla el sistema de justicia.
Según Luis Miguel Reyes, director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, el Gobierno puede coordinar con Cancillería, Migración y otras instituciones para facilitar un eventual retorno, pero no tiene la facultad de cancelar órdenes de captura, cerrar procesos penales ni garantizar que una persona no sea detenida al regresar al país.
Por ello, Reyes considera que cada caso debe evaluarse de manera individual. Primero se debe conocer la situación jurídica de la persona y determinar si existe una orden de captura o un proceso pendiente. Después, establecer las condiciones y riesgos de un eventual retorno.
El principal desafío, señala el analista, permanece en el sistema de justicia, debido a que las decisiones sobre los procesos y las posibles órdenes de captura dependen del Ministerio Público y de los jueces.
Así, el mecanismo del Ejecutivo puede servir para informar, evaluar y acompañar, pero no puede garantizar por sí mismo un retorno seguro mientras las situaciones judiciales de los exiliados permanezcan vigentes.
