Ante la inquietud que los Estados Unidos quiere realizar cobros a inmigrantes deportados a Guatemala, México y Honduras, surge la pregunta qué tan viable es que Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) contrate una empresa privada para venir a Guatemala a localizar deportados y cobrarles, al respecto la viabilidad de que la CBP contrate una empresa privada para rastrear y cobrar multas a deportados en Guatemala es operativamente baja y legalmente compleja, a pesar de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos ha lanzado convocatorias formales para este propósito. Hasta el viernes pasado vencía el plazo para la presentación de propuestas de las empresas para optar a ser escogida para realizar cobros a inmigrantes deportados en Guatemala por el Gobierno de Estados Unidos.
Respecto a que la empresa debe probar la ubicación con fotos de casas recibos de servicios y registros laborales, surge la inquietud que si eso no violaría la privacidad y seguridad de los guatemaltecos en su propio país, si pasara como lo describen, esto es lo que pasaría legalmente: Se violarían varias leyes entre ellas que el tomar fotos de casas sin permiso violaría el Art. 24 de la Constitución de la República de Guatemala relacionado con la Inviolabilidad de la vivienda, adicionalmente la Ley de Protección de Datos Personales, ya que entrar o fotografiar propiedad privada sin orden judicial es calificado de allanamiento.
Solicitar recibos de luz/agua por la empresa violaría la Ley de Protección de Datos Personales Decreto. 8-2022, ya que los datos de servicios son «datos personales» y solo se dan con orden de juez. El solicitar registros laborales se consideraría violación del Código de Trabajo, así como la Ley de Protección de Datos Personales y el empleador no puede dar la información laboral de la persona a una empresa extranjera sin el consentimiento de ella, pudiendo enfrentar una demanda legal.
El cobrar deudas de otro país se consideraría violación del Código Civil y de la soberanía de Guatemala, no se tiene tratado para que EE. UU. ejecute cobros civiles en Guatemala, lo que se consideraría cobro coactivo ilegal. En el caso que el Gobierno de EE. UU. puede intentar cobrarle a alguien si esa persona vuelve a la Unión Americana es diferente a querer enviar empresas a Guatemala a investigar, fotografiar y cobrar, lo que sería ilegal, se recalca.
Existe la inquietud de qué tan viable es que CBP contrate una empresa privada para venir a Guatemala a localizar deportados y cobrarles, indicando que la empresa debe probar la ubicación del deportado con fotos de casas, recibos de servicios y registros laborales, esto sería violar la privacidad y seguridad de los guatemaltecos en su propio territorio, lo que es correcta la observación ya que reitero realizar dichas acciones como mencioné anteriormente constituye violar la privacidad y seguridad de guatemaltecos amparados en legislación establecida en Guatemala para protección.
Se habla de US$423 millones en multas a 66,387 personas, pero la pregunta es de dónde se origina la cifra de multa de US$998.00 por día establecida y por qué muchos migrantes no saben que tienen esa deuda. La cifra de US$998.00 por día proviene de una ley de 1996 ajustada por inflación, aplicada a inmigrantes que no acataron una orden final de deportación emitida por un juez migratorio. Muchos lo ignoran porque las notificaciones se envían a direcciones viejas no actualizadas, se emitieron retroactivamente, cambio de hogar y de estado o fueron deportadas las personas sin saber que existía un proceso en su contra. A diciembre de 2024 había 253,455 inmigrantes guatemaltecos con órdenes finales de deportación, no capturados por ICE, quienes ya cuentan con dicha multa acumulada.
El gobierno está aplicando de forma retroactiva los US$998.00 diarios hasta por cinco años atrás, causa deudas acumuladas superiores a US$1.8 millones por persona, sumando 66,387 afectados según el gobierno estadounidense sin especificar nacionalidades y un total de US$423 millones que el Departamento de Seguridad Nacional, busca rastrear mediante contratistas internacionales en países como Guatemala, Honduras y México.
Muchas personas inmigrantes desconocen que tienen una orden final de deportación, cómo se da dicha situación: Dentro de las razones por las que el inmigrante desconoce la deuda principalmente están los procesos en ausencia (in absentia) en cortes migratorias, en dónde muchos casos se resolvieron ante un juez migratorio, sin la presencia del inmigrante que tiene juicio en corte migratoria al no presentarse por miedo a ser capturados o porque nunca recibieron la citación original. Hay una posibilidad de poder por medio de abogado, solicitar que la audiencia pueda realizarse por videollamada, solicitud que debe presentarse con 10 días de anticipación a la audiencia y el juez decida si la aprueba, lo que evita presentarse.
También las notificaciones civiles se envían a los últimos domicilios registrados en EE. UU. y si no hay notificación de cambios por el interesado, es perjudicado por lo que debe realizarlo de forma inmediata.
No son alertados formalmente por las cancillerías o consulados de la conveniencia de actualizar sus datos ante cortes migratorias, lo que conlleva serios problemas en sus procesos y que deben efectuar en forma responsable.
Se debe advertir de cómo una preocupación es que las personas deportadas caigan en estafas por desconocimiento, qué modalidades de estafa pueden surgir con este plan de cobros. Recordemos que los delincuentes aprovechan la confusión y el temor de inmigrantes, por lo que dentro de las principales modalidades de estafa que pueden surgir incluyen: Llamadas de falsos cobradores o supuestos tramitadores, realizando llamadas telefónicas intimidatorias de personas que se hacen pasar por agentes de migración, representantes del Gobierno de Estados Unidos, o abogados, exigiendo pagos urgentes para evitar procesos judiciales mayores.
El considerar propuestas de promesas de anulación de multa a cambio de una pago anticipado mediante giros de dinero o depósitos a cuentas personales de supuestos intermediarios son estafa, falsas gestiones ofrecimiento de trámites o perdones migratorios garantizados que supuestamente limpiar el historial de la multa de los deportados para poder viajar de nuevo a Estados Unidos a cambio de fuertes sumas en efectivo, por lo que no deben caer en engaños.
Si a un deportado en San Marcos llega una persona con un documento que dice DHS y le exige pago por http://Pay.gov, el deportado ¿cómo verifica si es real o una extorsión?
Cualquier exigencia presencial o cobro directo en territorio guatemalteco a nombre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) o de Pay.gov es una extorsión o estafa, ya que las agencias de EE. UU. no envían cobradores a buscar personas puerta a puerta a Guatemala ni exigen pagos en efectivo o transferencias locales. La posibilidad de detectar el engaño reitero que la Jurisdicción es nula ya que tanto DHS y la CBP no tienen potestad legal ni personal operativo para realizar cobros coactivos o notificaciones de multas de forma presencial en Guatemala.
Falsas notificaciones que deben tener cuidado, ya que los delincuentes aprovechan noticias sobre regulaciones migratorias para fabricar documentos falsos con logos oficiales y asustar a los deportados. Uso indebido de plataformas, aunque Pay.gov es un sitio web legítimo del Gobierno de EE. UU. para pagos federales, los estafadores lo mencionan o pueden realizar enlaces falsos para dar apariencia de legalidad a sus cobros fraudulentos.
Pasos para verificar y denunciar
No entregue dinero ni datos, bajo ninguna circunstancia realice pagos, nunca entregue dinero en efectivo o cheques, números de cuenta de ahorros o información personal a la persona que se presente con el documento
Es conveniente denunciar la extorsión, pudiendo comunicarse en Guatemala, de inmediato y de forma anónima al 1561 de Crime Stoppers, al Ministerio Público, al Ministerio de Relaciones Exteriores 2410-0000, Conamigua o al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC). Por lo que sugeriría que la cancillería guatemalteca así Conamigua pongan a disposición un número de teléfono para recibir denuncias y que sean procesadas ante la instancia correspondiente como entes vinculados a la temática migratoria.
¿Qué debe hacer inmediatamente una persona que reciba esa notificación de cobro?
Si recibe una notificación de cobro de multa migratoria de EE. UU. en Guatemala, no la ignore, pero no firme nada, NUNCA entregue dinero de inmediato. Usted puede considerar la siguiente recomendación e indicaciones como una sugerencia; No ceda a presiones ya que las empresas o cobradores contratados por agencias estadounidenses (como CBP) no tienen facultades de ejecución legal directa o embargos en territorio guatemalteco.
Compruebe la autenticidad, debiendo asegurarse de que las instrucciones correspondan al portal oficial estadounidense Pay.gov y no a cuentas bancarias locales de terceros o llamadas de extorsión, a la vez desconfíe de intermediarios locales de su población, verifique que no se trate de bufetes o personas particulares aprovechándose de la medida para estafar en el país.
Reitero que la Autoridad Migratoria Nacional presidida debe obligar a que el Ministerio de Relaciones Exteriores debe implementar oficina de asistencia y orientación, conjuntamente con Conamigua al tener oficinas en varios departamento de Guatemala y brindar asesoría legal para evitar estafas a deportados.
¿Puede una empresa extranjera operar legalmente en Guatemala haciendo cobranza sin autorización del Gobierno?
La respuesta es No, una empresa extranjera no puede operar de forma legal en Guatemala realizando gestiones de cobro sin cumplir con los registros y la autorización correspondientes establecidos en ley y ante las autoridades del Estado. Cualquier entidad internacional que actúe en el territorio nacional está obligada a regirse por la legislación del país y a someterse al marco jurídico local. Reiterando que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Autoridad Migratoria Nacional o Conamigua deben instalar personal que atienda las inquietudes que se presenten por deportados y generar campañas de información masiva escrita, radial y televisiva, así como en redes sociales, tanto en castellano e idiomas mayas.
Si el deportado simplemente no paga estando en Guatemala, ¿Qué consecuencias reales enfrenta, afecta su historial crediticio o sus propiedades?
Si la deuda fue contraída en Estados Unidos con un banco o una financiera de dicho país, no afecta directamente el historial crediticio en el sistema financiero de Guatemala ni pone en riesgo propiedades registradas en territorio guatemalteco, debido a la limitación de jurisdicción internacional. Si afecta si la persona tuviera gestiones de solicitud de asilo, residencia, visa Vawa, U, solicitud de visa para ingresar a Estados Unidos, definitivamente sí afectará.
La CBP ya tenía 3 agencias de cobranza dentro de EE. UU. y hasta julio 2026 no había localizado a nadie fuera como deudor, se podría considerar que el plan funcionará ahora?
El nuevo plan de la CBP no busca operar mediante cartas o llamadas internacionales desde EE. UU, método que falló hasta julio de 2026, sino buscan contratar personal en México, Guatemala y Honduras para hacer observación física, ubicar domicilios y exigir el pago directamente cara a cara, considerando que es una presión psicológica directa ya que de darse el contacto en la propia comunidad o lugar de trabajo, busca presionar al pago o disuadir futuros intentos de retorno de migrantes a Estados Unidos, a pesar de las críticas sobre la viabilidad real de cobrar a personas que ya carecen de recursos en sus países, considerando que no funcionará.
¿Hay inquietudes que si la medida de cobro será efectivo o como una estrategia disuasoria para que los migrantes no se queden ilegalmente en Estados Unidos?
La política de Estados Unidos de imponer multas de hasta $998.00 dólares diarios a migrantes con órdenes de deportación funciona principalmente como una estrategia disuasoria para forzar la autodeportación, utilizando la aplicación CBP HOME para abandonar EE. UU., ofreciendo el pago de pasaje así como el aporte de US$2,600 dólares al estar en el país y perdonar las deudas.
Pero no se advierte que al salir se aplica la Ley de Migración en la que se establece de 1 a 20 años o indefinidamente no poder retornar a la Unión Americana, por lo que sugiero que consulte con un abogado migratorio antes de tomar la decisión y ver si cuenta con opciones de beneficio migratorio antes de decidir su salida. El propio gobierno de EE. UU. reconoce la imposibilidad de cobrar sumas millonarias en el extranjero.
Hasta ahora los gobiernos de Guatemala, México y Honduras no han fijado postura oficial. ¿Qué debería exigir el Ministerio de Relaciones Exteriores ante esta operación?
El Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) debería exigir formalmente a Estados Unidos que respete la soberanía nacional, estableciendo una postura interinstitucional firme para impedir que empresas extranjeras realicen operaciones de cobro y hostigamiento ilegal en territorio guatemalteco, que lo veo muy difícil que se realice o casi imposible por represalias económicas por la administración Trump, y considerar presentar una postura en conjunto con México y Honduras en protección a inmigrantes y campañas de orientación, realizando un análisis jurídico y una guía para poder orientar a deportados.
Procuraduría General de la Nación debe garantizar que cualquier actividad de cobro o notificación cumpla de forma estricta con las leyes de Guatemala, evitando abusos o vulneración de la privacidad de los datos personales de los ciudadanos y reitero brindar asesoría legal y de protección para orientar a las familias y deportados sobre sus derechos ante estas medidas de presión económica desde el extranjero.
¿El consejo que le daría a los guatemaltecos deportados, es mantener la calma, no ceda al miedo, no entregue dinero o documentos de su hogar a personas extrañas que lleguen a visitarlo o amenazar con confiscar sus bienes por deuda con el Gobierno de EE. UU.
Denuncie anomalías en el caso que alguna persona o empresa intente amedrentarlo u obligarlo a firmar documentos irregulares sobre sus propiedades, NO LO HAGA, acuda de inmediato al sistema de justicia nacional o consulte con organizaciones de apoyo al migrante como Conamigua, que debe brindarles la asistencia de orientación legal gratuita.
El presidente de la República advirtió que cualquier gestión o cobro extranjero debe respetar estrictamente la legislación guatemalteca y las leyes nacionales, lo que faltó es que el Ministerio de Relaciones Exteriores brinde orientación adecuada a población inmigrante y deportados así como familiares. También puede consultar con un abogado de su confianza para que le asesore.
