Por ELAINE KURTENBACH
BANGKOK
Agencia (AP)
Las empresas están reevaluando sus inversiones en Myanmar desde que los militares tomaron el poder, detuvieron a dirigentes civiles y provocaron protestas masivas.
El magnate singapurense Lim Kaling, miembro del directorio de la firma tecnológica Razer Inc., anunció ayer que se retirará de una empresa conjunta tabacalera con Virginia Tobacco Co., vinculada con los militares, la primera fabricante de cigarrillos del país.
Lim tenía un tercio del paquete accionario de RMH Singapore Pte., dueña del 49% de la empresa conjunta que se formó en 1993.
Dijo que sentía una «grave preocupación» por la situación en Myanmar y «por eso estoy estudiando opciones para deshacerme responsablemente de esta participación».
Hasta ahora la mayoría de las empresas con grandes negocios o inversiones en Myanmar parecen tener una actitud de esperar a ver qué sucede.
Pero la semana pasada, inmediatamente después del golpe del 1 de febrero, la japonesa Kirin Holdings, fabricante de cerveza, alimentos y bebidas sin alcohol, anunció que ponía fin a su empresa conjunta con Myanma Economic Holdings PLC. (MEHL), vinculada con los militares.
«Dadas las circunstancias actuales, no tenemos otra opción que poner fin a nuestra empresa conjunta», dijo Kirin. «Tomaremos medidas de manera urgente para efectuar esta terminación».
La inmobiliaria tailandesa Amata dijo que había suspendido el desarrollo de un proyecto en Yangon, la ciudad más grande de Myanmar.
Aparte de Kirin y RMH Singapore, los socios extranjeros de MEHL incluyen la siderúrgica Posco International, la mercantil Pan-Pacific y el Inno-Group, de Corea del Sur, así como la minera china Wanbao, que opera minas de cobre en Myanmar.
Desde hace años, Amnistía Internacional y otros grupos defensores de los derechos humanos critican enérgicamente a los socios de MEHL y otra empresa vinculada con los militares, la Myanma Economic Corp., por sus lazos con unas fuerzas armadas condenadas por violaciones, atrocidades cometidas contra minorías étnicas como los rohinya, trabajos forzados, robos de tierras y otros abusos.
Un informe emitido en 2019 tras una investigación autorizada por la ONU concluyó que la riqueza generada por los negocios —el llamado Tatmadaw— le ha permitido a los militares actuar con impunidad.
