Aunque el Consejo de Usuarios del Transporte Internacional de Guatemala (CUTRIGUA) no administrará puertos ni asumirá funciones regulatorias dentro del nuevo sistema, su voz será relevante en la implementación de la Ley del Sistema Portuario Nacional aprobada esta semana.
Al representar a los usuarios de la cadena logística, su papel será trasladar los desafíos que enfrenta el comercio exterior y contribuir a que la reforma cumpla su propósito: contar con puertos más eficientes, competitivos y capaces de impulsar el crecimiento económico del país.
La organización señaló que el Decreto 20-2026 que dará vida a la Ley del Sistema Portuario Nacional establece una base necesaria para que Guatemala pueda planificar su desarrollo portuario bajo una visión de largo plazo, después de operar durante décadas sin un marco legal integral.
“La ley constituye el punto de partida; ahora el reto será convertir ese marco legal en resultados concretos para los usuarios y para el país”, afirmó Carmen María Torrebiarte, presidenta ejecutiva de CUTRIGUA.
Torrebiarte destacó que la conformación de una Autoridad Portuaria Nacional responde a una necesidad que el sector había planteado durante años, al considerar indispensable contar con un ente rector que coordine la planificación, las inversiones y el desarrollo de infraestructura.
Sin embargo, señaló que el desafío será que esta institución tenga capacidad técnica, transparencia y una visión de largo plazo.
“Esperamos que se cumplan los plazos establecidos en la ley y que las decisiones respondan a las necesidades del comercio exterior, al crecimiento de la capacidad productiva del país y al fortalecimiento de la competitividad de Guatemala”, indicó.
DECISIONES TÉCNICAS Y DESEMPEÑO
Más allá de la aprobación del decreto, CUTRIGUA considera que el éxito dependerá de la ejecución de la normativa y entre los principales restos identifica la prevalencia de las decisiones técnicas y la voluntad política para que su ejecución sea un éxito.
Todo lo anterior acompañado de la oportuna emisión de reglamentos y la continuidad institucional. Torrebiarte también enfatizó que se debe plantear la necesidad de tener indicadores de desempeño y productividad, lo cual hace medibles los avances de lo que hoy promete la normativa.
EVITAR LO QUE SUCEDIÓ CON LA DIPP Y SICOM
En esa línea, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), advirtió que uno de los principales desafíos será evitar que la Autoridad Portuaria Nacional enfrente problemas similares a los registrados en otros procesos de creación institucional, como la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP) y la Superintendencia de Competencia (SiCom).
Según Zapata, la experiencia de estas entidades evidencia que la aprobación de una ley no es suficiente si no existe una implementación ordenada, con autoridades designadas a tiempo, reglas claras y capacidad de gestión.
Entre los riesgos que identifica están una integración tardía del Directorio, designaciones basadas en criterios políticos y no técnicos, así como una transición institucional desordenada desde las entidades que actualmente tienen funciones relacionadas con el sistema portuario.
“Los recursos son importantes, pero el dinero no sustituye la conducción institucional ni resuelve problemas de gobernanza”, afirmó.
Por ello, señaló que será clave evitar retrasos en la conformación del Directorio, asegurar perfiles técnicos y establecer un cronograma público de cumplimiento.
A su criterio, el nuevo sistema portuario debe iniciar con una conducción institucional sólida, ya que los recursos asignados no sustituyen la necesidad de gobernanza y toma de decisiones oportunas.
LAS NECESIDADES DEL SECTOR
Entre los proyectos que CUTRIGUA considera urgentes están los dragados, la ampliación de muelles y patios, la modernización del equipo portuario, la automatización de procesos y la ejecución de los planes maestros de desarrollo.
Según la organización, estas inversiones son necesarias para atender problemas actuales como congestión, demoras operativas, tiempos de espera de buques y limitaciones de capacidad, las cuales son las más sentidas por la mayoría de los usuarios de los puertos.
Sobre el impacto que la ley podría tener en los costos logísticos, CUTRIGUA señaló que la competitividad no depende únicamente de las tarifas portuarias.
La organización explicó que actualmente los principales sobrecostos están relacionados con ineficiencias operativas, congestión y falta de infraestructura suficiente.
Por ello, considera que si la nueva normativa permite atraer inversiones, aumentar la capacidad instalada y mejorar los procesos, podrían generarse reducciones importantes en los costos para importadores y exportadores.
Respecto al esquema tarifario establecido en la ley, Torrebiarte indicó que será importante contar con criterios técnicos y transparencia para garantizar que los costos sean competitivos a nivel internacional y proporcionales a la calidad del servicio.
Para CUTRIGUA, la Ley del Sistema Portuario Nacional abre una oportunidad para transformar una de las cadenas más importantes de la economía guatemalteca.
“Debemos contar con un sistema portuario moderno, competitivo y alineado con las necesidades de crecimiento del país”, concluyó Torrebiarte.
