Mientras los sucesos del 19 de octubre frente al Congreso, desde cuando a temprana hora fueron agredidos los médicos y trabajadores salubristas que manifestaban pacíficamente hasta el posterior cerco y ataque al Congreso de la República, esos graves hechos siguen sin una seria y profunda investigación luego de que se anunció que las asociaciones que habían participado serían legalmente disueltas y los responsables llevados a juicio. En cambio, en el caso de la mina Fénix que ha provocado ya un Estado de Sitio en el municipio de El Estor, las investigaciones y allanamientos se realizan con gran diligencia, evidenciando distintos raseros que tienen nuestras autoridades para ejercitar sus funciones en términos de investigación de hechos penales que puedan ser cometidos
Algo hay alrededor de la mina en cuestión que hace que nuestras autoridades se muestren extraordinariamente diligentes, no sólo en el despliegue inusual de fuerza pública sino en el curso de los acontecimientos posteriores. Y obviamente también algo debe haber en relación al caso de los ex militares que atacaron el Congreso porque al parecer ese acto quedará en la misma gaveta en que fue colocada la investigación del incendio que “alguien” causó en el Palacio Legislativo, en noviembre del año pasado.
Por eso es que decimos que la investigación tiene que ser objetiva y seria para ser garantía de justicia. De lo contrario se convierte en herramienta para pagar favores o para cobrar facturas y eso lo único que hace es aumentar la anarquía ya grave que genera tanta ingobernabilidad por el deterioro de las instituciones nacionales. Huele a que algún favor muy grande se está pagando a una empresa que ha recibido esa extraordinaria protección con la presencia, durante tantos días, de un fuerte contingente policial para garantizarle la libre movilidad, además de la diligencia inusual para realizar investigaciones que permitan llevar a juicio a los responsables. Lo mismo pasa con la ausencia de elementos de la policía en el Congreso la semana pasada y la falta de investigaciones, puesto que se evidencia que en ese caso los infractores del orden público tuvieron carta blanca para actuar de la forma en que lo hicieron.
El ciudadano tiene que tener claro que esa postura institucional le pasará factura en cualquier momento porque cuando sea objeto de algún abuso o de la violación de un derecho, simplemente no tendrá a quien recurrir. Y menos aún si el responsable es parte del círculo del poder corrupto porque está visto que sus desmanes no tienen ninguna consecuencia y que las víctimas de verdad no tienen protección.
