Por Juan José Dalton
San Salvador
AGENCIA/dpa
El pago de las pensiones a un grupo de jubilados que quedó a cargo del Gobierno tras la privatización del sistema previsional en El Salvador genera desde hace más de un año una pugna de poderes entre la Justicia, la oposición y la administración del presidente Salvador Sánchez Cerén.
En el marco de este conflicto, el mandatario del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ofreció anoche una cadena nacional en la que acusó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de «desestabilizar al país y dañar» a estos 175 mil jubilados.
En 1998, en El Salvador se privatizó el sistema previsional, por lo que todos los trabajadores, empleados públicos y de las empresas privadas fueron obligados a someterse a una Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), con excepción de cerca de 175 mil jubilados que quedaron al amparo del Gobierno.
Los montos a pagar a los jubilados fueron creciendo como burbujas y los ingresos se redujeron por las constantes crisis económicas que provocaron desempleo masivo, explicó a dpa el presidente del Colegio de Economía, Alfonso Goitia.
Además, apuntó que la implantación del dólar como moneda de circulación agravó aún más las crisis y las finanzas del Estado, junto al incremento de la evasión y la elusión fiscal, que llega a los 2 mil millones de dólares, aproximadamente la mitad del presupuesto de la nación.
Al no alcanzar el dinero para todas las necesidades del Estado, todos los gobiernos desde 1989 han pedido préstamos a nivel nacional e internacional, que deben ser aprobados por dos tercios del Parlamento.
Sin embargo, en la actualidad la oposición le niega desde hace un año los préstamos al Gobierno. El presidente y sus funcionarios más allegados denuncian que la intención es «asfixiarlo económicamente» con fines electorales.
En este contexto, el miércoles la Sala de lo Constitucional de la CSJ anunció que dejó sin efecto unas reformas de la semana pasada aprobadas en el Parlamento para aumentar el techo disponible del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP).
La reforma aprobada por el Parlamento autorizaba al Gobierno a disponer del 50 por ciento del FOP, cuando el límite legal era el 45 por ciento. Con esta reforma, el Gobierno habría contado con 500 millones de dólares para pagar a los 175.000 jubilados.
Por eso el presidente utilizó la cadena nacional para condenar esta sentencia, que consideró «política y desestabilizadora», porque dejará a decenas de miles de jubilados sin pensiones a partir de agosto.
Este fallo, según el Gobierno, está en consonancia con las ideas de la oposición derechista, que quiere retornar el poder en las elecciones de 2019, de acuerdo con las explicaciones de Eugenio Chicas, portavoz presidencial.
En tanto, los sectores empresariales responsabilizan al Gobierno por el impago y persisten en mantener el sistema privado de pensiones frente a los intentos de la administración de Sánchez Cerén de crear un sistema estatal, o mixto, en beneficio de los trabajadores.
«Mi Gobierno no permitirá que la Sala de lo Constitucional ni nadie deje a los jubilados sin su pensión. Llamo al pueblo salvadoreño a estar atento y a respaldar al Gobierno en las medidas que tomaré como presidente para asegurar el pago de las pensiones y seguir construyendo un país productivo, educado y seguro», expresó el jefe de Estado en la noche del miércoles.
Por su parte, el economista de izquierda Salvador Arias propone al gobierno la desdolarización del país (que data de 2001), que se lance un fuerte ataque a los evasores, así como buscar otras fuentes de financiamiento como Rusia, China, Irán y Venezuela, para dejar de depender del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM).
Analistas locales prevén que este último conato de confrontación entre los órganos ejecutivo y judicial creará una mayor polarización política en un momento preelectoral, dado que los comicios para diputados y alcaldes serán en marzo de 2018 y las presidenciales en marzo de 2019.
