Marco Trejo
El gobierno de Estados Unidos perdió la credibilidad en el trabajo que realiza el Ministerio Público (MP), para combatir la corrupción que se presenta en los tres organismos del Estado, mientras que el país es visto como uno de los más corruptos en América Latina, los cual nos pone en el ojo de la comunidad internacional.
Guatemala se ha mantenido en el puesto 145 de 180 países que son evaluados año con año por la entidad Transparencia Internacional (TI), lo cual nos pone en un lugar incómodo, más ahora que las decisiones de la fiscal general, Consuelo Porras son cuestionadas porque ha destituido a uno de los fiscales mejor catalogados dentro del ente investigador, por el trabajo que ha realizado durante más de 10 años.
Ni el nombramiento del fiscal Rafael Curruchiche ha mejorado la imagen de la institución, al contrario ha sufrido más deterioro, porque el funcionario no tiene el mejor de los currículos para convertirse en el sucesor idóneo de Juan Francisco Sandoval, que ahora se encuentra en el exilio, para resguardar su integridad personal. Esperemos entonces que el nuevo jefe de la FECI, Rafael Curruchiche nos demuestre lo contrario y trabaje en beneficio de la sociedad que paga su salario con sus impuestos.
La falta de confianza y credibilidad de la Fiscalía General de la República no solo ha motivado el descontento de los países amigos de Guatemala, sino que también a nivel interno ha provocado una serie de manifestaciones que han culminado con manifestaciones que piden la renuncia tanto del presidente Alejandro Giammattei como de la fiscal general, Consuelo Porras, acusándolos de promover la impunidad.
El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price ha escrito en sus redes sociales que los movimientos realizados dentro del ente investigador guatemalteco, no agrega confianza en la capacidad del organismo para investigar y procesar de forma independiente los casos de corrupción que se dilucidan en los tribunales de justicia del país.
Estas declaraciones ponen en tela de duda la labor de este gobierno, para combatir el flagelo de la corrupción, la cual afecta directamente los índices de desarrollo humano en temas de salud, educación, seguridad alimentaria, empleo e infraestructura, porque los políticos, quienes se encuentran en los puestos de gobierno, se han dedicado a saquear las arcas del Estado a diestra y siniestra.
Si nos vemos entre los países centroamericanos estamos mal, pero nos supera en corrupción Nicaragua y El Salvador, aunque este último se ha visto mejorar porque existe la voluntad política de su presidente Nayib Bukele, quien ha luchado para cambiar los destinos del país vecino, mientras que Costa Rica, Honduras y Panamá están mejor vistos, lo cual es muy preocupante porque el presidente hondureño tiene serios señalamientos de estar involucrado en actos ilícitos, pero que deberán ser comprobados en los entes jurisdiccionales.
Incluso la semana pasada el gobierno del presidente norteamericano, Joe Biden anuncio la suspensión temporal de la cooperación para con la Fiscalía General de Consuelo Porras, quien es señalada de favorecer la impunidad y socavar el Estado de Derecho en Guatemala.
La administración estadounidense ha mencionado varias veces que la lucha contra la corrupción, es clave en su plan estratégico, para frenar la migración masiva centroamericana que se vive diariamente hacia el país del norte, que ve como un factor importante, para detener la misma, porque se ha convertido en un problema político-social en Estados Unidos.
Por eso es que se hace necesario, que se den varias reformas legales, para combatir la corrupción de una manera eficiente y sistemática, pero con esta falta de confianza en el trabajo que realiza el Ministerio Público no se vislumbra por donde puedan venir, nuevos aires para el pueblo de Guatemala, que está necesitado de una justicia pronta y efectiva.
Lamentablemente somos un país, donde los políticos, llegan al poder para servirse de los impuestos y no para lo que fueron electos. En esta sociedad ser funcionario público, es sinónimo de corrupción, nadie cree en sus autoridades y mucho menos en sus instituciones, lo cual provoca un desgaste innecesario para los que se encuentran en el poder.
Esto hace que la ciudadanía se encuentre indignada y lo podemos comprobar en la forma de expresarse en las Redes Sociales, que se han convertido en un termómetro para conocer que se piensa de la forma de hacer gobierno, lo cual nos demuestra que el guatemalteco se encuentra harto de la impunidad que impera en Guatemala y el único afectado al final es el Estado de Derecho.
