El fallo de la Corte de Constitucionalidad con el que se deja en firme la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y las Cortes de Apelaciones, termina sin sorprender a la mayoría que estábamos al tanto de que era una batalla muy complicada la de hacer que se corrigiera la plana a un procedimiento en el que la CC ha sido parte involucrada siempre.
Porque no se puede olvidar que aparte de los señalamientos más recientes, ellos fueron resultado de un proceso de elección en el que se hicieron señalamientos de injerencia para poder obtener el puesto y ha sido desde ese momento en que la CC ha tenido que jugar un rol en medio del conocimiento y convencimiento general de que deben y pagan favores.
A eso hay que agregar que magistrados tuvieron injerencia directa y clara en el proceso actual donde, incluso, se llegó a presentar una solicitud de antejuicio contra un diputado que habría llegado a presionar a una candidata ofreciendo facilitar su elección a cambio de un fallo. Por cierto, de ese caso no se podrá investigar más porque la justicia guatemalteca ultrajada ahora por la actual Corte Suprema de Justicia, decidió que no ameritaba autorizar levantarle la inmunidad al parlamentario.
Y la evidencia que se presentó era indiscutible porque fue desconocida la carrera judicial con tal de imponer la lista que aquellas comisiones de postulación armaron con la intención clara de secuestrar el poder de la justicia sin que hubiera poder capaz de hacerles detenerse ante los señalamientos de una práctica inmoral.
Pero no es que los magistrados no hayan entendido el peso de las evidencias presentadas y conocido de los argumentos planteados por los ponentes de los recursos que se presentaron contra la elección. Porque los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen que recordar, casi como que fuera volver a vivir, la forma en que ellos fueron electos haciendo esos pactos de los que tanto se habla.
Lo que ocurre es que a pesar de la evidencia, importa y se impone el trato que se tiene de antes. Los fallos a este nivel no son más que un reconocimiento del poder real que domina nuestras cortes y que les permite tomar las decisiones como les da la gana. Al fin y al cabo que compromiso no tienen con los ciudadanos y menos con la institucionalidad. A quién terminan debiéndose es a quien los colocó allí que es a quienes también se deben estas cortes que serán juramentadas.
