Es importante saber que se están presentando denuncias ante el Ministerio Público para que se deduzcan responsabilidades por manejos oscuros en el Ministerio de Salud por medio de la contratación de Organizaciones No Gubernamentales que obtuvieron contratos fantasma.
Y a pesar de que apoyamos una denuncia que lleve a la investigación correspondiente y a deducir las responsabilidades que podría tener el muy cuestionado exministro Jorge Villavicencio, consideramos que hay otras razones de mayor fuerza como para iniciar un proceso de transparencia en dicha cartera.
Porque por años hemos sabido que los medicamentos en Guatemala se venden a un precio que es muy superior al real con tal de poder correr con los sobrecostos que la operación pública conlleva en lo que, imaginamos, es el proceso de la corrupción con la que asignan los contratos.
Y resulta que aun siendo 70 millones de quetzales los que se cuestionan ahora y sobre los que, sin excusa, se tienen que rendir cuentas claras, el problema real está mucho más allá con esos contratos que han hecho que muchos miembros del sector de medicamentos sean parte de los financistas de campañas presidenciales con el objetivo de mantener la injerencia en la asignación de los contratos.
Es correcto que se señale con contundencia a un funcionario que evidentemente ha fallado en su trabajo como servidor público y es urgente que se verifique qué sucedió con dichos contratos con las ONG para que responda ante las autoridades judiciales. Pero en un intento auténtico de transparencia, se debe ir más allá y abrir los archivos del Ministerio de Salud para identificar los contratos con dedicatoria y sobre avalúo en las medicinas, las obras de infraestructura sin calidad ni respaldo en Comunicaciones y tantos otros beneficios que de varias instituciones del Estado se endosan a los financistas de campaña.
Debe generar alguna satisfacción que se empiece a juzgar a funcionarios responsables del saqueo, pero mientras solo se quede en esas denuncias, parecerá que no hay un interés real de entrarle a las razones mayores del mal manejo de los fondos en la administración pública.
Hoy, el Estado no tiene para cubrir salarios, para pagar la gasolina que traslade a los reos a los juzgados, etc. y esto nos hace preguntarnos si la cantidad de dinero que se han perdido en los gobiernos de los últimos 20 años no alcanzaría para cubrir los gastos de un país que está urgido de encontrar vías de desarrollo. Ya vimos que con voluntad, se encuentra a los ladrones.
