La crisis que sufrimos en Guatemala tiene su origen en la falta de credibilidad que los ciudadanos afirmamos contra el gobierno que dirige el presidente Alejandro Giammattei. Es lo que no parecen comprender las autoridades o más bien fingen desconocer. Por ello insisten en la fábula de que sus acciones persiguen el establecimiento del estado de derecho del país.
No es cierto. Los guatemaltecos sabemos que el Ministerio Público retuerce la ley o, quizá más bien, la usa para provecho propio. Sus autoridades instrumentalizan las investigaciones para imponer los intereses retorcidos de quienes manejan el cotarro, personajes que conspiran contra la nación, haciendo de su ejercicio un medio para fines de corrupción.
Eso es todo. Por más que repita la fiscal indicando que hace su trabajo, que lo suyo no tiene maña y que es objetiva, casi nadie, salvo unos pocos creen ese discurso de pureza. Ha sido tan burda, que su operatividad evidencia más bien estar al servicio de la continuidad de un gobierno a toda luz lleno de hampones.
Consuelo Porras lo entiende, sabe que ha sido descubierta. Reconoce que la población está enardecida, que la comunidad internacional está en su contra y que hasta la Conferencia Episcopal la rechaza. No ignora que lo que diga mañana la FECI de Rafael Curruchiche en su nombre, deslegitimando las elecciones, no tendrá credibilidad porque la institución que dirige la ha convertido en una organización impresentable y sin probidad.
Con todo, insiste. Lo hace como el que en medio del océano busca sobrevivir, invocando milagros. Para ello, con locura, fuera de control, patalea con los recursos que le quedan. Es la razón por la que es capaz de invocar la violencia, continuar mintiendo y ejerciendo la maldad con cuantos pueda. No quiere perecer. Y no está sola en el intento, lo están también quienes la animan, principalmente Giammattei y sus más perversos secuaces.
Los animan también un sector económico acostumbrado a vivir del Estado. Unos cuantos empresarios poco ilustrados que repiten consignas y desde sus fábricas o fincas alientan el ataque violento. Algunos son identificables por su participación en las redes sociales donde externan, además de su falta de empatía, su odio hacia los grupos que juzgan inferiores (intelectual, social y económicamente).
Aunque al decir verdad, no faltan algunos con mucho menos recursos que desde la ficción, creen ser parte de los ricos del país. Encuentran confluencia con el discurso del CACIF y entonan el canto de la libre empresa, la libre locomoción, la defensa de la propiedad privada y la meritocracia. O sea, «el pobre es pobre porque quiere» y las manifestaciones son propias de acarreados y gente que no quiere a Guatemala. «Socialistas, pues».
Por fortuna el país ha despertado. La sociedad se levanta contra el contubernio de los políticos de turno que quieren perpetuarse. Contra el crimen de los que han conspirado durante los últimos años para mantener a Guatemala en la pobreza. De eso se trata. De instaurar posibilidades nuevas, esa oportunidad que comienza con el respeto a las urnas que ahora el Ministerio Público pretende robar.
