POR MARGARITA GIRÓN
jgiron@lahora.com.gt
La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies) y el Banco de los Trabajadores, presentó el foro ¿Cómo mejorar la situación de las mujeres trabajadoras?, el mismo busca contribuir al mejor conocimiento de las mujeres trabajadoras guatemaltecas, identificando factores que favorecen y obstaculizan su inserción laboral y su realización como personas.
Además, se presentó el estudio “Mujeres trabajadoras cuentan su historia”, en donde se incluyen experiencias de vida laboral de al menos 30 mujeres trabajadoras guatemaltecas de distintos ámbitos de las actividades económicas.
Durante el foro se enfatizó en las recomendaciones para mejorar la situación de las mujeres en Guatemala. En esa línea, la experta Magalí Quintana, quien participó en la elaboración del estudio referido, remarcó entre otros temas que, la mujeres trabajadoras enfrentan mayores obstáculos que los hombres en temas como el acceso limitado al mercado laboral, ocupando empleos de baja calificación y salarios menores, lo que explica por qué hay más mujeres que hombres viviendo en la pobreza, de manera especial mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y las que residen en zonas urbano marginales en las ciudades.
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Una de las historias incluidas en el estudio es la de Cesi Antón, originaria de San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos, quien a sus 26 años relató que ante la falta de trabajo tuvo que regresar al corte de café, labor que desempeñó desde niña.
“Cuando me gradué de maestra busqué trabajo como docente, aquí donde vivimos y en el municipio, pero hay mucho desempleo y cuando uno lleva la papelería le piden que demuestre el nivel de experiencia, y en mi caso estaba recién graduada, la respuesta que le dan a uno es “espere que le llamaremos”, pero esa llamada nunca llegó. Por eso es que yo regresé a trabajar en el corte de café”, relata Cesi.
Según se lee en su testimonio, su meta es trabajar en una institución, porque del corte de café no se gana para vivir adecuadamente y solo alcanza para comer. “Ahora el dinero ya no rinde”, enfatiza.
ACOSO EN EL TRABAJO
Dentro de las recomendaciones derivadas del estudio, la experta se refirió al tema del acoso y violencia en el lugar de trabajo, incluyendo el acoso para el acceso al trabajo. En este tema, mencionó que se recomienda al Estado que ratifique el Convenio 190 de la OIT sobre la eliminación de la violencia en el acoso en el mundo del trabajo, que tiene como fin proteger a los trabajadores y a otras personas vinculadas con el mundo del trabajo.
“Este constituye la primera norma internacional de tolerancia cero a la violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica, sexual o económica, que se produzca fuera o dentro del centro laboral, ya que puede ser acosada por un jefe o un compañero de trabajo, siempre ejerciendo las relaciones de poder”, mencionó.
Asimismo, enfatizó que este se aplica a todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales.
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SOBRE LEGISLACIÓN
Quintana citó en el tema de legislación lo relacionado a la Constitución Política de la República, en el artículo 101 reconoce el derecho al trabajo, indicando que “El trabajo es un derecho a la persona y una obligación social”.
Además, de mencionar otras regulaciones laborales, la experta explicó que, si bien en Guatemala se cuenta con normativa que protege a las mujeres en cuanto a sus derechos en los diversos ámbitos, lo que pudiera permitirles el ejercicio de su ciudadanía plena, las leyes son poco conocidas tanto en su contenido como en la forma de denunciar su violación u omisión.
Por ello, se recomienda una amplia divulgación de estos, mediados en forma clara, directa y fácilmente comprensible, en los diversos idiomas, utilizando todos los medios de comunicación particularmente aquellos, como la radio, que tiene cobertura nacional.
“Hemos encontrado que las mujeres que trabajan en la ciudad tienen mayor conocimiento, aunque sea a través de una amiga o alguien que conoce, pero en las áreas rurales es donde se plantea esa cobertura”, dijo.
Además, recomiendan, que todos empleados y funcionarios que estén involucrados con el tema de las mujeres deben ser capacitados y asegurar su conocimiento por medio de talleres, manuales claros y precisos, que les faciliten el cumplimiento de la ley y la asesoría a las mujeres particularmente a las que viven en las áreas rurales.
CONDICIONES DE TRABAJO
En el tema de las condiciones de trabajo, Quintana destacó la importancia que las instituciones del Estado den el ejemplo protegiendo los derechos de los trabajadores mediante el cumplimiento de las leyes laborales nacionales y los instrumentos internacionales de los cuales Guatemala es parte.
Asimismo, piden al Ministerio de Trabajo, que supervise el cumplimiento de los horarios de las jornadas de trabajo, y que se cumpla con el pago de todas las prestaciones laborales de ley (aguinaldo, Bono 14, y que trabajadores gocen de las vacaciones).
En este tema destacó que se ha llevado a cabo una práctica particularmente en el sector privado en donde se les pagan las vacaciones a los trabajadores, “esto lo que hace es impedirles a los trabajadores que gocen de su descanso o lo dediquen a estar con sus familias”, remarcó.
Además, instan a incentivar a las trabajadoras a que se inscriban en cursos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) que les permitan tener otros conocimientos y especializarse en su trabajo, con lo cual tendrían mayor oportunidad para ascensos y mejora salarial.
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Además, piden velar por el cumplimiento de la edad mínima de trabajo en las niñas. “Las niñas son soporte de la madre en las actividades domésticas y contribuyen a la venta de productos elaborados en la casa. Ello impide que les dediquen suficiente tiempo a sus estudios y en muchos casos deserten antes de concluir la primaria”, destacan.
En ese contexto, recomiendan a las empresas ofrecer a mujeres y hombres la misma remuneración y los mismos beneficios por trabajo de igual valor y contratar y nombrar proactivamente a mujeres en puestos directivos y de responsabilidades, así como en el seno del consejo de administración, además de garantizar una participación suficiente de mujeres (30 % o más) en los procesos de toma de decisión y de dirección a todos los niveles.
PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD
María Isabel Salazar, viceministra de Trabajo, mencionó que para el restablecimiento de los derechos es necesaria la denuncia”. En ese contexto, explicó que, con relación a vulneración de derechos relativo al embarazo, por discriminación, por cambio de condiciones, modificación de estas sin autorización de la trabajadora, hay 121 denuncias, lo cual, a decir de la funcionaria, no refleja la realidad del país.
Agregó que por vulneración de periodo de lactancia o porque no dan el periodo de lactancia se reportaron 86 denuncias en 2020.
“Entendemos que hay un desencanto del servicio y de la administración -pública-, yo misma lo viví como usuaria, pero esto es lo que me llevó a involucrarme también”, apuntó Salazar.
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De acuerdo con Quintana, en Guatemala ya está vigente la ratificación del Convenio 103 de la OIT, en donde el Estado está obligado a proteger la maternidad. Sin embargo, se recomienda la ratificación del Convenio 183 sobre la protección de la maternidad, que revisa el Convenio 103.
“Este convenio mejora la protección, al aumentar de 84 días (12 semanas) el descanso pre y postnatal que prescribe el artículo 155 del Código de Trabajo, a 98 días (14 semanas); y para garantizar que la maternidad no sea una causa de discriminación, indica que el Estado Miembro debe adoptar medidas que incluyen la prohibición de exigir un examen para comprobar si una mujer está o no embarazada”, detalló.
Asimismo, destacan que, las autoridades deben inspeccionar a las empresas, comprobar que las condiciones de empleo reflejen en los contratos los derechos de las mujeres en cuanto al tiempo libre y las jornadas laborales ordinarias, tanto diurnas como nocturnas, y horas extras de trabajo, así como el derecho de los menores al goce de la seguridad social. Incrementar el número y ampliar la capacidad de guarderías y sus servicios para los trabajadores del Estado.
Además de evaluar la posibilidad de que las guarderías dependan del IGSS, para que tanto trabajadoras como trabajadores tengan acceso a las mismas, pagando una cuota simbólica. Así como velar por el cumplimiento del Convenio 156 de la OIT sobre trabajadores con responsabilidades familiares.
También recomiendan a las empresas permitir que las mujeres con responsabilidades familiares que desempeñen o deseen desempeñar un empleo ejerzan su derecho a hacerlo sin ser objeto de discriminación.
APOYO A EMPRENDEDORAS
En la presentación también se destacó el apoyo al emprendimiento, en esta línea detalló que, el Estado debe difundir y fortalecer el Programa para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía, que proporciona asistencia técnica a las mujeres y hombres emprendedores, y también brinda información y formación sobre el manejo de los emprendimientos, gestión empresarial y educación financiera, impulsándoles a la formalidad.
El mismo incluye el Programa Global de Crédito, cuyos objetivos contemplan “facilitar, ampliar y mejorar la cobertura de servicios de créditos formales para las MIPYME, así como para grupos poblacionales que requieran crédito para el financiamiento de soluciones de vivienda productiva y grupos de innovadores, que demandan crédito para el financiamiento de sus iniciativas empresariales”.
En el estudio también se destaca la historia de Sheila Estrada Rodas, quien es madre soltera de tres niñas, tiene 40 años y es emprendedora en el campo de la chocolatería.
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Rodas es originaria de Chicacao, Suchitepéquez y según el relato, comenzó a vender el chocolate con amigos y familiares. Después en lugares donde ella pensaba que sí podían vender el producto. “Mi emprendimiento es reciente, tengo tres años de haberlo iniciado”, destaca.
En ese aspecto señala que uno de los obstáculos que ha encontrado en su emprendimiento es la parte de formalizar el negocio a través de la SAT. “Esto complica cuando se es microempresaria porque honestamente todos los papeleos, trámites, facturas, pago de contador a una le cuesta. Pero a veces muchos lugares no compran el producto porque una no tiene facturas”, dijo.
Otro obstáculo que destacó es obtener un registro sanitario. “Para mí ha sido el más grande que he tenido y sigo teniendo, porque para obtenerlo debo tener instalaciones adecuadas y eso representa una inversión grande, como emprendedora eso es muy difícil. Honestamente empecé hacer el trámite, pero al darme cuenta de la inversión, porque yo necesitaría cambiar la infraestructura de mi taller para tener esa autorización desistí por el momento, además de los trámites engorrosos”, precisa.
APOYO AL TRABAJO DECENTE
En este tema destacaron la recomendación al MAGA, para que en los programas post pandemia y post desastres naturales se incluya de forma preferencial a mujeres rurales individuales o asociadas. Así como ampliar la cobertura de la seguridad social, tanto del programa de enfermedad, maternidad y accidentes (EMA) y de invalidez, vejez y sobrevivencia (IVS), para los trabajadores por cuenta propia o independientes (hombres y mujeres), con la opción de incluir a los hijos y otros miembros de la familia que trabajan sin remuneración.
Asimismo, impulsar la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. “Esto permitirá superar la insuficiente protección que ofrece el PRECAPI”, destacan.
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MUJERES CON DISCAPACIDAD
En este tema, la investigadora destacó la recomendación para incentivar la formación y capacitación para el trabajo, con pasantías en las entidades públicas, para la inclusión preferencial de mujeres con discapacidad y velar por la implementación de programas especializados para la alfabetización y estudios primarios, secundarios y diversificados de la población con discapacidad, particularmente en el interior de la República.
Así también, apoyar e incluir en sus actividades que promueven la inserción laboral a las instancias no gubernamentales que impulsan la educación especial. Entre ellas la Asociación de Capacitación y Asistencia Técnica en Educación y Discapacidad (Ascated), la Federación Guatemalteca de Padres y Amigos de Personas con Discapacidad (Fedepagua), la Escuela de Educación Especial y Centro de Rehabilitación Integral (EDECRI) y el proyecto de escuelas de educación especial “Nuevo Día”. Además de, actualizar y aprobar la “Política Nacional en Discapacidad”.
