Era el mediodía del 3 de marzo de 2026 cuando los disparos interrumpieron el tránsito en la 7ª. avenida y 16 calle de la zona 9 capitalina. Enrique Ponsa Molina, un contratista del Estado y conocido líder religioso, viajaba como pasajero en un vehículo cuando fue atacado con arma de fuego. Él murió en el lugar, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó herida.
En ese momento, el caso ocupó titulares por la forma en que ocurrió el ataque. El Ministerio Público (MP) informó que las primeras diligencias apuntaban a un atentado directo, pero evitó pronunciarse sobre un posible móvil. Cinco meses después, la investigación continúa abierta y las autoridades mantienen los avances bajo reserva.
Sin embargo, nuevos detalles han surgido, y el principal es que aproximadamente, un mes antes del crimen ya existía otro expediente en el que figuraba el nombre del contratista.
Una investigación sobre transacciones sospechosas de lavado de dinero al que tuvo conocimiento La Hora revela que Ponsa Molina había quedado bajo el radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y del MP, como uno de los posibles partícipes en una presunta estructura señalada de mover cientos de millones de quetzales procedentes, en su mayoría, de contratos para obra pública.
En la denuncia, las alertas de oficiales de cumplimento de bancos del sistema, señalaron a un grupo integrado por más de 20 empresas y 5 personas individuales de haber movilizado cerca de Q650 millones, mediante diversas transacciones —buena parte de ellas sin aparente justificación, de acuerdo con lo denunciado—, en un lapso de casi cuatro años.
VARIOS MILLONES DESDE LAS ARCAS DEL ESTADO
Así como ha sido en otros casos, según las autoridades, más de la mitad de esos recursos siguieron un mismo patrón. El dinero salió de la Tesorería Nacional, municipalidades y otros entes estatales para pagar a contratistas, pasó por empresas intermediarias y llegó a beneficiarios finales.
La inteligencia financiera siguió la pista y planteó en su señalamiento que parte de los fondos se retiraron en efectivo, mientras que otros fueron enviados al extranjero, principalmente a China y Estados Unidos, en operaciones que, de acuerdo con lo que informó al MP, presentarían características compatibles con procesos de estratificación y posible lavado de dinero.
En ese entramado, el nombre de Enrique Ponsa Molina aparece junto al de sociedades que ya habían sido señaladas en casos anteriores; entre ellas, Servicios de Ingeniería, Asesoría y Construcción, S.A. (Siacsa) y Constructora Carmor. Ambas figuran en investigaciones periodísticas entre un selecto grupo de proveedores que incrementaron sus negocios con el Gobierno en la administración de Alejandro Giammattei.
Según pudo conocer La Hora, de los Q650 millones aproximados que habría movilizado la estructura detectada, el 55% procedía directamente del Estado.
Eran poco más de Q361 millones, que salieron de instituciones públicas por contratos para obras —principalmente de la Tesorería Nacional, municipalidades, Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) e Instituto Nacional de Electrificación (INDE)— y llegaron a esa red que de fue denunciada.
El análisis abarcó de noviembre de 2021 hasta agosto de 2025, y a partir de los movimientos identificados, se estableció un patrón repetitivo. El dinero llegaba primero a empresas o personas que recibían pagos estatales, después era trasladado a otras sociedades y posteriormente continuaba la ruta hacia nuevas cuentas, donde parte era retirada en efectivo o enviada fuera del país.
Cómo las licitaciones son utilizadas en un complejo mecanismo para el lavado de dinero
Tras analizar el caso se pueden clasificar a los presuntos miembros de la estructura en tres grupos:
Proveedores, quienes tenían contratos adjudicados por el Gobierno y, por ende, recibían pagos con fondos públicos. El grupo estaba conformado por ocho miembros, entre empresas y personas individuales.
Intermediarios, quienes recibían dinero de los proveedores y luego lo redistribuían, por lo que constituían una especie de cuentas de tránsito. Acá se identificó a seis sociedades.
Beneficiarios, quienes se favorecían con la mayor parte de los fondos que captaban los proveedores del Estado y que les llegaba a través de los intermediarios. En este grupo se detectaron 14 actores.
MÁS DE Q71 MILLONES AL EXTRANJERO
Otros de los indicios que habría encendido las alertas en bancos del sistema en este caso fue el envío de Q71 millones a cuentas fuera del país, mediante más de 150 operaciones, en las que participaron tanto proveedores del Estado como beneficiarios de los recursos que estos captaron por medio de contratos para obra pública, por ejemplo.
Además, la estructura hizo depósitos en efectivo por cerca de Q18 millones, de los cuales la mayoría fueron por montos de entre Q50 mil y Q70 mil, inferiores al umbral internacional de USD 10 mil que activa controles reforzados. Las autoridades financieras han explicado en otros casos que ese tipo de comportamiento podría corresponder a depósitos estructurados para evitar reportes automáticos.
También hubo retiros en efectivo por más de Q50 millones, y el expediente señala que varios de los principales beneficiarios aparecían registrados ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) como asalariados, pequeños contribuyentes e incluso un estudiante, actividades que, a criterio de la Intendencia, “podrían no ser congruentes con lo percibido”.
LOS CONTRATOS DE ENRIQUE PONSA MOLINA
En la estructura perfilada por la inteligencia financiera, Ponsa Molina fue identificado como uno de los proveedores que distribuyó dinero procedente de obras públicas entre intermediarios, quienes, a su vez, lo hicieron llegar a los beneficiarios finales. Habrían sido por lo menos Q57 millones los movilizados desde una de sus cuentas.
Las transacciones estarían relacionadas con los servicios que Consultora y Constructora del Kyrios —propiedad de Ponsa— habría prestado a entidades oficiales.
De acuerdo con los registros de Guatecompras, la empresa fue contratista durante 20 años, y solo en el periodo que fue analizado como parte del expediente que llegó al MP hizo negocios con ministerios, municipalidades, el INDE y otras dependencias, por un total de Q114.71 millones.
En la documentación a la que tuvo acceso La Hora se mencionan dos de los contratos que la firma obtuvo para la ejecución de proyectos que el gobierno de Giammattei promovió como su legado para la educación y el deporte, aunque ambos fueron objeto de hallazgos posteriormente. Uno de estos fue por Q44.9 millones, para la construcción de la Escuela Bicentenario en La Libertad, Petén, y otro por Q25.3 millones para la construcción del parque Bicentenario en El Hato, Zacapa.
El centro educativo aún no se entrega, aunque estaría en proceso de liquidación, según confirmó el Ministerio de Comunicaciones, y los datos oficiales indican que su costo se elevó hasta alcanzar los Q56.13 millones. Información consignada por el Sistema Informático de Gestión del Estado (Siges) indica que el monto ya fue cancelado en su totalidad.
En cuanto a las instalaciones deportivas y recreativas en Zacapa, el Ministerio de Cultura y Deportes terminó pagando Q34.1 millones. Es decir que, de acuerdo con los datos consignados por el Siges, ambas obras tuvieron incrementos respecto del costo que se planteó originalmente.
Un detalle destacado es que en el portal de contrataciones del Estado, el último movimiento que le aparece a Kyrios data del 30 de abril de 2024. En esa fecha, la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) le adjudicó dos proyectos de mantenimiento para igual número de tramos carreteros en Huehuetenango, pero ambos quedaron inconclusos.
El primero, entre Colotenango y San Pedro Necta, tuvo un avance del 57%, mientras que el otro, entre Camojá y La Mesilla, quedó en 51%. Por esos trabajos, la firma recibió poco más de Q93 mil, aunque los contratos originales se aproximaban a los Q173 mil. Así consta en los registros oficiales.
UNA DENUNCIA QUE ABRE NUEVAS PREGUNTAS
Este caso guarda similitudes con otros que se han hecho públicos tras las respectivas alertas de posible lavado de dinero ante el MP, pero con la particularidad de que una de las personas identificadas como posible partícipe fue asesinada.
Hasta ahora, no se conoce si la muerte de Enrique Ponsa Molina está relacionada con las presuntas irregularidades señaladas u otros hechos. El ente investigador, bajo la administración del fiscal general, Gabriel García Luna, informó, a través del departamento de Comunicación, que las averiguaciones sobre el crimen continúan en desarrollo. Debido a ello, indicó, no se pueden revelar detalles.
De esa cuenta, no existe información oficial acerca de un posible móvil, pero la denuncia que ahora está en la Fiscalía contra el Lavado de Dinero coloca el nombre del contratista dentro de un caso mucho más amplio, que tiene que ver con el movimiento de dineros del Estado, vía adjudicaciones de obra pública.
SIN CONTACTO
La Hora intentó contactar a la empresa y los abogados que aparecen en Guatecompras. Se contactó a los tres números registrados, incluyendo un número de celular, pero ninguno responde. Si se obtiene alguna postura de algún representante del señor Ponsa, se actualizará la información.
