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Por LORNE COOK/AP
BRUSELAS
La Unión Europea sancionó hoy a siete miembros de los servicios de seguridad e inteligencia de Venezuela, bajo sospecha de que están implicados en torturas y otras violaciones de derechos humanos. Entretanto, la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció una misión para que investigue los abusos cometidos en el país sudamericano.
Cuatro de los siete señalados, a quienes se les congelaron activos y se les prohibió viajar, están relacionados con la muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, un militar de la Marina venezolana que supuestamente sufrió torturas mientras estaba bajo custodia del gobierno, según Bruselas.
Con estos, las sanciones impuestas por la UE a raíz de la crisis política y económica en Venezuela afectan a 25 personas.
«El pueblo de Venezuela continúa sufriendo una situación dramática. El impacto regional de la crisis no tiene precedentes, con graves riesgos para la estabilidad regional», dijo en un comunicado la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini
Agregó que la UE está lista para ampliar las sanciones, a fin de animar a una transición política y a la celebración de elecciones presidenciales, añadiendo que estas medidas podrían suavizarse si se registran avances.
En Ginebra, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU votó, por 19 contra 7 con 21 abstenciones, a favor de una resolución que crea una misión investigadora de un año para examinar «ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, detenciones arbitrarias y torturas y otros tratos crueles, denigrantes o inhumanos» perpetrados en Venezuela en los últimos cinco años.
En julio, la comisionada de derechos humanos de la ONU Michelle Bachelet emitió un reporte afirmando que gobierno venezolano perpetró casi 5 mil 300 asesinatos en operativos de seguridad el año pasado por «resistencia a la autoridad».
La medida, propuesta por el Grupo de Lima –países que se oponen al gobierno de Nicolás Maduro– no llegó a pedir la creación de una Comisión de Investigación, el máximo nivel de escrutinio que esa entidad puede autorizar.
La oposición en Venezuela ha pedido sanciones más duras de la UE contra miembros del gobierno, incluyendo al mismo Maduro, por socavar las instituciones democráticas del país.
Dos años atrás, el gobierno estadounidense añadió a Maduro en la lista de más de 100 funcionarios venezolanos a quienes se les han congelados sus activos en Estados Unidos y quienes no pueden hacer negocios con entidad norteamericana alguna.
Sin embargo, la UE ha sido más lenta en castigar a Maduro en comparación con Estados Unidos y Canadá, pues teme estropear toda la posibilidad de mediar para hallar una solución negociada a la crisis, a raíz de la cual más de 4 millones de personas –un 15% de la población– ha emigrado en busca de alimentos y trabajo.
En tiempos más recientes la posibilidad de un acuerdo se ha visto disminuida luego que Maduro puso fin a un diálogo patrocinado por Noruega y abrió un diálogo con un pequeño grupo de partidos opositores minoritarios.
El canciller venezolano, Jorge Arreaza, ha denunciado reiteradamente las sanciones de Estados Unidos y la UE como una violación ilegal de la soberanía del país. Ha dicho que bajo la lógica de esas acciones, tales herramientas deberían ser usadas contra Guaidó porque él ha promovido, dijo, la violencia.