SAN JUAN, Puerto Rico
Agencia/AP
Un grupo de tenedores de bonos emitidos por el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (BGF) presentó una demanda contra aspectos de la ley de moratoria que según funcionarios locales es crucial para preservar los servicios esenciales en la isla, cuya deuda asciende a casi 70 mil millones de dólares.
El gobernador, el secretario del Tesoro y un síndico bancario no identificado de Puerto Rico aparecen en la demanda federal enmendada que los inconformes presentaron el viernes en la noche ante una corte federal de distrito en San Juan.
En la demanda se afirma que las enmiendas a la ley dan preferencia a ciertos acreedores a costillas de otros en violación de las leyes de Puerto Rico y Estados Unidos.
El gobernador, Alejandro García Padilla, dijo que la demanda contra la Ley de Recuperación Financiera y Moratoria de la Deuda podría afectar la capacidad del territorio para tener policías en las calles, maestros en las aulas y enfermeras en los hospitales. Señaló que como el Congreso de Estados Unidos excluyó a Puerto Rico del código de bancarrota en 1984 sin ninguna explicación y las cortes federales han impedido intentos previos de crear una ley local de bancarrota, la nueva ley es su única opción para reestructurar su deuda.
«Si la mancomunidad no puede proceder con su intención de reestructurar la deuda de una manera organizada, habrá un litigio caótico y las cortes pueden tomar el control de los limitados recursos del gobierno y ponerlos a disposición de los intereses de los fondos de Wall Street», dijo el gobernador el sábado en un comunicado. «No vamos a cerrar el gobierno para pagar un beneficio considerable a los fondos de cobertura, que compraron los bonos con un gran descuento después de que comenzara la crisis».
El Grupo Ad Hoc de demandantes está conformado por cinco fondos de inversión que poseen 900 millones de dólares de la deuda restante por casi 4.000 millones de dólares del BGF.
El 1 de mayo, el BGF incurrió en el impago de una deuda derivada de bonos por 423 millones de dólares, sin embargo, también anunció un acuerdo provisional de reestructuración en el que se ofreció al grupo una tasa de recuperación de aproximadamente 50 centavos por dólar.
Los tenedores de bonos dijeron en un comunicado que a pesar de las acciones ilegales de Puerto Rico, los miembros del Grupo Ad Hoc entienden que la isla afronta desafíos considerables y desean continuar trabajando con el BGF, como lo han hecho por poco más de un año, para lograr una reestructuración justa, equitativa y mutuamente beneficiosa.
Otros acreedores también han impugnado judicialmente la orden ejecutiva que emitió este año el gobernador Alejandro García Padilla para «adjudicarse» ingresos que respaldarían distintos bonos y canalizar los recursos al mantenimiento de servicios esenciales y el pago de otras deudas del gobierno.
Este mes, la aseguradora de bonos Ambac Assurance Corp. presentó una demanda en la que solicitó que se nombre a un síndico en la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico bajo el argumento de que el gobierno se apropiaba ilegalmente de recursos de esa corporación pública para cubrir otras deudas.
Las entidades gubernamentales de Puerto Rico tienen prohibido invocar la ley federal de bancarrota, y una ley local para esa situación fue desechada por cortes federales al considerarla inconstitucional.
