Ayer lunes 3 de agosto de 2026 ingresó al Congreso la iniciativa 6816, impulsada por un grupo de diputados y respaldada por el Ejecutivo. Después de décadas de intentos fallidos, Guatemala vuelve a mirar de frente su deuda constitucional con el agua. La pregunta no es si esta propuesta es perfecta –ninguna lo es–, sino si responde a los problemas estructurales que hemos acumulado y si, al menos, abre el camino para iniciar el entendimiento y la mejora de la calidad del agua para la vida económica, política y cultural de nuestros pueblos marcados por una enorme pobreza, desigualdad, desnutrición, corrupción e incapacidad gubernamental en un sistema de justicia cooptado hasta los dientes.
No se trata de repetir la vieja dicotomía entre culpables e inocentes. Cuando la gente señala al otro como culpable y no entiende su propio papel en el conflicto, nada puede resolverse. Esto es, como dice la propuesta, una responsabilidad compartida. Todos hemos contribuido a esta crisis: los grandes usuarios que evaden los costos de la sostenibilidad, que desvían ríos, que extraen agua sin control, que desperdician el agua a diestra y siniestra; las municipalidades que extraen agua limpia y devuelven flujos contaminados y que no tienen sistemas de tratamiento, llegando al extremo de pelear el “derecho” de no hacer el tratamiento del agua en la Corte de Constitucionalidad; los comités comunitarios que a veces no reconocen los límites del recurso y, si bien han apoyado en mejorar el acceso, tampoco participan en el tratamiento del agua que usan; y una sociedad urbana que consume sin saber de dónde viene el agua que usa y los desequilibrios e injusticias que comete porque comunidades rurales le dan agua sin recibir a cambio ningún pago por servicios ambientales. La falta de acuerdo ha perpetuado el desastre. El único camino realista es el consenso que priorice el interés social que manda la Constitución.
La iniciativa 6816 crea la Superintendencia del Agua como ente rector técnico, con capacidad de elaborar inventarios, llevar un registro único de derechos y calcular un canon diferenciado. La composición de esa Superintendencia debe revisarse con rigor para que realmente sea un ente rector técnico y no se convierta en un ente politiquero que se llene de corruptos. Solamente una verdadera autoridad del agua podrá desarrollar un canon progresivo, distinto según uso consuntivo o no, fuente superficial o subterránea y disponibilidad de la cuenca. Ese es, en esencia, el instrumento más potente que se ha propuesto en años: la cultura del pago por el tratamiento, el traslado, el bombeo y la restauración que necesitamos construir. Todo esto tiene un costo.
Frente a los desvíos de ríos y las perforaciones incontroladas que han dejado comunidades sin agua en el sur, el marco de licencias, el registro único y las sanciones (desde multas hasta la cancelación de derechos) ofrecen por fin una herramienta de control. Los incentivos por eficiencia hídrica, por reducción de carga contaminante y por prácticas de economía circular pueden suavizar la resistencia de los grandes usuarios, siempre que la Superintendencia tenga real autonomía y capacidad de fiscalización. No será inmediato ni indoloro. Pero es preferible a seguir en el vacío legal que ha permitido la anarquía.
Los comités comunitarios rurales, los 48 Cantones de Totonicapán y los sistemas ancestrales mayas, garífunas y xinkas tienen motivo para mirar con cautela cualquier ley. Temen privatización o el desconocimiento de sus prácticas. La iniciativa 6816 responde de manera explícita: reconoce derechos de uso adquiridos bajo normativas anteriores, con o sin título formal, escritos u orales, ancestrales o contemporáneos. Preserva el carácter de bien público, inalienable e imprescriptible. No privatiza. Ordena. Ese reconocimiento de los derechos de los sistemas ancestrales es condición indispensable para cualquier consenso. Sin él, la ley nacería muerta en los territorios donde el agua se ha defendido durante generaciones sin el Estado.
El tratamiento de aguas residuales sigue siendo la parte más débil del proceso, el verdadero talón de Aquiles. Las municipalidades han sido, en su mayoría, inoperantes. La propuesta no resuelve de un golpe esa debilidad institucional, pero introduce el canon por vertido con descuentos para quien reduzca la contaminación por debajo de los límites y regula las servidumbres necesarias para recolectar, transportar y tratar. Es un primer andamiaje. Sobre esto he escrito varias veces aquí en La Hora: no logro entender cómo es que las municipalidades, organizadas en lo que he llamado una especie de clica llamada ANAM, cada vez que se les pide que hagan sus plantas de tratamiento se van corriendo a la Corte de Constitucionalidad a pedir el derecho de no darle agua limpia al pueblo, y cómo esa Corte, lastre nuestro, se los autoriza una y otra vez. Por eso urge corregir al sistema de justicia, porque sin eso nunca crearemos la cultura de “quien contamina paga y rehabilita”. Falta convertirla en práctica cotidiana.
Falta también el monitoreo científico y tecnológico dinámico que he insistido una y otra vez. Hay varios artículos míos en La Hora, así como en revistas especializadas, de colegas guatemaltecos y de otros países que han dedicado su vida al entendimiento científico y tecnológico del agua, que hay que consultar. En este momento se prevé una red nacional de vigilancia y una base de datos hidrometeorológicos. Eso es indispensable. Pero debe ir más lejos: sensores en cuencas, uso de satélites para estimar recarga, y la participación real de las universidades que sí investigan, no de aquellas que ofrecen programas de Derecho de cartón. Los fondos destinados a investigación y economía circular pueden y deben abrirse a esos centros de conocimiento acreditados.
Y aquí está el llamado central que no puede diluirse: las universidades que hacen investigación científica, tecnológica, de ingeniería, antropológica, social y legal deben participar activamente, con sus centros de investigación, en este proceso de mejora y aprobación de la ley dentro del Congreso. No como observadores lejanos ni como firmantes de cartas ocasionales, sino como actores técnicos permanentes. Los institutos y programas que llevan años produciendo conocimiento real sobre el ciclo social del agua –hidrología, hidrogeología, ingeniería sanitaria, antropología del agua, derecho hídrico, economía ambiental– tienen la obligación moral y académica de aportar dictámenes, enmiendas fundamentadas, datos y modelos a las comisiones legislativas. Sin esa participación organizada y sostenida, el debate correrá el riesgo de quedar atrapado entre el lobby que pretende diluir el canon y el maximalismo que pretende convertirlo en instrumento de venganza. La ciencia seria no es neutral ante el desastre; es indispensable para que el interés social constitucional prevalezca.
La iniciativa 6816 no elimina de un plumazo los problemas. Ninguna ley lo hace. Los problemas del agua se han venido construyendo por generaciones, por cientos de años, y resolverlos requiere un entendimiento social, técnico, científico, ingenieril, antropológico, legal y moral del ciclo social del agua, y no solamente del ciclo natural y menos solo de su ciclo técnico. Este no es un problema técnico solamente. Pero sí los enfrenta con instrumentos concretos: canon diferenciado, reinversión en la cuenca, reconocimiento de derechos comunitarios y ancestrales, regulación de vertidos, incentivos a la eficiencia y un ente técnico nacional. Es un marco que permite el diálogo entre quienes históricamente se han enfrentado. Debe ser, sobre todo, una invitación a construir la cultura del cuidado y del valor del agua.
El agua no espera. Las zonas de recarga se degradan, los conflictos se multiplican y el tiempo de la anarquía se agota. El Congreso tiene ahora la responsabilidad de discutir con seriedad. Quienes hagan la ley, quienes la revisen, quienes comenten sobre ella deben ser al menos alfabetos en agua y haber leído la literatura mínima sobre el agua y su ciclo en Guatemala, América Latina y el mundo. No podemos seguir con diputados que no tengan una formación mínima en gestión integrada de recursos hídricos. Aquí el papel de las universidades que sí hacen investigación científica y tecnológica va a ser crucial: no solo formando, sino interviniendo directamente en el proceso legislativo con sus centros de investigación. Leer es el prerrequisito básico para participar en este proceso; entender es el segundo. Para que avance la ley se debe acompañar con urgencia un breve y práctico programa de alfabetización hídrica dado primariamente a los diputados, y también a los alcaldes, autoridades municipales y comités comunitarios de agua. Todos debemos formarnos.
Es el momento de salvar nuestra agua, el agua como bien público. Hagámoslo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
