Los exiliados guatemaltecos aprovecharon la audiencia celebrada el martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para lanzar un mensaje que refleja la paradoja del momento político que vive el país. Reconocen que la salida de María Consuelo Porras del Ministerio Público, la llegada de Gabriel García Luna como fiscal general y los acercamientos impulsados por el Gobierno de Bernardo Arévalo abren una ventana de esperanza. Sin embargo, aseguran que las razones que los obligaron a abandonar Guatemala siguen intactas y que aún no existen condiciones para regresar.
Los procesos penales que consideran arbitrarios permanecen abiertos, las órdenes de captura continúan vigentes y, a su juicio, el Organismo Judicial no ha corregido las violaciones de derechos denunciadas durante los últimos años. Por ello, sostienen que el exilio sigue siendo una realidad para decenas de operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos.
Ese fue el principal mensaje que trasladaron durante la novena audiencia regional sobre el exilio forzado en Centroamérica, celebrada en el marco del 196 período de sesiones de la CIDH en Washington.
La sesión, dirigida por la vicepresidenta del organismo, Andrea Pochak, fue solicitada por organizaciones y personas exiliadas de la región. En el caso de Guatemala, organizaciones sociales estiman que más de un centenar de personas permanece fuera del país como consecuencia de procesos de criminalización.
SIN CONDICIONES PARA REGRESAR
Tras responder las preguntas de los comisionados, el exiliado ex mandatario de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), David Gaitán, resumió el sentimiento compartido por los participantes. Dijo que existe una mayor apertura por parte del Gobierno de Arévalo y que el nombramiento de un nuevo fiscal general genera expectativas, pero insistió en que esos cambios todavía no se traducen en garantías para volver.
Como ejemplo citó el caso del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, quien continúa en prisión tres años después de su detención, así como el de Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exintegrantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes coincidentemente recobraron su libertad horas después tras 15 meses encarcelados.
Gaitán cuestionó, además, que la política pública para la protección de personas defensoras de derechos humanos impulsada por el Ejecutivo no contemple a quienes viven en el exilio. A ello añadió otro obstáculo que considera determinante: la ausencia de cambios en el Organismo Judicial.
Según afirmó, tanto los tribunales como la Corte de Constitucionalidad continúan sin reconocer las violaciones de derechos denunciadas en los procesos de criminalización abiertos contra operadores de justicia, periodistas, estudiantes, pueblos indígenas y defensores de derechos humanos.
«Desde las autoridades gubernamentales y las instituciones del sector justicia seguimos siendo tratados como personas prófugas y no como víctimas», afirmó. A su juicio, ese escenario mantiene el temor de las instituciones a sostener reuniones públicas con quienes permanecen fuera del país o a reconocer los patrones de persecución documentados durante los últimos años.
En 2025, Gaitán fue objeto de una orden de captura emitida por la Sala Tercera de Apelaciones que posteriormente fue revocada por la Corte Suprema de Justicia al considerarla ilegal.
«SALIR DEL PAÍS NUNCA FUE UNA DECISIÓN LIBRE»
La exmandataria de la Comisión extinta, Flor de María Gálvez, afirmó que el exilio forzado constituye una de las manifestaciones más graves del deterioro institucional que ha experimentado Guatemala.
La exfuncionaria recordó que la CIDH, Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales han documentado un patrón de persecución dirigido contra jueces, fiscales, abogados, periodistas, defensores de derechos humanos, estudiantes y académicos.
Ese patrón, afirmó, incluye denuncias infundadas, órdenes de captura, procesos disciplinarios, medidas de coerción desproporcionadas, amenazas y campañas de estigmatización que, acumuladas, hacen prácticamente imposible continuar viviendo y trabajando en Guatemala.
Gálvez abandonó el país en marzo de 2022, el mismo día en que la ex fiscal anticorrupción Virginia Laparra fue enviada a prisión preventiva. Años después sería condenada en un proceso señalado por organismos internacionales como un caso de criminalización impulsado durante la administración de la entonces fiscal general Porras.
Gaitán también describió las consecuencias personales del exilio. Aseguró que la persecución no termina cuando una persona logra salir del país, sino que continúa a través de la separación familiar, la pérdida del patrimonio, los embargos, la ruptura de los vínculos comunitarios y las dificultades para reconstruir una vida en otro lugar.
Regularizar documentos, encontrar vivienda y empleo o revalidar estudios forman parte de un proceso que, dijo, obliga a comenzar de nuevo.
«Quienes vivimos en el exilio no hemos renunciado a Guatemala», afirmó. «Nuestra ausencia no es voluntaria; evidencia una democracia que expulsó a quienes trabajaron por denunciar la corrupción y las violaciones de derechos humanos».
PETICIONES A LA COMISIÓN
El exjefe de la extinta Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, actualmente exiliado en Washington y sobre quien pesan múltiples órdenes de captura en Guatemala, pidió a la CIDH mantener un seguimiento prioritario sobre el exilio forzado en Centroamérica.
Sandoval sostuvo que el exilio forzado ya no puede entenderse únicamente como la consecuencia de procesos penales dentro de un país, sino también como un fenómeno que trasciende las fronteras. Por ello pidió a la CIDH reconocer expresamente la persecución transnacional como una modalidad de represión vinculada al exilio, desarrollar estándares para identificarla y documentarla, e incorporarla de forma transversal en sus informes sobre la región.
El exjefe de la FECI también instó a la Comisión a recomendar a los Estados receptores medidas de protección para las personas exiliadas y exhortar a los países centroamericanos a revisar, mediante mecanismos independientes y transparentes, los procesos penales, administrativos y disciplinarios utilizados para criminalizar a operadores de justicia, periodistas, defensores de derechos humanos y actores políticos.
A su juicio, esas revisiones deberían conducir a dejar sin efecto las órdenes de captura, restricciones y otras medidas que, según afirmó, derivan de procesos arbitrarios.
Finalmente, planteó que la CIDH reconozca expresamente la persecución transnacional como una modalidad de represión vinculada al exilio y desarrolle estándares para prevenirla y documentarla.
La audiencia concluyó sin resoluciones inmediatas, pero con una coincidencia entre los representantes guatemaltecos: los cambios políticos ocurridos en el país generan expectativas, aunque, sostienen, todavía no han desmontado las estructuras judiciales que los llevaron al exilio.
