Por Denis Aguilar
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Luego de que el Ministerio Público (MP) informó que el caso de la desobediencia de la Comisión Permanente del Congreso se asignó a la Fiscalía de Delitos Administrativos, se consultó a expertos si este debió trasladarse la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), derivado que una investigación de esa unidad, derivó en el amparo que presentó la Fiscal General, María Consuelo Porras.
La Corte de Constitucionalidad (CC) notificó hoy al Ministerio Público de la certificación de lo conducente contra la Comisión Permanente, luego de que esta no acató la orden de trasladar el documento original de la solicitud de antejuicio contra cuatro magistrados del máximo tribunal constitucional.
Ahora, el MP deberá investigar este caso, al igual que la denuncia penal que presentó la Comisión Permanente contra los cuatro magistrados.
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ORTIZ: SE LE PUDO HABER ASIGNADO A FECI
A decir de Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, se trata de un criterio complejo el hecho de trasladar los casos a las fiscalías, debido a que este caso es una cuestión administrativa, pero que se pudo haber tomado una decisión con un criterio de justicia para asignárselo a la FECI.
“Y más bien decidir que fuera la FECI dado el tamaño y la magnitud del caso y que estamos hablando de un poder del Estado, entonces creo que por la magnitud del caso, por la sospecha que hay de contubernio con otras facciones interesadas en las elección de magistrados, se pudo haber trasladado esa denuncia a la FECI”, dijo Ortiz.
No obstante, Ortiz mencionó que reconoce que hay un margen de discreción que sí está en manos de la Fiscalía de Delitos Administrativos.
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“Al final de cuentas, dado que la investigación está relacionada en última instancia a la elección de magistrados, yo creo que la Oficina de Atención Permanente pudo haber tomado el criterio que fuera la FECI la indicada”, dijo.
ESCOBAR: DESOBEDIENCIA ES DELITO ADMINISTRATIVO
Por su parte Lorena Escobar, analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), explicó que un tema de una desobediencia de un funcionario a una resolución de la CC es una situación que compete a la Fiscalía de Delitos Administrativos.
“Es por la forma en que está organizado el Ministerio Público y por eso que se lo dieron a ellos”, dijo Escobar.
Escobar dijo que se asume que todas las fiscalías tienen la misma capacidad para investigar los casos que se les presenten, pero señaló que en el Ministerio Público hay una distribución de delitos que cada una de las fiscalías deben conocer.
