POR VIRGINIA CONTRERAS
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Fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron allanamientos en la empresa ARQCO Outsourcing, ubicada en la zona 9 capitalina, propiedad del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, quien hasta ahora es buscado por las autoridades por su presunta participación en el caso «La Cooperacha».
De acuerdo con la página web de ARQCO Outsourcing, la empresa se dedica al reclutamiento de personal y tiene incidencia en Centroamérica, México, Colombia y República Dominicana.
Según el portal Guatecompras, el representante legal de la misma es Ismael Arnoldo Donis Álvarez y registra de 2006 al 2014 Q8 millones 493 mil 428.28 de cinco adjudicaciones por concurso.
Asimismo, 20 publicaciones con un monto de Q1 millón 830 mil 815.38, para hacer un total de Q10 millones 324 mil 243.66 en contratos con el Estado.
Los datos del portal refieren que la reclutadora realizó contratos con la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed) y el Instituto Nacional de Electrificación (INDE), entre otros.
Cabe destacar que en este último, en el año 2014, se adjudicó un concurso por Q2.9 millones para los servicios de limpieza y mensajería en las oficinas de la sede central.
BAJO RESERVA
Consultado a Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), se negó a dar mayores detalles sobre los allanamientos, ya que según indicó, los mismos se encuentran bajo reserva.
Del mismo modo, la fiscal general Thelma Aldana, manifestó que no podían anticipar información sobre los operativos en curso, por lo que se realzaría posteriormente.
PRÓFUGO
El excandidato presidencial por el Partido Patriota (PP) tiene una orden de captura internacional por tener señalamientos de haber participado en el caso, evidenciado por el MP y la CICIG, que dejó al descubierto cómo los exfuncionarios del Gobierno del PP se organizaban para comprar lujosos obsequios al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Tras estos acontecimientos, Sinibaldi se pronunció a través de un comunicado en el que explicaba que su salida del país se debía a un viaje personal con fines de estudio.
«No soy prófugo de la justicia, ya que al momento de salir del país no existía una orden de captura vigente en mi contra y no puede aducirse que estoy huyendo de la justicia», indicó.
El extitular del CIV negó que haya participado en el caso denominado «La Cooperacha», el cual descalificó indicando que «la sola denominación del caso le resta seriedad a un tema al cual el MP y la CICIG han considerado serio, al punto que ordenan mi captura».
En el documento finalizó diciendo que considera imprescindible que tanto el jefe de la CICIG como Aldana deben transparentar de manera fehaciente las evidencias que provocan la solicitud de orden de captura.
