Dos de los contratos que la diputada Ivanna Luján firmó con el Estado antes de ser congresista decían que no era una empleada pública. Tampoco tenía derecho a prestaciones. Eran servicios profesionales bajo el renglón 029, una modalidad en la que las instituciones pagan honorarios por trabajos concretos y que, en los documentos suscritos por la diputada, excluía expresamente una relación de dependencia.
Pero Luján llevó esas relaciones laborales a los tribunales.
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) terminó pagándole Q643 mil 629 por salarios, vacaciones, prestaciones y otros dejados de percibir, después de que un juzgado declarara con lugar una demanda promovida por la ahora diputada. El pago se hizo en agosto de 2024, cuando el ministerio estaba dirigido por Mynor Estrada, hoy prófugo en un caso de presunta corrupción.
Ahora existe un segundo proceso. Luján también reclama prestaciones laborales al Instituto de Fomento Municipal (Infom), donde también fue contratada bajo el renglón 029 y donde su contrato establecía, nuevamente, que no existía relación de dependencia ni derecho a prestaciones.
Los dos datos —el pago del MAGA y el juicio vigente contra el INFOM— permanecían fuera del conocimiento público hasta ahora. La Hora los obtuvo mediante solicitudes de acceso a la información pública dirigidas a ambas instituciones, mientras que los contratos fueron localizados en los registros oficiales de Guatecompras. La primera demanda ya terminó. La segunda todavía está pendiente.
SU PASO POR EL MAGA
Cuando Luján fue contratada por el MAGA, todavía no era diputada.
La relación de Ivanna Luján con el Estado comenzó antes de que llegara al Congreso. Los registros de Guatecompras —el portal de adquisiciones públicas— sitúan sus primeros contratos en 2018, cuando fue incorporada al MAGA en medio de la emergencia provocada por la erupción del Volcán de Fuego.
A partir del 15 de junio de aquel año y hasta el 15 de diciembre, Luján prestó servicios técnicos para apoyar las tareas de conservación de especies animales y recursos zoogenéticos en Sacatepéquez. La contratación estaba vinculada a las intervenciones previstas por el Estado para atender la emergencia causada por la erupción.
El vínculo con el MAGA no terminó con aquella emergencia. En 2019 volvió a ser contratada por la cartera, esta vez para prestar servicios profesionales bajo el renglón presupuestario 029.
En 2020, la contratación se repitió. El MAGA suscribió un contrato para que prestara servicios profesionales en la Unidad de Bienestar Animal. Era psicóloga clínica y su trabajo estaba vinculado al cumplimiento de la Ley de Protección y Bienestar Animal, también bajo el renglón 029. Sería este último vínculo el que años después terminaría en los tribunales.
La persona que estaba al frente de la Unidad de Bienestar Animal era Kenya Díaz Espina, quien hoy es asesora parlamentaria del bloque Vamos por una Guatemala Diferente (Vamos).
MEDIO MILLÓN COBRADO
En 2020, Luján promovió un proceso contra el MAGA. El expediente fue identificado como incidente de reinstalación bajo el número de causa 01173-2020-03769 y fue conocido por el Juzgado Décimo Tercero Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social de Guatemala.
El propio MAGA confirmó el proceso en respuesta a una solicitud de acceso a la información pública presentada por La Hora.
La cartera informó que la sentencia fue notificada el 14 de junio de 2023 y que la demanda fue declarada con lugar. La pretensión, según la Asesoría Jurídica del Ministerio, consistía en la reinstalación y el pago de los salarios dejados de percibir.
Un año después llegó el desembolso. El 28 de agosto de 2024, el MAGA pagó a Luján Q643 mil 629.04. Y cuando se produjo ese pago, el ministro de Agricultura era Mynor Estrada.
Estrada dejó posteriormente el cargo y en febrero de 2025 se convirtió en objetivo de una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad por un caso relacionado con la compra de fertilizantes durante su gestión. La FECI y la Policía Nacional Civil realizaron allanamientos y el Ministerio Público informó sobre una orden de captura contra el exministro.
BUSCA ASEGURAR SEGUNDA DEMANDA
Antes de convertirse en diputada, Luján también prestó servicios para el Instituto de Fomento Municipal.
El último contrato localizado con esa institución corresponde al período comprendido entre el 4 de enero y el 31 de marzo de 2022. Fue el contrato 301-029-004-2022 y estableció honorarios por Q43 mil 548.39, equivalentes a unos Q14 mil 516 mensuales.
Sus funciones eran distintas a las que tuvo en el MAGA. En el Infom debía apoyar procesos de organización y participación comunitaria, elaborar diagnósticos, coordinar con funcionarios municipales y comunidades y acompañar proyectos de agua potable y saneamiento básico. También debía presentar informes sobre las actividades realizadas.
El contrato volvía a establecer la misma condición.
El Infom dejó escrito que los servicios prestados por Luján no creaban relación de dependencia, que ella no tendría la calidad de servidora pública y que no tendría derecho a prestaciones laborales. Los pagos, además, tenían carácter de honorarios y no de salario.
Después de esa relación contractual, Luján volvió a acudir a la justicia laboral. El Infom confirmó a La Hora que Luján promovió un juicio ordinario laboral bajo el número de caso 01173-2022-04480, conocido por el Juzgado Cuarto de Trabajo y Previsión Social del departamento de Guatemala.
La institución indicó que Luján había suscrito contratos administrativos con el Infom entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de marzo de 2022, pero no entregó el detalle de lo que reclama en el proceso porque el expediente todavía está en trámite.
Según la institución, la información está reservada mientras el proceso no haya causado ejecutoria. Por lo tanto, no es posible establecer públicamente cuánto dinero reclama Luján al Infom ni qué prestaciones solicita exactamente.
DE SEMILLA A TODOS
Cuando Luján firmó aquellos contratos todavía faltaban años para que llegara al Congreso.
Su salto a la política ocurrió en 2023, en una elección en la que el Movimiento Semilla sorprendió al sistema político guatemalteco. Bernardo Arévalo y Karin Herrera ganaron la Presidencia y Luján consiguió una curul como parte de aquella bancada que llegó al Legislativo impulsada por el inesperado resultado electoral.
Su relación con Semilla, sin embargo, terminó antes de concluir la legislatura.
En marzo de 2026, el partido anunció su separación de la bancada después de que votara a favor de la reelección del magistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, Luis Rosales Marroquín, sancionado por EE. UU. Semilla consideró que el voto contravenía la posición de la bancada. Rosales logró reelegirse con 117 votos y Luján fue una de las diputadas que apoyaron su continuidad.
Después se acercó a Todos, el partido dirigido por el diputado Felipe Alejos, sancionado por EE. UU. bajo la Ley Magnitsky, y desde allí comenzó a tener actividad política en distintos municipios del departamento de cara a las elecciones de 2027.
Su llegada al Congreso también cambió la escala de sus ingresos. Hoy la diputada devenga Q61 mil 300 mensuales, entre salario, gastos de representación y dietas plenarias. Antes de ocupar una curul, sus últimos contratos en las instituciones demandadas rondaban los Q15 mil mensuales.
Además, el caso de Luján se inscribe en un problema más amplio de la administración pública. Una investigación publicada por La Hora en marzo estableció que el Estado desembolsó Q724 millones durante 2025 para cumplir sentencias derivadas de demandas laborales. De ese universo, 79 personas recibieron más de Q1 millón cada una.
La Hora buscó a la diputada Luján para conocer su versión sobre el proceso contra el MAGA, el pago recibido, el juicio que mantiene contra el Infom y las condiciones de sus contratos. La diputada no respondió a las consultas realizadas para este reportaje.
