Jennifer Lobo Chocojay era una niña de 13 años, oriunda de Palín, Escuintla. Lo último que se supo de ella es que salió de su casa a comprar un hot dog. Nunca regresó. Se le reportó como desaparecida un 17 de abril, luego de que sus padres activaran una Alerta Alba-Keneth y 12 días después, su cuerpo fue localizado sin vida dentro de una zanja, con señales de violencia y estrangulamiento.
Más allá de la indignación, el dolor y la demanda por exigir justicia para Jennifer, su historia se suma a miles de casos de menores desaparecidos que hasta septiembre de este año ascienden a 5,342 casos.
En su mayoría, las niñas-adolescentes entre los 13 y 18 años, son las que representan 7 de cada 10 casos. Una de las causas más frecuentes es la rebeldía, explica Suilma Cano, jefa de la Unidad Operativa de la Alerta Alba Keneth.
Aunque la mayoría logra ser localizada, un pequeño número también revela una tragedia, ya que se les encuentra fallecidos. Este año, han sido 28 menores: 14 masculinos y 14 femeninos, por causas que van desde accidentes o crímenes, sin especificar edades o causas, indica Cano.
Existen múltiples expresiones de violencia que sufren cada día las niñas y mujeres en Guatemala. De acuerdo con la organización Plan International, son 300 diarias.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), una de cada tres mujeres es víctima de violencia física o sexual desde que se es muy joven, violencia que se ha incrementado debido al encierro provocado por la pandemia.
Las desapariciones, la trata, los embarazos, ser madres a temprana edad; así como las agresiones en general son parte del flagelo que deja secuelas devastadoras en la vida de las niñas y mujeres, quienes representan la mitad de la población del país.
DENUNCIAS POR DOQUIER
Las estadísticas muestran que los delitos de violencia sexual, explotación y trata de personas afectan en la mayoría de los casos a las mujeres, de acuerdo con la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET).
La trata de personas, también conocido como la esclavitud moderna, tiene entre sus principales víctimas a las niñas y especialmente a las adolescentes. De cada 10 casos ocurridos, ocho son mujeres menores de 18 años, según datos de CIPRODENI.
Hasta abril de este año, las denuncias recibidas por el delito de trata de personas ascendían a 81 casos, de los cuales 37 eran en el departamento de Guatemala, seguido de Quetzaltenango y Escuintla. En el 2020, el total de denuncias fue de 300.
En 2020, los delitos de violencia sexual ascendieron a 9,212 casos, en su mayoría en el departamento de Guatemala. Ese mismo año, el total de reconocimientos médicos por delitos sexuales fueron de 6,357.
Las cifras de INACIF también son otra muestra de esta realidad. El año pasado se practicaron 4,775 exámenes forenses en niñas, niños y adolescentes por violencia sexual. En el 90% de los casos, se trataba de mujeres y el 10% en hombres.
“El abuso y la violencia sexual no discrimina, pero se ensaña más con las niñas, por lo que urge crear entornos protectores”, expresa Otto Rivera, secretario ejecutivo de CIPRODENI.
ADOLESCENTES: MÁS DE 290 EMBARAZOS DIARIOS
Otra manifestación de la violencia en la mujer son los embarazos en niñas y adolescentes. Las cifras muestran que, de enero hasta el 31 de agosto de este año, se contabilizaban 70,821 embarazos en las edades de 15 a 19 años. Esa cifra implica un promedio de 291.4 embarazos diarios.
Los departamentos de Alta Verapaz, Huehuetenango, San Marcos y Quiché son los que tienen mayoría de casos, según el Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSAR), con base a datos del Ministerio de Salud.
Mientras que el registro de nacimientos en madres jóvenes continúa mostrando cifras alarmantes. En las edades de 10 a 14 años se registraron 1,271 madres; y en el rango de 15-19 años, asciende a 46,499 registros, con mayoría en los mismos departamentos citados, según el OSAR con base a cifras del Renap.
El estudio “Consecuencias socioeconómicas del embarazo en la adolescencia en Guatemala” resume que muchas veces esta no es una decisión deliberada, sino resultado de múltiples factores que afectan su trayectoria de vida. La escasa educación sexual, matrimonios precoces y violaciones, muchas veces en su círculo más cercano.
Las consecuencias impactan en su educación, empleo futuro y salud mental y física. Uno de estos es que tienen un alto riesgo de mortalidad materna. Hasta cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años; y la tasa de mortalidad en los neonatos es hasta un 50% superior.
También se demuestra que una adolescente madre no tendrá las mismas oportunidades en el mercado laboral y, en consecuencia, para su independencia económica, según el estudio regional del Programa de Población de Naciones Unidas (UNFPA).
FALTAN NIÑAS LÍDERES
En una conferencia de prensa conjunta de la OMS y ONU Mujeres, el director general del organismo de salud, Tedros Ghebreyesus, recordó que la violencia contra la mujer está presente en todas las culturas y subrayó su aumento durante la emergencia del coronavirus.
“Sin embargo, no disponemos de vacunas para ponerle freno, sólo podemos hacerle frente si los gobiernos, las comunidades y las personas adoptan medidas y las integran plenamente con el fin de cambiar actitudes perjudiciales, mejorar el acceso a las oportunidades y los servicios para las mujeres y las niñas y fomentar las relaciones saludables y de respeto mutuo”, expresó.
John Lundine, director de Plan International Guatemala, coincide en este aumento de la violencia durante la pandemia en el país, puesto que el encierro supuso una mayor cercanía de las víctimas con sus agresores, que en el 80% de los casos pertenecen al entorno familiar.
Considera que actualmente las diversas instituciones documentan muy bien las cifras, pero al final no refleja totalmente el panorama del problema. “Se necesita estudiar y profundizar en esta violencia, que tiene múltiples causas, donde incluso hace falta denunciar más”, expone.
Para Lundine se debe crear conciencia de no aceptar esta violencia sexual y trabajar en políticas de educación integral en sexualidad, programas que ciertamente no se han implementado adecuadamente debido a la falta de clases presenciales. Otro fenómeno es que los recursos destinados a atender estos programas, como el de salud materno infantil, se han orientado a otros renglones.
Ciertamente, existe una brecha entre la atención ideal y la realidad, donde existen muchas instituciones involucradas y la violencia no logra detenerse. Realidad que se muestra como una debilidad institucional en términos de recursos, que implican un sistema de justicia lento. Procesos largos que ponen a la víctima en una posición vulnerable.
Un avance positivo es que existen más plataformas de denuncia: MP, Mingob, PGN, SVET para que las mujeres tengan maneras de presentar sus casos.
Por eso la estrategia de Plan International, que trabaja desde hace una década en Guatemala, actualmente con presencia en 25 municipios de nueve departamentos del país, es cambiar la visión de las niñas y empoderarlas, así como extender el apoyo con otras redes de organizaciones que trabajan en esta misma línea, para lograr presencia en 16 departamentos.
“Hacen falta niñas y mujeres líderes en Guatemala para lograr mejor representatividad de la mujer”, opina. Desde su organización y el conjunto de donantes trabaja para mejorar esta situación a través de metodologías y programas como “Juventudes chispudas” y “Campeones y campeonas del cambio” ejemplos que, asegura, han funcionado. “Necesitamos replicar a escala nacional modelos que ya existen. Otros países lo han logrado con éxito”, concluyó.
Quizás sea esta la ruta para que historias como la de Jennifer Lobo, que tuvieron un final trágico, sean cada vez menos parte de la nota roja, que ha puesto de rodillas a cientos de familias guatemaltecas.
