Obviamente era indispensable un cambio en el Ministerio Público luego de los ocho años que la entidad estuvo bajo el control de Consuelo Porras con el mandato de enterrar cualquier denuncia relacionada con robos o lavado de dinero en los que pudieran estar involucrados los que nombraron a la Fiscal General, pero también para perseguir a los que actuaban en contra de lo que hacen las mafias. Uno de los fiscales que se empeñó en esto, persiguiendo a todos los estudiantes que protestaron por el fraude de Walter Mazariegos (el primero de los dos que ha perpetrado) fue Saúl Sánchez, quien fue jefe de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación, pero quien también incurrió en irregularidades que pueden tener peso penal en el allanamiento del Museo de Arte Colonial.
Tanto Saúl Sánchez como Rafael Curruchiche fueron denunciados por el actual Ministerio Público ante los tribunales de justicia por posibles delitos cometidos en el desempeño de sus funciones, pero las solicitudes de captura formuladas fueron rechazadas por nuestros tribunales ordinarios. En el caso de Sánchez se fijó audiencia para escuchar su primera declaración este jueves, pero el tribunal que conoce el caso decidió postergarla hasta el día 8 de diciembre, es decir dentro de cuatro meses.
El problema que encara el nuevo Fiscal General no está únicamente en desmantelar las redes internas del Ministerio Público que fueron armadas con la tenacidad que, como ya sabemos, ponen los creadores del clima de impunidad. Prácticamente en el MP quedaron casi solo los fiscales alineados con la línea de Consuelo Porras y enderezar una nave con rumbo tan torcido no es cosa fácil, cosa que sabía el actual titular de la institución.
Pero todo se complica mucho más cuando vemos que la coraza montada a favor de la impunidad está actuando con toda precisión y entrega desde los tribunales y jueces para proteger a los que destruyeron el Ministerio Público al tergiversar su función esencial de perseguir el delito, dedicándose al cien por ciento a encubrir los crímenes cometidos para robarse el dinero del pueblo, ese que en vez de promover desarrollo sirvió para que amasaran inmensas fortunas que fueron a parar al exterior.
Este nuevo escándalo en el tema de la administración de justicia es apenas una mancha más al tigre, pero si no encontramos el camino para salir de esa absoluta sumisión del sistema judicial a las mafias, el país está condenado a que se siga operando a favor de la corrupción porque esa práctica es, institucionalmente, la ruta marcada por los que maniobraron para destruir el Estado de Derecho en el país
