CIUDAD DE MÉXICO
Agencia (AP)
El presidente de México Andrés Manuel López Obrador exigió una investigación de los jueces que han bloqueado temporalmente la implementación de su plan de dar preferencia a las envejecidas plantas eléctricas del gobierno y segregar a las plantas de energías renovables o de gas natural construidas en muchos casos por empresas extranjeras.
El mandatario ha dicho previamente que siempre respetaría a la rama judicial, pero el viernes básicamente acusó a los jueces de estar pagados por empresas extranjeras.
«Queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares», declaró el mandatario.
López Obrador también dijo que recurrirá a la Suprema Corte de la Nación, aunque sus perspectivas no son buenas ahí. El viernes dijo que no está tratando de anular una reforma del 2013 al sector energético ni garantías constitucionales a la competencia en el sector de electricidad. Eso fue parte de lo que llevó a un juez a emitir el jueves una orden que bloquea la implementación de la nueva ley.
Por la noche, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito salió en defensa de sus miembros y dijo en un breve comunicado, sin mencionar a López Obrador, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces, su «único compromiso es con la Constitución y la independencia para garantizar un efectivo estado de derecho».
La ley de López Obrador, que entró en vigor el martes, dice que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadores del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, combustóleo y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces la electricidad de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.
Eso ha causado quejas de los inversionistas, muchos de ellos extranjeros, que dicen que la medida viola el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, así como los compromisos de México de reducir las emisiones de carbono. También afirman que se crea un monopolio gubernamental de facto, daña la competencia y encarece la electricidad.
El viernes, López Obrador insinuó que estaba dispuesto a negociar con las compañías extranjeras si aceptan contratos menos lucrativos. Eso es algo que ya hizo previamente, cuando amenazó con cancelar los contratos de gasoductos para las plantas generadoras a menos que las compañías que los construyeron aceptasen cambios en sus contratos.
López Obrador ha dicho que la nueva ley busca proteger a las plantas gubernamentales contra lo que llama competencia injusta de plantas privadas de energía eólica, solar y de gas.
«Estamos abiertos para buscar un diálogo, una negociación», afirmó el presidente. «Necesitamos revisar esos contratos que están excedidos».
López Obrador se ha quejado previamente de que las plantas extranjeras recibieron una preferencia injusta sobre la compañía estatal de electricidad, que se les garantizaron precios elevados por su energía y no se les requirió contribuir a la construcción de líneas de transmisión.
Pero el asunto alcanzó su punto crítico cuando el uso de electricidad se desplomó a causa de la pandemia. Como resultado, la compañía estatal, Comisión Federal de Electricidad, sufrió una caída en sus ingresos y un aumento de sus reservas de combustóleo, el cual tiene que quemar pese a que es un combustible sucio que ha perdido uso en el mundo. La CFE ha sido presionada además para comprar carbón de minas mexicanas.
Muchas plantas de energía eólica, solar y de gas fueron construidas en México por compañías extranjeras luego de la reforma energética del gobierno anterior, a la que López Obrador se opuso. El presidente es un férreo defensor de las empresas propiedad del gobierno y de los combustibles fósiles.
La medida ya ha causado quejas de grupos privados de negocios e inversionistas estadounidenses, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló en febrero que la ley «contravendría directamente los compromisos mexicanos» contraídos en el T-MEC, que establece límites estrictos en cómo un gobierno puede favorecer a sus empresas en detrimento de empresas ajenas.
López Obrador argumenta que México debería ser autosuficiente en el sector de la energía, una convicción que dice se fortaleció luego de las tormentas invernales de este año en Texas que interrumpieron temporalmente el suministro de gas natural importado por el gobierno mexicano.
